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¡Julio a la vista!

En buena medida vivimos en un entorno social y político de democracia de temporada. Esto ocurre especialmente a escala nacional cada seis años cuando debe renovarse la Presidencia de la República. Un nuevo Rodrigo de Triana exclamaría a voz en cuello: ¡Julio a la vista!

Es una democracia enfocada en la formalidad del voto y sin ser íntegra por completo, ciertamente, no es poca cosa. Pero es insuficiente.

En este periodo clave resurge con decisiva presencia pública el Instituto Nacional Electoral (INE) con su gran fuerza publicitaria. Exhibe los conflictos que tiene su naturaleza actual y su conformación institucional, aunadas a las que acarrean sus propias funciones.

Mientras más inadvertido pasara este órgano electoral más evidente sería su eficacia, menos recursos devoraría y menor energía social succionaría.

Su objetivo primordial aunque no explícitamente declarado es que la democracia que existe –distinta a la que se necesita– no sea noqueada por los mismos partidos políticos que lo gestionan; evitar que la falta de control promueva las marrullerías con la que suelen actuar y, finalmente, a un manojo de formas posibles de fraude. Promover la democracia es diferente de contener las trampas.

Son los partidos los que controlan esta democracia y hasta las mismas elecciones. Los ciudadanos participan como funcionarios u observadores. No es el órgano ciudadano que se había pensado en sus orígenes. No hay cabida para la nostalgia.

Los ciudadanos son los electores al final de la cadena alimenticia de la política; todo el acto práctico de elegir está circunscrito a la función del INE. Parece como un círculo vicioso.

El INE es una organismo público enorme, cuyo funcionamiento debería ser contrapuesto en un típico análisis de costo y beneficio, a partir del impacto en la conciencia, la práctica y el significado no sólo de las elecciones: la emisión del voto y su conteo cada tres o seis años, sino en la estructura y el sentido amplio de la ciudadanía que existe en este país.

Si su función es organizar elecciones lo más concurridas y limpias posibles, en cuanto al ejercicio de los votos y de su conteo limpio, entonces no debería necesitarse tan grande despliegue del aparato burocrático.

El hoy llamado INE cumple con un trabajo necesario, garantizar el voto como célula de las elecciones de funcionarios del Estado según marca la ley, es un sustento de la democracia entre muchos otros.

Pero en términos más amplios el sistema democrático no acaba de consolidarse como un elemento clave para crear un mayor espacio donde ejercer los derechos políticos de los ciudadanos.

Las instituciones son, por supuesto, muy relevantes. De lo que se trata es de la estructura del órgano electoral y la manera en que se expresa en la organización del poder político, de los partidos y sus presupuestos, lo que habría que llevar a la mesa para cuestionar y debatir los ritos político electorales que practicamos cada seis años.

Al final lo que los electores tenemos enfrente son a los candidatos que aparecen en la boleta cuando la tenemos a mano para cruzar nuestras preferencias. Este es un hecho. Detrás de él hay política, historia, sistema, vicios y una realidad que al estar en la casilla es ya inamovible.

Y entonces se condensan las interminables posturas de los contendientes y la confrontación con sus contrincantes. Igualmente ocurre con las manifestaciones públicas, además de los cónclaves que se hacen en privado, de quienes los apoyan o impugnan.

Los expertos hacen conjeturas sobre los candidatos, levantan encuestas, presentan sus opiniones, como pasa en muchas partes del mundo. Nada es impoluto y no debería ser motivo de sorpresa. Ahora, no hay que olvidarlo, este proceso está en la mira, por ejemplo, tras el fiasco de Facebook.

Como ciudadanos electores se nos ofrece la amplia experiencia administrativa de un candidato, asunto que sin duda importa, pero que no debe tomarse a prioricomo equivalente de la capacidad política para liderar al país.

Otro nos propone dar un ingreso básico a toda la población, a sabiendas de que eso no es posible financieramente, ni es el elemento requerido en un país en el que hay que abrir oportunidades y gestionar muchas necesidades insatisfechas.

Se nos plantea consultarnos sobre distintos asuntos de gran importancia pública. Pero los ciudadanos no tenemos obligación ni la capacidad necesaria para decidir sobre las particularidades de todas la cuestiones que enfrenta la nación. Gobernar es también guiar, esa es la responsabilidad. La clave es la forma en la que se hace.

En todo caso los problemas más ingentes del país no se confrontan de modo directo y con un programa expreso, cuyos resultados que en los próximos seis años sea comprobable: educación, salud, vivienda, empleo, ingresos, pensiones, vivienda, energía para sostener el desarrollo económico y mucho más.

En la política hay, se sabe bien, un gran componente emocional, es inevitable. Tal vez más en esta temporada electoral, según lo dicen las encuestas. Pero igualmente debe prevalecer un necesario pragmatismo. Empezando por lo que se dice a los electores a cambio de cada valioso voto.

Tomado de La Jornada

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