Diario de un reportero
La semana pasada asaltaron en Boca del Río a un señor que acababa de retirar setenta y seis mil pesos del banco. Los delincuentes sacaron una pistola y le dijeron que entregara lo que llevaba. Le pidieron la cantidad exacta. La reacción de la víctima fue filmar a la cajera que le había dado el dinero y acusarla de complicidad con los ladrones.
Esta semana asaltaron en la Ciudad de México a Emmanuel Vargas, diputado de Morena en el congreso local. Acababa de retirar ochenta mil pesos del banco cuando dos hombres armados le salieron al paso y le pidieron la cantidad precisa que llevaba en la bolsa. La reacción del legislador fue filmar al cajero que lo había atendido y acusarlo de complicidad con los ladrones.
Esos dos asaltos – más los que han pasado y los que van a pasar – son muestra de la ineficiencia de los bancos y de las autoridades, y sirven para ilustrar el desafío que enfrenta el sistema legal de México en el siglo de la internet. No es poca cosa.
Es claro que ni las autoridades ni los bancos están muy dispuestos a aceptar que algo sospechoso está pasando, sobre todo porque muchos de los atracos se han producido inmediatamente después de que se retira una fuerte cantidad de dinero, y porque hasta la fecha la Fiscalía no parece haber indagado si realmente hay una relación entre los ladrones y los empleados bancarios, o si hay alguna otra razón para que los delincuentes sepan las cantidades exactas que llevan las víctimas.
Más allá de eso, queda el grave riesgo de que el Poder Judicial, a quien tanto se le exige y de cuyo trabajo tanto se ignora, se vea obligado a desestimar casos que están viciados de origen por la intervención indignada pero inoportuna del público o de las propias autoridades, como advirtió hace poco el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero.
En la reunión que sostuvo con embajadores y cónsules mexicanos, el funcionario fue claro: muchas veces los resultados de la institución quedan comprometidos por las faltas de terceros, especialmente las que inciden en la violación al debido proceso, como la presunción de inocencia.
"Hay unidades del gobierno que no respetan esa presunción", advirtió Gertz Manero. No se trata de que alguien opine que es conveniente, útil o necesario denunciar públicamente a las personas que uno considera responsables de algún delito sino de cuidar el debido proceso para no causar perjuicios a los inocentes y para evitar que los presuntos culpables salgan en libertad porque se violaron sus garantías procesales.
No es así: hay un círculo vicioso que empieza con la publicación de datos, de fotografías, de nombres en las redes sociales, o en declaraciones oficiales de funcionarios públicos de todos los niveles, y esa información pasa de ahí a los medios, que la reproducen sin pensar en las consecuencias legales de lo que hacen.
La persona señalada – aunque sea inocente o aunque no haya pruebas de su culpabilidad – queda marcada de por vida. Y si la dejan en libertad porque se violentaron sus derechos a un debido proceso y a la privacidad, los medios y las redes ponen el grito en el cielo y acusan de corrupción a jueces y otras autoridades.
Lo triste es que todos queremos un país en el que prive el estado de derecho y en el que la justicia sea la regla y no la excepción, pero asistimos a linchamientos mediáticos que ya no tienen remedio, y hasta participamos en ellos sin pensar en las consecuencias de nuestra reacciones automáticas. Y luego nos quejamos de que la justicia no sirve de nada en México.
Houston, algunos mexicanos tienen un problema
Uno no sabe si es intransigencia o es ignorancia o es mala leche, pero no faltaron quienes criticaron que el nieto del presidente López Obrador haya nacido en Houston. Tal vez prefirieron ignorar que la mamá (hija de brasileña y estadounidense, y por lo mismo ciudadana de Estados Unidos) vive en esa ciudad desde el año pasado, o tal vez no se preocuparon por indagar antes de soltar la piedra. Para el caso es lo mismo. Uno no nace donde quiere sino donde puede...