El callejón venezolano visto desde la orilla izquierda.

Hace ya mucho tiempo que no nos llega una noticia razonablemente positiva de Venezuela. Vivimos una coyuntura en la que destaca la mezcla de impericia, dogmatismo y corrupción del gobierno de Nicolás Maduro, unida a la incapacidad de la oposición para encontrar la forma de revertir una polarización política interna que va de mal en peor desde hace años, especialmente desde que murió el líder carismático de los bolivarianos, Hugo Chávez.

Se han cumplido ya cuatro años sin él, un hombre que reunía las características propias de los grandes caudillos latinoamericanos, que concitaba devociones y odios igualmente intensos. El militar consiguió que millones de los venezolanos excluidos del sistema político tradicional venezolano le eligieran como presidente de la República en 1998. El férreo bipartidismo de AD y COPEI resultante del llamado Pacto de Punto Fijo de 1958, un compromiso que estabilizó el precario sistema democrático venezolano durante cuarenta años, se había concebido como acuerdo previo a las elecciones convocadas tras el derrocamiento del militar Marcos Pérez Jiménez, quien moriría después en la España de Franco como amigo del régimen.

El gran mérito de Hugo Chávez fue incorporar a la política democrática de su país a tantos como habían sido ciudadanos excluidos por un sistema que había funcionado durante cuatro décadas dándoles la espalda, y dejándoles al margen de los beneficios de la renta petrolera generada por la comercialización de la inmensa cantidad de crudo que el país acumula. El nuevo y aclamado presidente adoptó una política social que mejoró de manera extraordinaria los indicadores de sanidad, educación, vivienda y alimentación de los sectores populares, y lo hizo redistribuyendo la renta generada por una cotización extraordinariamente elevada de los precios del crudo. Chávez, además, fue generoso con sus amigos y aliados externos y, de la misma manera que subsidió todo lo que pudo en Venezuela, colaboró con los gobiernos latinoamericanos que sintonizaron con su sueño bolivariano. Él puso petróleo, los cubanos pusieron doctrina, y el sueño de la Patria Grande volvió a renacer, una vez más.

Hasta 2007, las cosas parecieron funcionar bien, y el nuevo régimen consiguió superar un golpe de Estado de matriz oligárquica gracias al enorme prestigio popular de Chávez. Después, la economía empezó a dar síntomas de fatiga como resultado de decisiones que obedecían más a apriorismos ideológicos que a una estrategia que tuviera en cuenta los previsibles vaivenes de los precios internacionales del petróleo. La inflación y la escasez aparecieron casi de súbito, junto con la corrupción y con una criminalidad desbocada, y la polarización entre partidarios y detractores del régimen bolivariano se acentuó.

La muerte del gran líder y su sustitución por Nicolás Maduro, un hombre incapaz de mantener con vigor el chavismo sin Chávez, abrió la época en la que ahora se encuentra el país. En las elecciones de 2013, Maduro obtuvo el 50.61 por ciento de los votos, mientras que el líder de la oposición antibolivariana, Henrique Capriles, alcanzó el 49.1 por ciento. Lejos de atender al resultado, que evidenciaba la polarización del país, el nuevo mandatario decidió dar la espalda a la realidad y emprender una huida hacia adelante, con la ayuda y la asesoría, y bajo la tutela efectiva, de los cubanos.

Las elecciones legislativas de 2015 dieron como resultado una holgada victoria a la oposición, y Venezuela se encontró con un Legislativo enfrentado al Ejecutivo, y viceversa, y con un Judicial fortísimamente mediatizado por el gobierno de Maduro. Ha sido ese poder judicial el que hace unos días decidió expropiar a la Asamblea Nacional de su capacidad legislativa y adjudicársela a sí mismo. Pocas horas después, tras el enorme revuelo interno e internacional provocado por una noticia de tales dimensiones, y en particular tras la censura de la Fiscal General, tanto el Consejo de Defensa como el propio Maduro pidieron al Tribunal Supremo que “revisara su decisión”. Lo hizo y se le han devuelto al Parlamento sus funciones y prerrogativas. Mientras tanto los jueces se desdecían, y el Gobierno explicaba que “se había resuelto la controversia”, la oposición había llegado a apelar a los militares para que pusieran freno a la decisión expropiatoria de los jueces [¿cómo?].

Todo ello configura un escenario en el que parece difícil que los indicadores pueden empeorar todavía más. Pero cabe temer que en el tiempo próximo todavía veremos cómo eso ocurre. La Ley de Murphi [“Si algo puede salir mal, probablemente saldrá mal”] es inexorable y tal parece que el callejón venezolano no tiene salida a la vista.

La derecha internacional, y particularmente la española, se frota las manos porqué el drama venezolano confirma sus aprensiones ante cualquier intento de desarrollar políticas sociales radicales y porqué, además, así puede seguir acusando a Podemos y sus aliados de connivencia con el régimen bolivariano. Mientras tanto, la izquierda –que ha guardado un lamentable silencio ante la deriva tan autoritaria como incompetente del régimen venezolano- no sabe exactamente a qué carta quedarse.

El PSOE habla por boca de Felipe González, absorto como está en su batalla interna en la que lo único que interesa a su Gestora es cómo neutralizar a Sánchez, y el señor Felipe hace ya mucho que quedó en evidencia cuando dijo que Chávez y su régimen eran peores que Pinochet y su dictadura asesina. Distinguidas voces de la izquierda fetén [por la que parece que no pasan los años y sigue anclada en las certezas de siempre, inasequible al desaliento], han dicho la suya. He leído sendos artículos de Juan Carlos Monedero y de Alberto Garzón. Lejos de mi intención analizarlos en profundidad, pero alguna cosa se puede decir sobre ellos. Los dos reconocen, con distinta contundencia, que lo del Tribunal Supremo fue infumable, pero persisten en la letanía tradicional de los gobiernos populares, la oligarquía, el imperialismo y demás. Monedero llama al diálogo interno en Venezuela y habla de los “malos españoles” [los del PP y algún socialista] que lo dificultan; mientras que Garzón se dice dispuesto a las críticas al “proceso revolucionario”, pero solo acepta las que se hagan desde la izquierda, es decir, “desde la lealtad a la revolución y con objeto de consolidarla y no derrumbarla”.

Ni una objeción a la evolución, a la degradación del proceso venezolano. Nada que decir de la triste deriva de un régimen que en su primera época mejoró sustancialmente las condiciones de vida y trabajo de miles de venezolanos excluidos del reparto de la riqueza petrolera durante décadas, pero que hace ya demasiado tiempo que entró en un callejón que no parece tener salida alguna. Y con ese sectarismo tan miope, la verdad, poco se puede esperar. Así, me temo, será imposible encontrar siquiera sea un ventanuco por el que salir del atolladero.