El oscuro horizonte judicial aleja una solución política a la crisis de Estado catalana.

Ha hecho un año que Oriol Junqueras y otros dirigentes del independentismo catalán están en prisión, mientras que Carles Puigdemont y otros continúan huidos en distintos países europeos. Un tiempo para los presos que no se puede considerar judicialmente razonable, sino todo lo contrario. No hay ninguna explicación convincente de por qué los líderes separatistas deben permanecer en prisión a la espera del juicio. La fiscalía del Estado pide 177 años de cárcel para ellos, amparándose en el delito de rebelión, argumentando contra toda evidencia que los acusados actuaron con violencia.

En los doce meses que han pasado, si miramos de cerca, parece que no ha ocurrido casi nada, en la medida que el enfrentamiento entre las posiciones políticas dominantes en Cataluña es explícito y ni los separatistas ni los unionistas son capaces de sentarse a hablar sobre cómo salir del callejón sin salida y de la parálisis. El partido ganador de las últimas elecciones catalanas, Ciudadanos, liderado por Inés Arrimadas, ha resultado de una insolvencia lamentable y ni ha hecho ni da la impresión de que vaya a hacer ningún movimiento por intentar la negociación con sus adversarios. La heterogénea mayoría parlamentaria que sustenta el gobierno de Quim Torra, por su lado, con gran esfuerzo no ha llegado a las manos. Salvo la unanimidad que suscita la existencia de presos, la desconfianza entre ellos es creciente y sólo pueden mantener la ficción de una unidad que ya nadie puede creer repitiendo las consignas más genéricas en cuanto a sus objetivos ideales.

Desde España, la mirada de proximidad nos dice que han pasado algunas cosas importantes, la principal de las cuales es la jubilación forzada de Mariano Rajoy, uno de los mayores responsables, si no el que más, de que el Procés haya causado los daños que todavía no sabemos evaluar del todo. Además, la llegada al poder de Pedro Sánchez, con sólo 84 diputados, ha puesto a los socialistas -por convicción democrática en unos casos y, también, por necesidad en otros- en una lógica distinta de la que sustentaba el sector más jacobino del partido hasta que Sánchez se hiciera con la secretaría general. En cuanto a la derecha nacionalista española, tanto Casado como Rivera, han continuado con su competición particular para aparecer ante el electorado como los más españolistas y, paralelamente, como los más justicieros en contra de los separatistas catalanes. Una competición que, cada vez más, está convirtiéndose en el eje único de su discurso político, tanto más cuando la extrema derecha de Vox los amenaza, envuelta en la bandera bicolor.

No obstante lo anterior, si tomamos un poco de distancia del objeto de estudio -la crisis de Estado en Cataluña-, es evidente que durante las cincuenta y dos semanas que Junqueras y otros llevan en prisión han ocurrido algunas cosas más que, hoy por hoy, es difícil saber qué incidencia tendrán a medio plazo.

Los cambios que observamos se han producido son más explícitos en Cataluña que en España, si dejamos de lado las últimas noticias judiciales. Mientras que el PP y Ciudadanos no tienen más objetivo que hacer caer el gobierno de Sánchez y castigar con la mayor dureza los secesionistas, el PSOE intenta mantener una cierta apertura en cuanto al abordaje del "problema catalán". Hay que decir que practica una posición de funámbulo que, además, realiza sus ejercicios de equilibrio mientras le disparan por arriba y por abajo; es decir desde Castilla y desde Cataluña. Si la derecha nacionalista no le da tregua a Sánchez, tampoco desde el independentismo se le ha dejado de hostigar día tras día con exigencias que, en buena medida -y lo saben los peticionarios perfectamente- no están en la mano de Sánchez.

Contrariamente, en el interior de Cataluña se ha producido un giro táctico y, ojalá fuera así, también estratégico en ERC. Ahora, los líderes de este partido afirman sin rubor que la correlación de fuerzas no permite proclamar unilateralmente la independencia y que hay que ensanchar la base del independentismo. También en el sector menos fundamentalista del separatismo, el que tiene serias dificultades para identificarse con la pareja Puigdemont/Torra, se admite con idéntica ausencia de rubor que lo que pasó en el Parlamento de Cataluña hace un poco más de un año no fue lo que dijeron que era y, además, que la gente [la gente independentista, hay que entender] ya sabía que la proclamación de la República Catalana no podía ser efectiva. La mirada candorosa de Toni Comín y la no tanto de Artur Mas mientras lo explicaban en el programa de Jordi Évole fueron bien expresivas. De los partidarios de la Crida per la República, pocos cambios: tienen un mandato del pueblo de Cataluña, etc., etc., y lo quieren todo y cuando antes, mejor.

La Fiscalía ha pedido 25 años de cárcel para Oriol Junqueras y unos pocos menos para el resto, argumentando que los hechos a juzgar fueron violentos. La Abogacía del Estado, a su vez, no aprecia violencia y rebaja la petición de penas que, en cualquier caso, son todavía muy elevadas. Mal pinta, pues, la situación en el ámbito judicial.

En una entrevista en la Cadena SER, el presidente del grupo parlamentario de ERC en el Parlamento de Cataluña, Sergi Sabrià, preguntado por la situación de los presos ha respondido: "Son absolutamente inocentes porque lo que hicimos es ejercer nuestro derecho a la autodeterminación que está reconocido internacionalmente y que nos es negado por el Estado".

Es evidente que las posiciones no pueden estar más alejadas. ERC, que es ahora la voz más realista en el lado independentista, pide la liberación de sus camaradas exigiendo la aplicación de un derecho que la ONU sólo reconoce en los territorios coloniales. El realismo que este partido ha demostrado últimamente no está en consonancia con la exigencia de la liberación total y definitiva de los presos con un argumento tan débil, tanto para la justicia española como para la europea. Respuestas de este tipo son de aquellas que desean los que no quieren que se llegue a ningún acuerdo para superar la crisis de Estado que tenemos en Cataluña.