El Consejo de ministros presidido por Mariano Rajoy ha puesto en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución para abortar –ha afirmado- la amenaza de secesión catalana. Contrariamente a lo que se anunciaba, lo que el Gobierno de Madrid ha propuesto al Senado es, como titula el Periódico de Catalunya, un hachazo al autogobierno de los catalanes. Efectivamente, Rajoy y su gobierno han optado por la versión más dura y traumática del lamentable artículo 155.
Es estupor, incredulidad, rabia y miedo lo que se puede encontrar en la prensa de hoy. Esther Vera habla en el diario Ara, con razón, de la España tenebrosa y de un nacionalismo español que sustenta el horrible la-maté-por-que-era-mía. Joan Coscubiela, por su parte, un hombre sensato y nada sospechoso de fanatismo secesionista, ha dicho que el Gobierno de Madrid ha decretado la suspensión del autogobierno, la intervención de la Generalitat y la vulneración de las libertades. Ahí es nada.
¿Quién podrá desmentirlo? Desde la tristeza y la impotencia que causa el desarrollo de los hechos de ayer, una reflexión de urgencia permite augurar que no estamos exclusivamente ante una operación contra el independentismo catalán, sino que más bien la actuación de Rajoy y los suyos -alerta, con el apoyo de Ciudadanos y de un PSOE a la deriva-, anuncia una política de recentralización autoritaria para España, un deseo de erradicar cualquier expresión política de la tozuda realidad plurinacional de este Estado.
Rajoy se ha asegurado el apoyo del PSOE de Pedro Sánchez, quien está perdiendo a chorros el capital político acumulado con las primarias, hasta el punto que muchos nos preguntamos qué más hubiera hecho Susana Díaz si ella hubiera vencido. Con el entusiasmado españolismo de Ciudadanos, con Albert Rivera exigiendo a Rajoy –como Aznar- mano dura con los separatistas, Sánchez se ha puesto en primera posición de saludo a la espera de lo que decrete el Gobierno. Decían [Ábalos, Calvo] que ellos eran garantes de que sería un 155 casi superficial, indoloro. Que Santa Lucía les conserve la vista y la capacidad prospectiva. O Rajoy los engañó como a chinos de chiste, o ha habido una revuelta palaciega en Ferraz, una vez más.
El PSOE de Pedro Sánchez amenaza ruina en Cataluña, tanto más porque a Iceta no le dan respiro en Ferraz, y la deriva de la casa central de Madrid deja al PSC a los pies de los caballos. Alcaldes del partido catalán le han pedido a Iceta que se desmarque. La dimisión de Nuria Parlón de la ejecutiva de Sánchez es una expresión nítida de la desconexión socialista desde Cataluña. El PSOE no tiene discurso propio sobre la crisis catalana para España, se ata de pies y manos al llamado bloque constitucionalista, e impone que el PSC tampoco lo tenga para Cataluña.
Más allá de la gravedad de la coyuntura que vivimos, ¿cuál es la estrategia socialista? ¿Se cree verdaderamente en el PSOE de Ferraz que pueden ser partido de gobierno en España siendo irrelevantes en Cataluña? Eso lo puede conseguir el PP, pero para el PSOE sería un objetivo inalcanzable. Peor, imposible. Nota al margen: ¿entiende el PSOE que al sumarse a ese bloque llamado constitucionalista, automáticamente, sitúa al margen de la Constitución a todos aquellos ciudadanos –ex votantes o potenciales votantes suyos- que no participan de la deriva tan torpe como inaceptablemente autoritaria desarrollada por Rajoy? Esto tendrá consecuencias muy negativas en diversos planos de la realidad política española, y los socialistas pueden pagarlo muy caro. Pero no solo ellos, toda la izquierda hispana.
Rivera ha rebasado a Rajoy por su derecha, hasta el punto que en futuras elecciones el voto netamente españolista, el políticamente más primario, se lo disputarán entre ellos, por lo que al PSOE –en materia patriotera- no le quedará más que el voto de sus adictos incorruptos. Un balance que no solo puede diezmarlo, sino que puede afianzar en el poder durante muchos años a la derecha más reaccionaria y castiza.
Puigdemont, por su parte, debiera reconsiderar su posición, pero hay que reconocer que lo tiene muy difícil. Ahora bien, no son pocos los que creen qué está obligado a hacerlo. El ataque a las instituciones catalanas decretado por Rajoy, previo trámite en el Senado, refuerza al bloque soberanista pero no está escrito que esa cohesión pueda mantenerse por un tiempo largo. Es fácil encontrar hoy en día testimonios de economistas independentistas que afirman haber evaluado mal los riesgos de una independencia no acordada con el Estado. ¿Es posible que se hayan diseñado escenarios económicos y financieros dando por hecho que Madrid iba a decir amén a las exigencias del bloque soberanista? ¿Es posible que desde el puente de mando del independentismo no se hubiera contemplado, ni siquiera como hipótesis de trabajo, un escenario tan terrible como el que ayer nos anunciaron? ¿Se puede seguir ignorando el cierre de filas, más o menos entusiasta de las grandes potencias internacionales con Rajoy?
Enric Juliana sostenía antes del golpe durísimo de ayer que el único horizonte posible, la única solución democrática era ir a elecciones. Y se preguntaba si Puigdemont se dejaría arrebatar una de las grandes prerrogativas de su cargo, o dejaría que se las convocaran desde Madrid. Concluía su análisis apuntando que en los días que quedan para que el Senado dé luz verde al 155 todavía se podría salvar la situación si desde la Plaça de Sant Jaume se decidiera convocar a las urnas a los catalanes. Ahora Puigdemont ya sabe que han decidirlo despojarlo de esa potestad. Es por ello que tanto desde La Vanguardia como desde El Periódico le piden, casi le ruegan, que sea él quien convoque elecciones, que sea él quien ponga las urnas.
Lo contrario, la aplicación de medidas extraordinarias de control y la humillación que ello implicará para las instituciones de gobierno de Cataluña, abren un escenario temible igual que imprevisible. Imposiciones de la autoridad externa, resistencia activa y pasiva en la calle y en los organismos públicos por parte de los funcionarios, actuaciones policiales, detenciones, registros, más protestas, inseguridad jurídica, efectos económicos indeseables, pésima imagen exterior tanto de Cataluña como de España, etc., etc., etc. Un desastre de magnitudes incalculables a día de hoy.
¿Resolvería el problema unas elecciones? No, resolver no resolverá un destrozo tan grande como el que tenemos, pero si permitiría conocer cuáles son los apoyos reales de cada una de las opciones a propósito de como redefinir las relaciones entre España y Cataluña en la situación a la que hemos llegado. Según la encuesta publicada por el Periódico de Catalunya, realizada tras el encarcelamiento de los líderes de la ANC y de Ómnium y los anuncios de lo que podría responder el Estado al secesionismo, dos de cada tres catalanes y la mitad de los independentistas rechazaban tanto la Declaración Unilateral de Independencia como la aplicación del artículo 155. Las elecciones, por tanto, convocadas por Puigdemont, serían lo único que ahora se podría hacer para evitar entrar en una fase que puede ser muy traumática y dolorosa para todos.