Crimen Autorizado en Salvador

El actual presidente del Salvador pactó con el MS13 y Barrio 18 para que le permitieran entrar a su territorio a hacer campaña presidencial, a cambio, las pandillas recibieron concesiones económicas y se creó una condición de impunidad que hace del Salvador el país con la mayor criminalidad en el mundo: alrededor de 10 asesinados diario.

El país caería bajo la categoría de Estado fallido debido a que el gobierno había perdido el control sobre porciones del territorio, sin embargo, este es un caso típico de Crimen Autorizado, dónde encontramos una colaboración intensa y declarada entre los factores de poder y los criminales. Los políticos reconocen la conveniencia de utilizar la “protección” de los criminales para poder entrar en sus reductos de poder o zonas controladas, y a cambio retribuyen de forma apropiada a los criminales, con lo cual, se amplían los espacios de colaboración y tolerancia entre ambos. Este tipo de colaboración termina criminalizando la política, y legitimando la violencia en contra de la sociedad.

Muchos Salvadoreños están huyendo de su país desde la sangrienta guerra civil, y porque han sido agredidos directamente, o porque ven que la agresión se acerca por parte de las pandillas que cada día son más poderosas. En El Salvador se legitimó la violencia criminal y se legitimó el miedo, logrando paralizar a la sociedad en contra de los abusos.

Se calcula que junto con Guatemala y Honduras, las solicitudes de asilo de Salvadoreños a Estados Unidos ha aumentado en 25% del año fiscal 2016 a 2017, mientras que la tasa de aprobación de solicitudes difícilmente supera el 5%.

No es nueva la política de rechazo de Estados Unidos a los que piden asilo. Rechazó a los judíos en los 1930s y los regresó a la muerte segura, igual hizo con los haitianos que huían de la dictadura brutal de Duvalier, actualmente repite la perversión con los solicitantes de asilo de El Salvador y otros países dónde el Crimen Autorizado hace de las suyas. La negación de solicitudes de mexicanos asciende casi al 98%.

El Procurador General de Justicia de Estados Unidos emitió una directriz para los juzgados de migración instruyéndolos para que consideren los casos de asilo derivados de violencia familiar o violencia pandilleril, como si fueran simplemente hechos de violencia. Con esto tira por tierra las opiniones de las cortes de apelación que han reconocido que si la violencia fue tolerada por el Estado (aquiescencia), o si los perpetradores estaban conferidos por alguna autoridad estatal, o si el Estado volteaba la mirada frente a los criminales, las víctimas eran susceptibles de asilo político. Considerar que la violencia doméstica y pandilleril son simples hechos criminales, excluye en la práctica a los dos grupos de víctimas que conforman el mayor número de solicitudes que hay en la actualidad.

El caso de un Salvadoreño actualmente en la corte es emblemático y desgarrador; fue agredido por el MS13 que lo amenazó de muerte, lleva 29 meses encarcelado por el servicio de migración de Estados Unidos mientras solicita asilo, sufrió el fraude de una mujer que se presentó como abogada sin serlo y no obstante varias victimizaciones, tanto en Salvador como en Estados Unidos, el gobierno estadounidense se niega a liberarlo, tal vez para presionarlo y que pida ser repatriado, lo que equivale a una condena a muerte.

Estados Unidos se niega a reconocer que ha cumplido un papel central en la inestabilidad de muchos países que expulsa población.

La política anti comunista propició inestabilidades estructurales que reforzaron a las instancias represivas que terminaron pactando con los criminales y que fortalecieron prácticas económicas que crearon una gran desigualdad económica, en este caldo de cultivo crecieron los grupos criminales, se apoderaron de mayores espacios y pactaron con fuerzas políticas, Colombia es un caso de libro de texto y Salvador se convierte en el ejemplo que hay que evitar en el mundo.

Es así que el maridaje entre criminales y fuerzas políticas y represivas, en el que Estados Unidos no es inocente, como ejemplo está la operación Irán-Contra, o los pactos con mafias y grupos criminales para lograr victorias políticas, impone un elevado sufrimiento sobre grandes conglomerados sociales y en muchos casos termina expulsando a la población.

Por si este cuadro no fuera suficiente, también se acompaña de fuertes actos de corrupción. Los Guatemaltecos han logrado encarcelar presidentes corruptos, la corrupción corroe la economía hondureña. Los salvadoreños están solicitando la extradición del ex presidente Funes, acusado de malversar 351 millones de dólares, este está asilado en Nicaragua, bajo el manto protector del neo dictador Daniel Ortega que está enfrentando la revuelta popular con sangre y fuego.

Mientras el sufrimiento social se eleva a condiciones que rebasan lo preocupante.