La Constitución de 1978, cuarentona pero con evidentes síntomas de vejez, está siendo utilizada desde hace tiempo como un arma arrojadiza, un arma con la que agredir; una trinchera detrás de la que se ha parapetado la derecha española: el PP y Ciudadanos. La aparición de Vox no fue bien analizada por estos dos partidos, que consideraron a los de Santiago Abascal como un ariete controlable con el que atacar a la izquierda y a los nacionalistas vascos y catalanes. Estas dos fuerzas aún no tienen una idea cabal de hasta qué punto puede perjudicarles su incomprensible ceguera. Pero no sólo a esa derecha le costará caro esconder la cabeza en la arena ante la amenaza que ya constituyen los post fascistas.
El anti-constitucionalismo de Vox, en tándem con las tensiones alimentadas y mantenidas por el independentismo confrontacionista catalán, pueden cristalizar en que el partido de ultraderecha avance hasta alcanzar cotas de poder todavía impensables en la sociedad tensionada hasta el grito en la que vivimos.
El partido de la derecha más extrema pretende una enmienda radical tanto al diseño autonómico como a lo dispuesto en materia de política social. Puede ser muy peligrosa la negativa de los partidos mayoritarios a actualizar el texto constitucional, a re-sintonizarlo con una realidad social, política y cultural -española e internacional- que es muy diferente de la de 1978.
Ciudadanos ya ha sufrido un descalabro que amenaza su supervivencia como partido. El PP ha decidido huir hacia delante, a la carrera, e ignorar la amenaza de los post fascistas. Ninguna de las dos organizaciones ha comprendido que Vox no está apoyándolos allí donde les resulta necesario sólo para hacer la política conservadora que ellas desean. Vox no está para proponer leyes o normativas, ni para debatir en ningún ámbito de gobierno; Vox está para dinamitar todo lo que combate: desde los consensos en cuanto a la violencia de género a las medidas en política medioambiental, desde el marco normativo de la política social al encaje de las regiones y las nacionalidades en el Estado.
Si a esto le añadimos que una parte del independentismo catalán se ha emancipado de los partidos nacionalistas mayoritarios, y ha decidido a tensar la situación al máximo, mientras que estos no tienen el valor de desmarcarse de esa política de confrontación, coincidiremos en que la coyuntura política es extremadamente enmarañada, polarizada y más que preocupante.
Hoy por hoy, sin embargo, los partidos españoles mayoritarios han decidido que no es momento de aventurarse en una reforma constitucional tal y como la que sería necesaria. La derecha sistémica, el PP y Ciudadanos, que se niegan en redondo, se erigieron en los repartidores de la etiqueta de constitucionalista y no sólo se la niegan a los nacionalistas periféricos, sino que también incluyen en el bloque contrario al PSOE y a Unidas Podemos. Además -por supuesto- de otras organizaciones de ámbito regional como Compromís o el Bloque Nacionalista Gallego.
Sorprendente y peligrosamente afirman, con tantas evidencias como hay en contrario, que Vox es un partido constitucionalista, formado y dirigido por españoles de bien; un partido que defiende lo mismo que el PP y C 's, aunque con algunas diferencias formales. Cada día es más evidente que, no sólo electoralmente, no solo por cuanto hace a la presencia institucional, el PP y Ciudadanos han puesto inconscientes una alfombra para que los de Abascal y compañía avancen sin obstáculos y con viento favorable.
Las contradicciones del PP en general y las de Pablo Casado en particular están resultando particularmente evidentes cada día más. Ante el atentado -fallido o simulado- con una granada contra un centro de acogida de menores inmigrantes en Madrid, Vox y el gobierno regional del PP se han opuesto a condenarlo. Ha sido una muestra de la debilidad de los de Pablo Casado, de la extrema fragilidad que sienten ante los de Abascal y Monasterio.
El alcalde de Madrid tuvo un rifirrafe con el falangista Ortega Smith -era la segunda en público-, y en ambas ocasiones alrededor del negacionismo del segundo en cuanto a la violencia de género. Ahora ha sido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien ha censurado la respuesta de los de Vox ante el atentado contra el centro de menores. Pero ni el uno ni la otra se han atrevido a ser consecuentes con sus palabras de denuncia de la actitud de los post fascistas. En el pecado llevarán la penitencia, pero ésta tendremos que sufrirla también todos los demócratas.
Vox sólo quiere hacer la política de la anti -política. No le interesa ni participar en los gobiernos locales o regionales, ni siquiera tener parcelas de poder en las instituciones. Hoy por hoy se conforma con ser imprescindible para la derecha sistémica; se dan por satisfechos condicionándola como está haciendo en Sevilla y en Madrid. Ellos tocan la música y el PP y Ciudadanos bailan.
Más nos vale que cuando antes se forme gobierno en Madrid. Más nos vale que las mayorías heterogéneas que pueden sacar adelante votaciones importantes en el Congreso funcionen. Más nos vale que cada organización política progresista sepa modular sus objetivos, y adaptarse a la realidad política para garantizar su eficacia. La legitimidad de los programas que cada partido defiende no tiene nada que ver con la capacidad o la viabilidad para hacerlos efectivos. Los cambios legales sólo necesitan mayoría de votos, pero los cambios culturales o los consensos amplios además necesitan tiempo. Convendría no olvidarlo.
Del mismo modo que sería un error supremo no tener conciencia de que un partido depredador de la convivencia política como es Vox constituye una amenaza más que sería para todos. La derecha partidaria está atenazada por su miopía y sus miedos, así que no cabe contar con ellos para hacerles frente, a pesar de que serán los primeros depredados. Son los partidos progresistas, los de ámbito estatal y los de las nacionalidades, tan heterogéneos ellos, los que están obligados a colaborar estrechamente para que salgamos victoriosos en el desafío de los post fascistas.