Descuido o desdén de César Camacho con el Ejército y la Marina en comisiones

Si la asignación de comisiones legislativas es un instrumento de definición de la agenda del poder, también representa un ejercicio de política. Pero la nueva Cámara de Diputados parece haber quedado atrapada en la impericia al alejar el reparto de comisiones de la agenda no sólo presidencial sino de las prioridades de la crisis de seguridad.

Por primera vez existe en la cámara una representación castrense de altísimo nivel: los exsubsecretarios de Defensa Nacional y de Marina, general Virgilio Méndez Bazán y almirante Carlos Federico Quinto Guillén, son diputados federales; sin embargo, las delicadas y prioritarias comisiones legislativas de defensa y marina podrían ser entregadas a legisladores sin experiencia ni capacidad para los delicados temas de la seguridad nacional.

En los primeros tres años del sexenio, el general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda ha insistido en la urgencia de legislar sobre el marco jurídico que permite la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad interior vinculada a la seguridad nacional.

Pero mientras más aumenta la crisis de seguridad pública por las acciones del crimen organizado transnacional y se percibe la creciente incompetencia de los cuerpos de seguridad nacional para enfrentar el desafío, la clase política legislativa no sólo retarda las reformas al marco jurídico de la seguridad del Estado mexicano sino que podría entregar las comisiones de seguridad a legisladores ajenos al pensamiento y la experiencia de seguridad nacional.

La agenda legislativa en materia de seguridad nacional tiene pendientes varias leyes desde la crisis de 2007: de seguridad nacional, de seguridad interior, de inteligencia, de espionaje, de seguridad pública que hoy opera como decreto, de doctrina de defensa nacional y la modernización de las fuerzas armadas.

El líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, el mexiquense César Camacho Quiroz, parece haber quedado atrapado en una red de intereses políticos que está convirtiendo a las comisiones de defensa, marina y seguridad pública en negociables con la oposición pero sin un sentido político o de Estado. Ello podría llevar no sólo a no aprovechar la experiencia y conocimiento de Estado de dos exsubsecretarios de Defensa Nacional y de Marina, sino a dejar

el mensaje de que esta legislatura tampoco atenderá el marco jurídico en materia de seguridad pública-seguridad interior-seguridad nacional.

Perder la oportunidad de aprovechar la experiencia de dos altos representantes de las fuerzas armadas sería descuidar el tema que se ha visto como el prioritario de la gestión presidencial. Pero al mismo tiempo sería un gesto de desdén de Camacho Quiroz hacia el Ejército y la Marina. Si no hay una reforma del marco jurídico de la seguridad nacional-interior-pública, la segunda parte del gobierno del presidente Peña Nieto tendrá problemas peores a los de Tlatlaya, Apatzingán e Iguala.

La integración de comisiones en las cámaras es una forma de definir la agenda de prioridades. México tiene muchísimo que avanzar en la comprensión de la seguridad interior-nacional-pública y el primer paso es legislativo, pero a condición de que los liderazgos partidistas en las dos cámaras entiendan que requieren de la participación de expertos a partir del criterio de que las fuerzas armadas defienden la integridad de la república y de sus ciudadanos a partir de su lealtad republicana y de Estado con las instituciones.