Última Instancia
Es verdaderamente de preocupación como se llevaron a cabo las pasadas elecciones en los Estados de México y Coahuila. Sinceramente creo que la democracia en México ha sufrido una fuerte regresión, y el sistema nacional electoral, que recientemente se ha configurado, no dio el resultado deseado.
Primeramente, en el Estado de México, no fue posible parar el uso descarado de recursos y programas públicos que se volcó por parte del gobierno federal para apoyar al candidato de PRI, por cierto, pariente del Presidente Peña Nieto.
Por el otro lado, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (“INE”), realizó un convenio de colaboración electoral con el Instituto Electoral de Coahuila (“IEC”), mediante el cual el INE desarrollaría las actividades de la jornada electoral, hasta la entrega de los paquetes electorales que contienen las boletas utilizadas en la elección, así como las actas de la misma, incluyendo las de escrutinio y cómputo de cada una de las casillas, una grandísima parte de los paquetes llegaron abiertos y se les negó a una inmensa cantidad de representantes de casilla la entrega de las actas de escrutinio y cómputo.
En el Estado de México hubo muchísimas inconsistencias entre lo que llegó a los Comités Electorales anotado en actas y el resultado que dieron las casillas que fueron recontadas.
En Coahuila se detuvo el conteo del PREP, que es el resultado preliminar de sumar lo que arrojan las actas de escrutinio y cómputo que llegan a los Comités Electorales, faltando el 28% de las casillas de computarse y dándose un gran brinco en favor del candidato del PRI.
Con todo esto, la oposición solicitó al INE que atrajera el cómputo final de las votaciones (este es un procedimiento mediante el cual se recuentan las casillas cuyos paquetes llegaron abiertos o alterados, las que muestran un resultado entre el primero y segundo lugar, del 1% o menos, las que tienen votos nulos en una cantidad mayor a la diferencia existente en el primero y segundo lugares, y otras causas), el INE se negó rotundamente a hacerlo, a pesar de que imperaron circunstancia de sobra que lo ameritaba.
Además, en Coahuila los Consejos Distritales se negaron a asentar en sus actas de cómputo distrital, el número de los paquetes que llegaron abiertos o con muestras de alteración.
En el Estado de México se negaron sistemáticamente a abrir paquetes, al darse los extremos que marca la ley para hacerlo.
El sistema nacional electoral, precisamente, fue diseñado para evitar este tipo de cosas que se dan en los órganos públicos electorales locales, debido a la presión a que están sujetos por los gobernadores de las entidades; pero la negativa del INE le vino dar al traste a esta salvaguarda.
Obviamente, con todas estas irregularidades el PRI “gana” ambas elecciones a gobernador, con situaciones extrañas, como la que se dio en Coahuila en donde el PRI pierde la mayoría que tenía en el Congreso del Estado.
Lo que más me preocupa de todo esto, es el desempeño de las autoridades electorales, tanto locales como el del propio INE, ante el advenimiento de las elecciones de 2018, en donde se renovarán los poderes federales y de gran parte de los estados y de la Ciudad de México.
Si hacen esto, ante la amenaza de perder el Estado de México, que es el bastión que el PRI ha mantenido principalmente como su guarida ante la pérdida del poder en el año 2000, y perder Coahuila, ante la mayor amenaza de que lleven a los caciques de los hermanos Moreira y a sus cómplices a manos de la justicia, ¿qué no harán en las elecciones del 2018?
Sinceramente, estoy convencido de que esta debe ser la mayor llamada de atención para México, de que el sistema electoral que tanto sacrificio, inclusive de vidas, trabajo y esfuerzo nos ha costado en construir, realmente se encuentra en jaque. No es un problema aislado acontecido en dos entidades federativas, es una fuerte llamada de atención a que las cosas pueden empeorar con una regresión democrática de tamaños fenomenales, no un invento como el que AMLO se sacó de la manga en el 2006, ante una elección cerrada, sino una realidad probada con no nada más indicios, sino con datos duros y contundentes.
Es responsabilidad de todos los mexicanos, exigir la anulación de ambas elecciones, tanto las del Estado de México, como las de Coahuila, para que el orden institucional regrese a nuestro sistema electoral, y que se castigue a las autoridades y ciudadanos culpables de este artero ataque a nuestro sistema democrático.