Atrapado entre zona de paso de Centro y Sudamérica de personas expulsadas por la crisis en situación de miseria y las deportaciones masivas de hispanos del gobierno de Barack Obama, la política migratoria de México se ha convertido en un espacio de despresurización social que ha evitado explosiones de violencia.
La migración como origen o trasiego de personas ha sido uno de los elementos de la crisis social del México sin posibilidades de desarrollo económico. Y entre lo poco que ha ido poniéndose en orden ha sido justamente la disminución sensible y rápida de la política migratoria no sólo como problema de aglomeración de personas sino como nido de corrupción que había llegado al nivel máximo en que agentes de migración formaban bandas para el tráfico de personas.
Forjado en el ambiente policiaco peor con formación académica en derecho, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado, acaba de informar al Senado del despido nada menos que de tres mil agentes de la dependencia involucrados en casos de corrupción. El número no es menor si se asume que en el 2013 el INM tenía, de acuerdo con un reporte de transparencia, 268 empleados de base y 3 mil 500 empleados adicionales.
La ausencia de una política migratoria integral ha facilitado el uso de México para el paso ilegal de indocumentados de Centro y Sudamérica, donde la crisis extrema sigue expulsando a millones de personas. Lo grave fue cuando los propios funcionarios migratorios participaban en el tráfico. La migración es un asunto de seguridad pública por los que se quedan en México y se convierten en delincuentes, de seguridad nacional por el uso potencial de las rutas migratorias mexicanas hacia los EE.UU. por grupos terroristas y de derechos humanos por la explotación de la miseria en todo su transitar por la república.
Y en las deportaciones o regreso de mexicanos al país fueron durante mucho tiempo foco de explotación y corrupción. Ahí fue donde el comisionado Vargas Fosado metió más la mano dura porque los paisanos regresaban con la poca fortuna que ganaban y eran esquilmados nada menos que por funcionarios de migración. Las quejas de paisanos contra la corrupción cayeron 50%.
Como en pocas dependencias públicas, el consejo ciudadano del Instituto Nacional de Migración tiene una funcionalidad dinámica porque está formado por expertos en áreas de migración y derechos humanos y representan instituciones académicas de alta seriedad. Sin esa supervisión interna, las dependencias públicas como cotos de poder y también de corrupción.
El problema radica en que la profundización de las crisis económica y social en el sur del continente, la ausencia de filtros más estrictos en la frontera chiapaneca, la corrupción no reconocida en la política migratoria de los EE.UU., la existencia de una estrategia de explotación de migrantes por parte de los cárteles del crimen organizado y la defensa tibia de mexicanos en territorio estadunidense han multiplicado el flujo de migrantes.