2018, corrupción, juzgados, Partido Popular.

Comienza el nuevo año y el humo procedente de todo lo que tiene que ver con Cataluña no podrá ocultar, no del todo al menos, la que se le avecina al Partido Popular, cada vez más empantanado en el fango de su corrupción sistémica. Si el PP fuera cualquier otro tipo de entidad social hace tiempo que se habría disuelto, y sus componentes ocultarían en su historia de vida el haber formado parte de tan ominosa cofradía.

Pero es un partido político, que son agrupaciones que parecen gozar de patente de corso para muchas cosas, demasiadas. Además, en la medida que esa organización política es la que recoge mayor número de votos y está sobre representada en escaños, lejos de avergonzarse y pedir perdón y clemencia a la ciudadanía, sus dirigentes –encabezados, ni más ni menos, por el señor M punto Rajoy- todavía sacan pecho e imparten lecciones de lo que es o no legal, de lo que cabe y lo que no cabe dentro del ordenamiento jurídico vigente, de lo que es simple circunstancia y lo que es categoría en el escenario político de las Españas.

Mientras todo lo que tiene que ver con la crisis de Estado relativa a Cataluña lo permita, la corrupción sistémica del Partido Popular quedará en un lamentable segundo plano. No obstante, a poco que el escenario catalán se aclare, cosa difícil pero no imposible, la opinión pública volverá a verse anegada por las noticias de la corrupción endémica del Partido Popular.

Madrid y Valencia, muy especialmente, van a vivir en 2018 un rosario de vértigo de juicios, imputaciones y sentencias que van a ser torpedos en la línea de flotación del partido de M punto Rajoy. Leer uno detrás de otro la ristra de casos que han de sustanciarse judicialmente durante el año que ahora se inicia, marea. Repasar la lista de altísimos dirigentes que han de pasar por el banquillo de los acusados o están en riesgo de ser imputados, enmudece a quien lo hace. En Madrid, los nombres de Ignacio González, Francisco Granados o Rodrigo Rato ya están sustanciándose, pero suenan los de otros posibles implicados como son Esperanza Aguirre o Alberto Ruiz Gallardón, por citar solo los más connotados. En Valencia, por su parte, Francisco Camps, Rafael Blasco, Vicente Rambla, Ricardo Costa, Sonia Castedo o Alfonso Grau son solo una parte de los dirigentes encausados. A ellos, además, podría sumarse Eduardo Zaplana, si bien en su caso por asuntos relacionados con Madrid.

Ya sabemos que desde el PP se robó [¿conjugamos solo en pasado?] a cuatro manos, que se repartieron contratos y granjerías a los amigos políticos del partido, y que se falsearon cuentas y auditorias que permitieron a éste concurrir dopado a cuanta campaña electoral se presentó. La contabilidad del partido que dirige M punto Rajoy ha sido turbia hasta el delito desde los albores de la organización, es decir desde los tiempos del inefable Manuel Fraga, y por ello todos sus tesoreros tienen cuentas abiertas con la Justicia.

Por pura higiene democrática tenemos que esperar que estos criminales de yate y buenos modales, educados todos ellos en piadosos colegios de élite, gente de vicios privados y virtudes públicas, paguen por sus delitos. Que paguen por las dos vías posibles: una, ante la Justicia, con las penas de cárcel que les correspondan; otra, con la pérdida definitiva del apoyo electoral que utilizan como exculpatorio de sus fechorías. Esperémoslo del 2018.