Íñigo Urkullu: un testigo ejemplar que debería dar clases particulares.

Es una coincidencia que el día que murió Xabier Arzalluz, su sucesor actual en la cúpula del PNV, Íñigo Urkullu aparezca en los titulares de todos los medios de comunicación tras su intervención como testigo en el juicio que el Tribunal Supremo celebra contra la cúpula soberanista catalana.

Arzalluz fue un histórico nacionalista vasco que era azote de propios y extraños, amado y odiado con el mismo entusiasmo, con su aire de cura carlistón (jesuita era, en verdad), que no tenía pelos en la lengua y que la utilizaba con maestría de predicador consumado, utilizando un tono amenazador si convenía, u otro de moderación vaticana cuando la ocasión lo aconsejaba. Urkullu, en cambio, sin que pueda negar que lleva impreso a fuego el sello de PNV -ese que con modulación diferenciada hemos visto en otros lehendakaris como Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza o Juan José Ibarretxe-, es un hombre que está lejos de las agrias y periódicas estridencias de Arzalluz.

Elegido presidente del PNV en el 2007, en diciembre de 2012 se convirtió en el 7º lehendakari de la historia de la democracia, y desde entonces ha conseguido el respeto de la ciudadanía vasca y, también, de buena parte de la española. En estos años en los que abunda el histrionismo, la sobreactuación, la exhibición de testosterona, la desinhibición con la mentira y la apelación constante a las pasiones más primarias de la ciudadanía, un hombre calmado como Urkullu es rara avis.

Si alguien lo dudaba ha tenido la oportunidad de verlo durante su declaración ante el Tribunal Supremo. Habló con claridad meridiana de lo que pasó en aquellos días de vértigo; dio cuenta y razón de conversaciones, reuniones, duración de estas, fechas concretas, llamadas telefónicas y gestiones que tenían como objetivo impedir que pasara lo que desgraciadamente pasó: que Puigdemont y Rajoy sucumbieron a las presiones de los sectores más radicales de sus partidos y, lo que es peor aún, que no supieron neutralizar a los hooligans de ambos bandos que habían tomado las calles y los balcones y los habían llenado de consignas agresivas y banderas de exclusión.

En un juicio en el que casi todo el mundo -con honrosas excepciones- se afana en lavarse las manos como Pilatos, maquillando, escondiendo o mintiendo en sus testimonios, incluso aquellos que han jurado que no lo harán, la declaración del lehendakari fue un soplo de responsabilidad política de la buena, de la de verdad; un ejercicio encomiable de lo que debe ser la declaración de un testigo en un juicio tan cargado de polémica y tensiones como el que estamos viviendo estos días. Los acusados, quienes se juegan años de prisión, no están obligados a declarar en contra de sus intereses, pero los testigos sí están exigidos por la ley para que digan la verdad.

Es por eso que el contraste entre la declaración de Urkullu y las de Mariano Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría o Juan Ignacio Zoido, resultó brutal. Al sacudirse responsabilidades que fue la tónica de los dirigentes del PP, correspondió Urkullu asumiendo la que se deriva de su intervención como mediador entre las partes. Los dirigentes del gobierno del PP se refugiaron en la ignorancia y en el reparto de responsabilidades entre sus subordinados, además, claro está, de descargarlo todo sobre la malevolencia de los acusados. Dio vergüenza escuchar a Rajoy pasar de puntillas sobre la mediación de Urkullu, como dio grima el cinismo y el rictus de sonrisa de su vice presidenta, Sáez de Santamaría, o la insolvencia completa y absoluta de Zoido, incapaz de asumir ni un gramo de responsabilidad ante la brutalidad policial del 1 de octubre.

¿Medió o no Urkullu entre Rajoy y Puigdemont para detener el conflicto y reconducirlo al plano de la política institucional? Pues ha quedado claro que sí. Sin éxito, desgraciadamente, pero de la solvencia del testimonio de Íñigo Urkullu, de la claridad y la consistencia con la que explicó las reuniones y las conversaciones con el gobierno catalán y con el de Madrid, no es posible concluir otra cosa.

Ahora, Pablo Casado y Albert Rivera, que atacan con virulencia a Pedro Sánchez por haber intentado reconducir la situación catalana, niegan la evidencia. El gobierno de Rajoy también intentó negociar, por mucho que el actual líder del PP lo niegue de forma sobreactuada; o el de Ciudadanos -que reconociendo la mediación-, diga que él ni lo habría hecho, ni lo hará nunca. Está mintiendo y lo sabe.

Ahora sabemos, más allá de las declaraciones de los independentistas que se sientan en el banquillo que, como ha explicado Urkullu, Rajoy y Puigdemont querían rebajar la tensión, pero el furor en las calles -las de Cataluña y las de la España profunda- se impusieron a los responsables políticos. Ambos habían puesto demasiada carne en el asador, ambos habían dejado atrás la lógica parlamentaria, y habían hecho alarde de su capacidad para doblegar la voluntad del contrario. Cuando el Parlamento se abandona así ante la presión de la calle, mal vamos.

Que sorprendentes son a veces los cambios de los ciclos históricos. Durante los años de plomo, cuando el terrorismo de ETA mataba sin descanso y el miedo y las lágrimas eran moneda corriente en Euskadi, se hablaba en España del oasis político catalán. Las formas educadas, la negociación y los pactos eran los hábitos de la política catalana, y constituían la envidia del resto de España. Tan europea y civilizada parecía la realidad política de Cataluña que es imposible reconocerla ahora.

Sería necesario que los nacionalistas catalanes también encontraron algún tipo de PNV, algunos Urkullu, Ardanza, Ortúzar o Esteban; gente sensata, tan abertzale, tan patriota como la que más, pero también serena, respetuosa y con una clara y consecuente voluntad negociadora como la que ha demostrado, una vez más, Íñigo Urkullu. El lehendakari vasco debería poner escuela o, al menos, dar clases particulares a todo el grupo dirigente de la política catalana y española. No se lo agradeceríamos nunca bastante si lo hiciera.