La igualdad es un valor fundamental de la democracia y especialmente la igualdad ante la ley, de ahí viene esa frase acertada pero muy poco adaptada a la realidad: nadie debe estar por encima de la ley.
En este principio se basa el Estado de Derecho, o sea una condición dónde las leyes se aplican igual para todos.
El principio de igualdad jurídica se cae por la borda en un sistema plagado de privilegios e impunidad.
Ante la defensa de la igualdad jurídica cuesta trabajo entender la insistencia del presidente López Obrador en que se juzgue a los ex presidentes según lo determine una consulta popular o según lo determine la Suprema Corte de Justicia.
Una cosa es que el gobierno determine no destinar sus energías a la persecución política de ex presidentes, lo que es correcto, y otra cosa es jugar con la idea de que hay que respetar la impunidad de los ex presidentes.
Si hay evidencia de que los ex presidentes violaron la ley, se les debe juzgar como a cualquier delincuente, ya los tribunales dirán si la acusación es válida, y juzgarán su inocencia o culpabilidad.
Juzgar ex presidentes es un tema de elevada sensibilidad política, pero el presidente debe hacer todo lo posible por judicializar el tema y tratar de despolitizarlo lo más que se pueda.