Calles y carreteras bloqueadas por damnificados que sufrieron la furia de la naturaleza y del capitalismo salvaje que construyó viviendas que se vinieron abajo, demandan que el gobierno les reconstruya para liberar las vías de comunicación.
Para que el abuso de los constructores se diera contaron con la corrupción de inspectores y funcionarios.
Sin duda que los damnificados merecen simpatía y solidaridad, pero no deben dar por garantizado que el Estado se responsabilice para atender sus necesidades.
El Estado debe tener recursos para responder ante desastres naturales, pero eso no implica la obligación de reconstruir todo, debe encargarse de que los responsables corrijan y reparen el daño.
Se demostró en el último terremoto que no todas las obras de ingeniería se realizaron adecuadamente y hasta se sospecha que hubo corrupción para asegurarse no cumplir con las normas. Entonces quién debe reconstruir fueron los responsables de construir mal aunque el Estado deba contribuir, porque de otra manera resulta que la sociedad en su conjunto está resarciendo el trabajo mal hecho de algunos corruptos, mientras éstos gozan de su riqueza mal habida contentos de ver que el gobierno acude al rescate.
Hacer que la sociedad en general cargue con la reparación de lo mal hecho es un acto de injusticia y preserva la impunidad.