Una monarquía bajo sospecha.

March 9, 2020

 

Un observador imparcial esperaría que los monárquicos españoles tuvieran el máximo interés en desmontar por falsas todas las acusaciones que están cayendo sobre Juan Carlos de Borbón, ex jefe del Estado [actualmente Rey Emérito] y padre del actual monarca Felipe VI. Acusaciones que son extraordinariamente graves, y que comprometen no sólo la figura de Juan Carlos, sino la de toda la Casa Real española.

Pero no, no hacen sino defenderlo sin argumentos racionales y con mucha gesticulación patriótica. Es una pésima defensa. Parece que los monárquicos españoles son de los que se aman tanto y tanto a la Corona que Felipe VI debería decirles, como haría Cantinflas, aquello de ¡no me ayuden, compadres!

Se lo dijeron en el Parlamento, desde Pablo Iglesias a Aitor Esteban: le hacen ustedes un mal favor al Rey, tanto como dicen quererle. Venía la cosa a cuento de que no contentos con que España sea suya, que la bandera bicolor sea suya, también dan por cosa hecha que el rey les pertenece. Hablo de las tres derechas: la cobarde, la valiente y la mediopensionista.

La que ahora hay organizada es gorda. Resulta que el rey Juan Carlos, cuando todavía lo era, antes de dimitir tras decir aquello de que lo sentía y que no lo volvería a hacer nunca más [matar elefantes] tenía unas cuantas amistades peligrosas. Por un lado, la familia real saudí; una dinastía medieval que gobierna con puño de hierro un país en el que se violan a mansalva todos y cada uno de los derechos humanos de primera generación. Peligrosas en otro sentido han sido algunas de las íntimas amistades femeninas de Juan Carlos, y además muy costosas. Tanto es así que, por lo que cuentan, el rey Melchor, el rey Gaspar y el rey Baltasar, los tres juntos, son unos simples aficionados haciendo regalos, si los comparamos con la generosidad del Rey Emérito con ellas.

65 millones de euros son muchos euros. Eso sí que es un regalo, el que el Emérito le hizo a la señora Corinna zu Sayn-Wittgenstein, una muy buena amiga. Por supuesto que debería ser buena, y hay que decir debería porque a estas alturas ya no lo es: la señora ha anunciado que denunciará al rey [emérito] Juan Carlos ante los tribunales de Londres por amenazas y por el acoso que dice sufrir desde 2012. En aquella fecha, tras el viaje que realizaron juntos a Botsuana, se supo de la relación íntima que mantenían. Afirma la condesa alemana que desde entonces sufre persecución por parte de los servicios de inteligencia españoles, para que no revele secretos de Estado que, dice, la acusan de tener en su poder.

El año pasado, en julio de 2019, el Tribunal Supremo desestimó la querella interpuesta por Izquierda Unida y el PCE contra el Rey emérito, Corinna, el director del CNI Félix Sanz Roldán y el ex-comisario Villarejo [actualmente en prisión], entre otros. La denuncia les acusaba de trece delitos entre los que figuraban tráfico de influencias, blanqueo de capitales, amenazas de muerte y constitución de grupo criminal. A pesar de la decisión del Supremo, el problema no sólo no desapareció, sino que a estas alturas se ha agravado mucho.

Que Juan Carlos I tendrá problemas con la justicia británica, si se hace efectiva la denuncia de la señora Sayn-Wittgenstein, es seguro. Pero la cosa ni termina ni comienza en Londres; ni para el Emérito ni para su ex amiga.

La empresaria [eso dicen que es, profesionalmente] ya tiene problemas con la justicia suiza, dado que en el país helvético le han descubierto una cuenta con los 65 millones de euros procedentes del -según declara ella- regalo del ex monarca español. La explicación que ha dado la buena señora no ha convencido a los suizos, y las autoridades de aquel país creen que tan cuantiosa suma proviene de una comisión por la mediación de la pareja en la adjudicación a una UTE española de las obras del AVE a La Meca. La empresaria lo niega. Así que habrá que ver en qué termina la investigación en Suiza.

Pero más allá de las tribulaciones británicas y helvéticas de la pareja de ex amigos, los padecimientos judiciales podrían tener su continuidad en España, donde la Fiscalía Anticorrupción también está investigando en secreto, desde hace meses, el proceso de adjudicación del tren de alta velocidad en Arabia Saudí. Ahora, en un nuevo paso, ha pedido a Suiza datos sobre los 100 millones que Juan Carlos I recibió de los saudíes.

El Congreso de los Diputados, gracias a la colaboración del PSOE y el PP, que sobre según qué cosas no tienen ningún problema en funcionar cogidos de la mano, ha rechazado investigar. Tal vez, a efectos prácticos, no importe demasiado. El problema es de tal calibre que una comisión parlamentaria tendría poco que hacer, ya que en cuatro ocasiones anteriores el Tribunal Constitucional y los letrados del propio Congreso han impedido investigar a Juan Carlos.

Aunque una democracia parlamentaria no debería negarse nunca a esclarecer si una persona aforada ha cometido algún delito, tanto más si se trata del ex Jefe del Estado, está claro que la cosa se sustanciará en los tribunales. O no.

Sea el que sea el resultado, será malo para la imagen y para el futuro de los Borbones. Si se sustancia, mal para Felipe VI, para la Familia Real y para la institución monárquica. Y si no se sustancia, igual o peor. El descrédito interno e internacional de la monarquía ya es más que notable. La imagen de España y de sus tribunales continuará deteriorándose.

El artículo 56.3 de la Constitución española dice que "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad", pero esta afirmación rotunda no puede ser entendida como una impunidad completa y absoluta para cualquier actuación contraria a derecho del monarca. Algo parecido alegaba la defensa de Pinochet cuando el general chileno fue detenido en Londres en 1998, pero el Tribunal de Lores no lo aceptó. Los crímenes de Lesa Humanidad de Pinochet no podían quedar impunes, y si el militar golpista pudo volver a su país fue porque el gobierno británico consideró que era un anciano que no estaba en condiciones físicas ni mentales para ser extraditado a España.

El Rey de España es el primer funcionario del Estado, y su inviolabilidad sólo puede ser entendida en lo que se derive del ejercicio de su cargo. Y cobrar comisiones para repartírselas con sus amistades -presuntamente- no es, de ninguna manera, una obligación del cargo. Es -presuntamente- un delito. Así que la Fiscalía deberá investigarlo.

Los partidos que se oponen, como el PSOE y las tres derechas monárquicas, quizás creen que le hacen un gran favor al Rey Emérito, pero perjudican seriamente a su hijo el rey Felipe VI, a la monarquía española y, también, a esa España que dicen estimar con delirio. La ley es la ley, para Agamenón y para su porquero.

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