En un sistema federal las fuerzas armadas son defensivas frente a las amenazas del exterior o de los enemigos del país, a menos que se trate de un país agresivo.
En México los gobiernos han definido al enemigo como todo aquel que critica al sistema o protesta contra el “orden” prevaleciente, peor si es con energía, y de esa manera encontramos al ejército persiguiendo campesinos, estudiantes, criminales y hasta como fuerza de atención de desastres, ninguna de estas es una función apropiada para los militares.
Aunque es loable que rescaten a víctimas de inundaciones o terremotos, no lo es que ataquen escuelas, masacren manifestantes, que atraquen pueblos, violen mujeres, y generen amplias violaciones de los derechos humanos.
En el pasado se logró la “lealtad” de los militares dándoles concesiones políticas (diputaciones, senadurías, gubernaturas), económicas (administración de aduanas). Un escritor denunció que el hijo del secretario de la Defensa construía una base militar, al escritor lo sacaron del periódico. Los militares lograron una gran impunidad manejando su gran presupuesto con opacidad y oculto a la sociedad.
El ejército mexicano no es un dechado de virtudes, en sus filas hay corruptos, ladrones, violadores, asesinos, normalmente protegidos por la institución, y ahora vemos, una vez más, que un general de alto nivel protege criminales, Sería bueno que el secretario detenido en Estados Unidos explique como con su salario se hizo de una fortuna “visible” de 39 millones de pesos.
Los militares deben estar sometidos a los tribunales civiles cuándo hay quejas de civiles, y las enormes cantidades de dinero que manejan deben ser supervisadas igual que el resto del gobierno. También por ahí hay que atacar a la corrupción y la impunidad.