Dos mil ciento setenta y un millones seiscientos cincuenta y siete mil trescientos quince dólares co

Diario de un reportero

Parece cosa de cuento. En la zona medio olvidada en que la Sierra Madre Oriental se acerca al mar, entre Actopan y Alto Lucero y Vega de Alatorre, hay oro y plata. Y se está cavando una mina que se llama Caballo Blanco. En otras partes de esa geografía de cincuenta mil hectáreas se perforan hoyos de dos kilómetros de profundidad para ver si hay más metales preciosos y dónde.

Pero la minería hace cosas que no tienen remedio. Para extraer los minerales hay que destruir el suelo que los protege, y para eso se usa dinamita o maquinaria, o las dos cosas. Para procesar y limpiar lo que se extraiga se usan substancias como mercurio, cianuro y tiosulfatos, vainas tóxicas que se absorben en la tierra o se filtran en los mantos freáticos, o van a dar a la mar...

La inconformidad de propios y extraños logró hace algún tiempo que las autoridades federales detuvieran el proyecto, aunque – según documentos de la corporación que compró los derechos de la mina Caballo Blanco – la cosa está ya muy avanzada.

Un cálculo a vuelo de Google nos lleva a sumas sorprendentes: si uno estima que – como aseguran algunas organizaciones ecologistas – de la mina se podrían extraer unas cien mil onzas de oro por año, y que si ese oro es de una calidad digamos baja (dieciocho kilates una vez que se le hizo todo lo que se le tenía que hacer a la pepita), la mina podría producir unos dos mil ciento setenta y un millones seiscientos cincuenta y siete mil trescientos quince dólares con cuarenta y nueve centavos. No digo más.

Es mucho dinero para los inversionistas y mucho daño para la naturaleza. Más, si uno toma en cuenta que los trabajos de exploración – que no se han suspendido – no requieren que se haga una evaluación del riesgo ambiental. Como dice el delegado de la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Antonio González Azuara, "pueden permanecer explorando todo el tiempo que deseen".

En el caso de Caballo Blanco, como en otros, el gobierno federal lleva mucho tiempo jugando a que una dependencia responsabiliza a otra cuando hay errores o escándalos, aunque la otra sea como ellos. Una oficina dice que otra oficina autorizó algo pero una oficina más autorizó esta cosa y suspendió aquesta, y todo se diluye en la bruma que produce la burocracia cuando funciona. Nadie sabe, nadie supo. No hay licenciado que pueda desentrañar esa madeja.

Según el documento que circuló en mayo del año pasado, cuando la corporación minera Candelaria compró el proyecto en unos dieciocho millones de dólares, la mina de Caballo Blanco se encuentra en una fase muy avanzada. Las tablas muestran el potencial: unas veintiocho o veintinueve toneladas de oro y quién sabe cuántas de plata y menos todavía cuántas de otros metales. No hay mención de inconformidad o preocupación de vecinos ni de organizaciones ecologistas.

(Donde está el oro viven las cícadas, plantas que han sobrevivido mil seiscientos millones de sexenios pero terminarán por extinguirse naturalmente dentro de algunos siglos, o pueden morir dentro de poco envenenadas por las sustancias tóxicas que más temprano que tarde terminan en el mar y en los ojos de agua.)

Hasta ahora, los gobiernos de Veracruz no tenían una postura concreta ante la posibilidad del daño ecológico. Fidel declaró que era un proyecto bueno siempre y cuando respetara la integridad ambiental, como si destruir cerros y verter venenos fuera otra cosa, y años después, el secretario duartista del Medio Ambiente celebró que se detuviera la obra.

Por eso es importante que Mariana Aguilar, secretaria de Medio Ambiente en este gobierno, haya reconocido públicamente que la minería y sus procesos generan graves daños a la naturaleza en general y a las personas en particular. Eso muestra que alguien está pensando en la gente y no en las inversiones o en la ganancia política.

La funcionaria reveló que hay un expediente gordo con informes de científicos, instituciones académicas y organismos civiles de México y de otras partes, y que el gobernador pronto dará a conocer su postura sobre el tema, aunque tendría que ser ella la que informara – con autoridad institucional y conocimiento directo e informado – a los veracruzanos. En fin.

Todo parece indicar que el gobernador pediría al gobierno federal que se hiciera una consulta pública, aunque el gobierno federal no está para consultas. Y el oro sigue ahí. A ver hasta cuándo.

Mussio

Aprovecho este espacio para expresar mi solidaridad con el periodista Mussio Cárdenas, quien recibió amenazas de muerte por un trabajo que lo ha convertido en referencia informativa sobre el sur del estado de Veracruz, una región muy peligrosa para ejercer el oficio de contar lo que pasa.

Cárdenas no es el primero ni será el último periodista a quien tratan de callar. Como siempre, ninguna autoridad ha podido descubrir a quienes amenazan a los periodistas ni ha logrado castigar a quienes los asesinan. Así no se puede. Ni se debe. Los periodistas, como el resto de los veracruzanos, tienen derecho a vivir sin sobresaltos.