Existe una vieja anécdota que data de la época de Porfirio Díaz, que le concedió a su compadre una Alcaldía, y una vez se acercó el compadre a Don Porfirio para quejarse de que en la Alcaldía había puras responsabilidades y no había una adecuada compensación, y dice la historia, que el Dictador, ante el reclamo, le contestó a su compadre, “pues haga obras compadre, haga obras”.
En efecto, el gran problema que tenemos de corrupción en México, es un círculo perverso que se ha venido perfeccionando con el tiempo, en donde los políticos, para mantenerse en el poder, cada vez necesitan más dinero; y para ello, se han desarrollado a lo largo y ancho del país, múltiples empresas que ofrecen hacer toda clase de obras, pero ya no como simples contratistas del gobierno, sino como asociaciones público/privadas, o como concesionarios.
En el primer caso, ofrecen poner grandes cantidades de capital, a fin de realizar grandes obras, que les son retribuidas mediante pagos millonarios de manera mensual, pero por largos plazos, que normalmente trascienden los términos que duran las administraciones públicas, direccionando las obras a lugares en donde, con la información privilegiada que los políticos obtienen, se hacen consorcios inmobiliarios que son beneficiados por la obra pública realizada.
Claro está, estos contratos se conceden con el consabido moche a largo plazo, con enganches y demás particularidades, para beneficiar a los gobernantes que otorgan los jugosos contratos para brincar a otros puestos, y recientemente, para relegirse.
En el segundo caso, se concesionan servicios públicos a largo plazo, con costos que rondan en los miles de millones de pesos, para que luego los servicios concesionados no se presten adecuadamente o quiebren las compañías concesionarias, después de haber sacado una buena tajada los gobernantes que otorgan la concesión durante el desempeño de la misma.
Estas empresas y operaciones han llegado a un grado de sofisticación inusitada, en donde se ofrecen “soluciones“ de alta tecnología, con una serie de supuestos controles para apantallar a quien sea. Por ejemplo, en proyectos de alumbrado público, utilizan un discurso pseudoecológico que pretende que sustituir las luminarias actuales por nuevas, de tecnología LED va a salvar el planeta, ahorrando toneladas de CO2 y millones de KWH de energía, lo cual permite que “no se gaste nada”, etc.
Es irresponsable hacer concesiones de más de 10 años, porque la tecnológica se hace obsoleta, generándose quebrantos fenomenales al erario público.
En México nos encontramos inmersos en la conformación de un Sistema Nacional Anticorrupción (“SNA”), que aún no se termina. Dicho sistema tiene mecanismos que una vez homologados a nivel local, permitirán prevenir y evitar estos actos de corrupción.
Uno de los componentes esenciales del SNA, es la participación ciudadana que supervisa el desempeño del propio sistema en sus diversos niveles. Esperemos que el mismo quede terminado en los plazos que establece nuestra constitución, que es para este verano.
Mientras tanto, debemos de estar alerta a situaciones que debemos de identificar, por ejemplo: cuando tenemos compromisos que trascienden los términos de las administraciones, que son por montos sumamente grandes, que se hacen procesos licitatorios a modo, en donde una sola compañía los puede cumplir o muy pocas, que se realizan los procesos de autorización, con poca información compartida, con mínima participación ciudadana y con prisas inusitadas, nos podemos encontrar con estos esquemas fraudulentos, que provocan compromisos para las instituciones multianuales, con poca transparencia en su manejo y con riesgos enormes de incumplimiento.
Así tenemos casos de proyectos de pavimentación, de alumbrado público, de carreteras de cuota, de plantas de tratamiento de agua, de recolección de basura, que debemos revisar a profundidad con grandes niveles de transparencia y participación ciudadana, a través de auditorías sociales y auténticas revisiones técnicas por partes verdaderamente independientes.
Ahora tenemos en México, candados para evitar estos abusos, como las autorizaciones de los Congresos Locales, pero debemos de tener aun así mucho cuidado de las grandes redes de complicidades que existen entre políticos (personas con puesto público) y ciudadanos privados, en que incurran en colusiones para hacer que los primeros permanezcan en el poder, y los segundos, asociados con los primeros, usen las necesidades de la comunidad para hacer negocio y darle la vuelta al círculo de la corrupción.
Por todo esto, debemos estar muy atentos a no dejar que estos mega proyectos se utilicen como vehículo de corrupción, por lo que es indispensable que los ciudadanos organizados no bajen la guardia y utilicen los mecanismos de presión que dan las redes sociales, los medios modernos de comunicación y las instituciones que se están creando bajo el SNA.
Lo peor que nos puede pasar es que los ciudadanos se decepcionen y se den por vencidos, dejándole el camino libre a los corruptos para entrar y generar este círculo perverso.