Las sesiones parlamentarias que concluyeron con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno del Reino de España fueron borrascosas, por utilizar una palabra contundente, pero apta en horario infantil.
Las tres derechas, las de Casado, Abascal y Arrimadas, compitieron por establecer quién era el más español, el más grosero, el más histriónico, el más ofensivo, el más maleducado. Hasta tal punto la competencia fue dura, que si un jurado tuviera que repartir las medallas de oro, plata y bronce debería recurrir al VAR. Una instancia arbitral que debería visionar una y otra vez cada una de las intervenciones para designar el orden de acceso al podio.
Vox marca la pauta, y PP y Ciudadanos la siguen. En el pecado llevarán la penitencia. Desde las elecciones andaluzas entraron en una lógica perversa que les puede hacer mucho daño si no rectifican pronto y se desmarcan de los post fascistas. Un ejemplo que es más que una anécdota: el gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Juan Manuel Moreno (PP), baila hasta la humillación la música que toca Vox: acaban de nombrar para dirigir la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva a una señora, Trinidad Lechuga de nombre, que además de ser un alto cargo del Obispado de Córdoba es la directora del Secretariado para los Cristianos Perseguidos de aquella diócesis. El Obispo de Córdoba es uno de los más extremistas en contra del aborto voluntario, considerándolo un "crimen abominable" y una "matanza de inocentes". Es aquello de dejar al zorro al cuidado de las gallinas.
Las cosas que pasan en Sevilla también han llegado a Madrid: los esperpénticos alcalde y presidenta de la comunidad, Martínez Almeida y Díaz Ayuso, que pertenecen al ala dura del PP, también tienen que lidiar con los excesos y las humillaciones frecuentes de sus socios Ortega Smith y Monasterio.
Ciudadanos, tras el naufragio electoral que le costó la carrera a Albert Rivera, es la viva imagen del patetismo. Su dirigente, Inés Arrimadas, sigue siendo un personaje en busca de guion. A la marcha que va, no le quedará otra que hacer pareja con Rosa Díez y pedir la entrada en el PP para mantener el puesto de trabajo. Una pareja que podría hacerle el coro a Jaime Mayor Oreja. Si Díez comparó a los socialistas afines a Sánchez con "los alemanes que fingían no ser conscientes del exterminio nazi", el ex ministro de Aznar ha afirmado que las derechas deben unirse para defender a España de un "frente popular presidido por la maldad".
Los tres partidos ya actuaron de manera unitaria: se arrogaron la capacidad de decidir quién es o no inmoral en el Congreso de los Diputados. Ellos administran el carné de español constitucionalista, y se reservan el derecho de juzgar y sentenciar quién es o no traidor, o quien ataca a España y a sus instituciones y quienes las defienden. Ahora le han hecho una OPA hostil al rey Felipe VI: es de ellos y sólo de ellos. Ya tienen la Constitución, la patria, la bandera, el himno, la unidad. El resto, traidores a todo. ¿No deberían reaccionar desde el Palacio de la Zarzuela? ¿O es que en la Casa Real les va la marcha?
En la sal gorda de los discursos sobre la investidura no tuvieron freno. Abascal le dijo a Sánchez que era un mentiroso, un fraude, un estafador, un charlatán y un tirano de cómic. Y esto en el intento de superar a Pablo Casado, que le había dicho al candidato socialista que presidirá un "gobierno de pesadilla", mientras lo acusó de ser "una mentira andante" y "un presidente fake".
Con todo, la artillería ofensiva desplegada en las intervenciones de los portavoces de las tres derechas alcanzó las cotas más preocupantes en cuanto sus líderes descalificaron y atacaron de forma durísima e indigna a los representantes de Esquerra Republicana de Cataluña y de EH Bildu.
Estos dos partidos pueden gustar más o menos, pero son partidos legales y por tanto están dentro del marco jurídico vigente en el Estado, por lo que son merecedores del respeto institucional de todos, especialmente en el Parlamento. No es fácil entender qué quieren exactamente las derechas hispánicas cuando braman desde sus escaños y acusan a ERC y a Bildu, y por extensión a sus votantes, de asesinos o de inmorales.
Coincido plenamente con la tesis que defendía recientemente Javier de Lucas, en Infolibre. Tal y como recoge la LO 6/2002 de partidos políticos, un partido que es legal en España cumple con una condición básica de moralidad que es el respeto a los derechos humanos. En consecuencia, una persona que pertenece a un partido legal no puede ser considerada inmoral por la mera pertenencia a este. Aun menos aquellos que lo votan. La conclusión de De Lucas es contundente: acusar de asesinos e inmorales a diputados con acta en el Parlamento es –y me sumo a su opinión- una inmoralidad.
¿Que querrían las tres derechas? ¿Que desaparecieran mediante un hechizo todos aquellos representantes y todos los votantes que no les gustan, especialmente en Cataluña y el País Vasco? Como esto, obviamente, no va a pasar, ¿qué proponen? ¿Ilegalizarlos a todos, encerrarlos en prisión? ¿Qué, exactamente?
¿Qué quería decirnos el diputado Adolfo Suárez Illana cuando, de manera infantil, se volvió de espaldas para no ver a la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua? ¿Lo que no ve es que no existe? ¿Qué quisiera hacer con ella y sus votantes, o con los de ERC, el hijo de Adolfo Suárez?
Conviene recordar que cuando, en la Cadena SER, Àngels Barceló preguntó a la señora Cayetana Álvarez de Toledo qué les diría a los independentistas catalanes, la respuesta fue impagable: "que reflexionen". Es decir, que reflexionen y dejen de ser nacionalistas, independentistas y radicales de izquierdas.
El paisaje después de la batalla de la investidura es, pues, más que preocupante y debiera haber una derecha en España que se desmarcara de estos hooligans maleducados, groseros y guerra-civilistas. Algún político conservador debe haber en España que se pregunte lo mismo que Iñaki Gabilondo se preguntaba
en la SER al día siguiente de la investidura: ¿y si resulta que los traidores son más?