México es un país que maneja de manera genial la legislación simbólica. Esto consiste en generar grandes leyes e instituciones que parecen vivir una ineficiencia planeada, y la falla parece ser intencional. Tenemos un buen ejemplo en el terreno de los Derechos Humanos (DH).
El cuerpo legal de los DH es avanzado y se enriquece constantemente, aunque las leyes no se cumplen, hasta parece que en ese terreno se cumple a cabalidad la máxima de que la ley se hizo para violarla, aunque por lo general el violador es el gobierno.
Ante la crítica a las violaciones sistemáticas de DH, se creó hace mucho tiempo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con su correspondiente en los Estados, que parecen haberse pensado para que su acción fuera marginal: Aparte de defender a algunos criminales que sufrieron el abuso de las policías, se han asegurado de mantener los silencios cómplices convenientes para el sistema.
El gran elefante blanco de la protección de Derechos Humanos consiste en que burócratas que llegan a las presidencias y visitadurías lo hacen como resultado de componendas políticas y actúan en base a consignas cofrádicas. No sorprende que la Comisión de Chihuahua trivializa la protección a los Derechos Humanos al dar cauce a la demanda de una persona que cometió el delito de plagio, o de estudiantes que demandaron por no cumplir con requisitos escolares. O que el presidente de la Comisión Nacional esté acusado de plagio.
Es sorprendente el silencio de la Comisión Estatal de Guerrero o Veracruz ante la desaparición de estudiantes, o la de Chihuahua frente a las violaciones de Derechos Humanos en manos del ejército y la policía federal.
Uno de los temas que ha estado en los titulares de los medios es la acción errática del gobierno federal ante instancias internacionales que atienden con mayor eficacia la violación sistemática de los derechos humanos en México. Es consistente el reporte del Departamento de Estado sobre violación de derechos humanos así como las alertas constantes para que sus ciudadanos se abstengan de visitar diversas zonas de México. El gobierno no permitió la entrada al país del relator contra la tortura de la ONU.
Después de muchos jaloneos el gobierno dio por terminada la gestión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, no sin antes agredir al secretario ejecutivo de la CIDH.
Está por verse si el INE y la FEPADE actúan frente a la denuncia que el PRI registró como miembros del partido a personas desaparecidas y asesinadas por el crimen autorizado, así como a gente que
están pidiendo asilo político, al tener que huir del crimen autorizado, este implica la asociación estrecha entre los criminales y el Estado.
Pero la realidad que es muy terca se empeña en corregir lo que dice el gobierno.