El banco central mantuvo el objetivo de las tasas interbancarias de interés en 3.25 por ciento, siguiendo así la misma decisión de la Reserva Federal de no mover sus propias tasas.
El anuncio de política monetaria del 4 de febrero está sustentado prácticamente en el mismo diagnóstico que se plasma desde hace muchos meses sobre el mal desempeño de la economía mundial, donde prevalece la inestabilidad en los mercados de dinero y de capitales, y el lento crecimiento productivo.
Está también en la misma línea de lo que se ha propuesto en los anteriores anuncios con respecto a las condiciones internas: baja inflación, holgura por el lado de la oferta, un entorno de aumento del gasto de consumo y un retraimiento de la inversión y de las exportaciones.
Esto genera un crecimiento tendencial reducido, pero con una sostenida presión sobre el valor del peso frente al dólar, aunque aún se conserve un nivel bajo de inflación general, que cerró 2015 en 2.13 por ciento, el nivel mínimo histórico desde que se mide el índice de precios al consumidor. En todo caso, el banco advierte que la volatilidad continuará y será más intensa.
Hay en este nuevo texto un elemento explícito que parece indicar una fisura en la visión homogénea que trata de mantener el gobierno sobre el curso de la economía. No se sabe lo profunda que sea y cuánto pueda marcar las políticas públicas; esta fisura se refiere explícitamente a las finanzas públicas. Lo que dice el banco central de modo abierto es que la precariedad de las condiciones monetarias y cambiarias en el país puede agravarse por un aumento del déficit fiscal y el énfasis lo pone en Pemex.
El comunicado del Banco de México insiste en la necesidad de mantener un marco macroeconómico sólido, aunque este asunto exige que se haga una evaluación de qué tanto se ha minado la solidez de la estabilidad que se pregona. Esto no se ofrece.
La estabilidad ya no es tal, las condiciones que la definen se han alterado y posponer las decisiones sólo hará más alto el costo. De manera que el núcleo del argumento de las autoridades monetarias y las bases de sus políticas y sus recomendaciones no pueden seguir siendo las mismas.
El planteamiento en esta ocasión dice que para mantener un marco macroeconómico sólido será necesario: Llevar a cabo los ajustes requeridos en las finanzas públicas, incluyendo a Pemex, para absorber el choque a los ingresos públicos que ha representado la caída y el deterioro de las perspectivas del precio del petróleo; modificar la postura de política monetaria al ritmo que sea pertinente, y continuar implementando adecuadamente las reformas estructurales, en particular en el sector de hidrocarburos.
Así, se admite de plano que el problema es mucho más grande que el que deja ver la retórica tan convencional del discurso del banco e, igualmente, el de Hacienda. Ya no hay espacio para
eufemismos. Si con los instrumentos propios el banco central tiene poco margen de acción, sea por las tasas de interés y por el tipo de cambio, en conjunto con un desborde del déficit fiscal provocará un entorno de mucha mayor fragilidad.
Que la atención se fije en Pemex es más que obligado. La reforma energética cambió el estatus de la petrolera al de Empresa Productiva del Estado (EPE). Conforme a la ley una EPE tiene: a. Un objetivo comercial e industrial para generar de valor económico; b. Operación, evaluación y vigilancia según sus objetivos económicos; c. Autonomía de gestión, financiera, presupuestal, de contratación y administrativa; d. Régimen especial en materia de empresas subsidiarias y filiales, remuneraciones, adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios, bienes, responsabilidades, dividendo estatal; presupuesto y deuda.
Pero el caso es que Pemex es hoy un empresa quebrada que produce menos, gana menos, no puede satisfacer sus obligaciones laborales y en lugar de cumplir con lo que exige la nueva ley ahora tiene un costo enorme para el erario.
El liderazgo de Pemex en el sector petrolero está extraviado. Su gobierno corporativo sigue siendo una especie de nebulosa en términos de transparencia y su dirección es más que gris. Es Hacienda la que maneja la política petrolera y a la misma empresa.
Uno de los aspectos principales de la reforma energética, constituir la EPE, no se ha cumplido y en cambio se tensan aún más a las finanzas públicas. Ni se ha fortalecido a Pemex, ni se ha cambiado la tendencia inercial del sector y tampoco se ha incrementado la capacidad y velocidad para explotar la riqueza petrolera del país, tal y como se asentaba la iniciativa de reforma.
La gestión del dinero, el crédito y de las finanzas públicas están en un atolladero. El peso se moverá en la medida en que el dólar se siga depreciando con las medidas de la Reserva Federal y que provocan una deflación por todo el mundo, sobre todo en Europa y Japón. En esos países los bancos centrales siguen aumentando la cantidad de dinero para tratar de evitar una nueva recesión, las tasas de interés tienden a ser negativas y los inversionistas buscan refugio aún en ese tipo de deuda pública. En cambio las acciones caen y se alienta de nueva cuenta una alteración en el precio de los activos y una ronda nueva de especulación.