¿Soldados de Dios o Soldados de México?

En estas últimas fechas se ha discutido sobre el balance de la guerra contra el narcotráfico que implementó el Presidente Felipe Calderón y sus consecuencias para el país durante estos años. Los resultados son desalentadores. No sólo se ha incrementado el poder de los grupos de la delincuencia organizada, también las instituciones del Estado Mexicano han llegado al límite de su operatividad. El Estado Fallido es la normalidad en los nuevos tiempos. Por tal razón, el Secretario de Defensa ha considerado pertinente lanzar una mirada despectiva sobre los derechos humanos y negociar el papel de las Fuerzas Armadas en función de disminuir las escasas garantías y recursos que posee la población de nuestro país. Denisse Dresser, la mejor politóloga del país, denomina esta circunstancia como un Golpe de Estado.

Tradicionalmente, el Ejército ha tenido un mínimo respeto por los derechos que la Constitución Mexicana dicta. Es verdad que la guerra ha sido complicada para las Fuerzas Armadas y que el narcoterrorismo alcanza niveles que, más bien, requieren la presencia de cascos azules y fuerzas internacionales. Empero, el Ministro de Defensa olvida que esta guerra obedece a causas estructurales y a la necesidad de políticas públicas que el gobierno del país ha dejado de cumplir hace varios sexenios.

La visión militar sobre el problema del narcotráfico en México soslaya varios elementos. Primero, es importante decir que el poder y la capacidad económica de los grupos delincuenciales obedecen a la demanda y negociación que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica realiza para regular el flujo de drogas que consume. En esta corrupción juega un papel preponderante la clase política mexicana. En segundo lugar, es necesario resaltar el hecho de que, el nivel de violencia que alcanza la sociedad en nuestro territorio, se corresponde con el nivel de pobreza. El narcotráfico y la delincuencia organizada son los empleadores más importantes frente a una situación de marginalidad y escasez de la que son directamente responsables los representantes políticos de todos los partidos. Finalmente, debe señalarse la añeja costumbre latinoamericana que tienen los aparatos de seguridad y castrense de violentar los derechos humanos.

La gravidez de las afirmaciones que se realizan desde la SEDENA, así como del beneplácito de la clase político-empresarial con las mismas, es que se quiere revivir la Guerra Sucia de los años 60 y 70 del siglo pasado. Con tal decisión se desfonda, por completo, la escasa institucionalidad de la democracia mexicana y se consolida la visión de Estado Fallido que los sectores conservadores quieren. Los argumentos del General Salvador Cienfuegos guardan un paralelismo con las ideas de Gustavo Díaz Ordaz, Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Nazar Haro: el uso de la violencia extrema para salvar al país de un enemigo imaginario. Por cierto, estas son las ideas preferidas de la ultraderecha mexicana para justificar todo tipo de barbarie que salve sus señoríos.

El Ministerio de Defensa pierde de vista la visión geopolítica que en estos momentos afecta a la patria. México está al borde de un conflicto grave con los Estados Unidos de Norteamérica. Si el general recuerda algunos datos históricos: la pérdida de Tejas, la invasión de 1847, 1914 y 1916 –entre otros-, debería comprender que, frente a Donald Trump, las fuerzas armadas deberían estar reclutando soldados y preparando las estructuras para soportar una situación delicada.

Si se quiere disminuir el nivel de violencia provocado por el narcotráfico y la delincuencia organizada, lo necesario es legalizar los estupefacientes, su trasiego y exigir el cumplimiento de las políticas sociales para disminuir la pobreza así como la corrupción enorme del aparato público. ¿Qué razón es más significativa en la situación que provoca la muerte de los soldados: el narcotráfico o la corrupción de una oligarquía político-empresarial dispuesta a hipotecar todo en el país con tal de continuar con el negocio de los moches?

La ultraderecha mexicana piensa que, como en 1941, el gobierno de los Estados Unidos permitirá una alianza fascista para el desarrollo del capitalismo y la destrucción de los movimientos sociales. Falso. No hay ninguna tendencia que marque la necesidad de crear Federaciones Anticomunistas ni Brigadas Blancas. La Guerra Sucia no se implementaría contra los grupos del narcotráfico –al fin y al cabo dirigidos por la clase política mexicana y estadounidense- sino como medida de control sobre los movimientos sociales, universitarios, indígenas, obreros, campesinos, mujeres y alternativos.

La Guerra Sucia sirve para negar las atrocidades en nombre del orden. Cualquier orden. El nazismo, comunismo, franquismo, pinochetismo, etc., emplearon la guerra sucia para ensalzar su orden. Así la ultraderecha mexicana niega el 2 de octubre de 1968, las matanzas de guerrilleros y campesinos a lo largo del país. ¿Y todo para qué?, ¿Acaso olvida el Ministerio de Defensa el oscuro vínculo de los aparatos de seguridad política con el trasiego de drogas y contrabando precisamente en aquellos años? ¿Qué no fue la ultraderecha la más beneficiada de este escenario? Una vez destruido el país, se le entrega a Norteamérica para que recomponga las cosas. Como hizo Francisco Franco ante Eisenhower. Conceder el territorio para que Estados Unidos ejecute a placer sus juegos de Guerra, por ejemplo, la Iniciativa Mérida.

Sin embargo, el escenario ha cambiado. La ultraderecha mexicana no entiende que no entiende. Ni hay, ni hubo orden mundial. Sólo en su negacionismo histórico se imaginan constructores de una globalización capitalista liberal democrática. La Santa Sede es más responsable del calentamiento global que de la desarticulación del comunismo. Lo que hay es un caos profundo provocado por la aceleración de una modernidad sin sentido.

Estados Unidos, como representante de la cultura occidental, se encuentra en un momento de incoherencia y pérdida de sentido. Por eso pueden reaccionar de cualquier modo. Por eso es importante retirarse. Las decisiones ariosóficas que guían a Donald Trump serán mortales para el porvenir.

El Ejército Mexicano debe quitarse el fardo que representan los intereses partidistas para, verdaderamente, salvaguardar la soberanía nacional. La exigencia debe ser depurar los ministerios públicos, policías, jueces y cárceles. La corrupta ambición de la clase política empresarial es la que ha permitido la muerte de miles de mexicanos con uniforme y sin uniforme. El país necesita un sistema penal auténtico y no uno que someta los delitos a la oferta y la demanda.

En pocas ocasiones han coincidido en México el espíritu castrense y popular. Sólo en el cardenismo las milicias se pusieron al lado del pueblo. Si las Fuerzas Armadas comprenden el momento histórico que vive el mundo serán capaces de apostar por la democratización de nuestro país. Por el contrario, convocar el fantasma de la Guerra Sucia es como obedecer a Santa Anna en San Jacinto.

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