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Autonomía fallida

Raúl Arroyo

 

A la situación lastimosa del estado de Guerrero pronto sobrevendrá otra enviándola al cajón de lo irresoluble. Así de vertiginosa corre la vida nacional, tanto para impedir apreciar la presencia en  nuestro país de una pareja conocida como los reyes de Suecia, durante cinco días en visita de Estado, es decir, no vinieron de paseo ni pasaron a saludar.

Perdón por la real digresión, pero hay botones de muestra importantes para dejarlos pasar desapercibidos. Vuelvo al estado de Guerrero, a propósito no lo califico, en todo caso deseo su arribo a un mejor destino.

Me quedo únicamente con un cabo suelto, después de la desaseada decisión de la Gobernadora de cesar,  remover o deshacerse   - el término es lo menos importante – de la titular de la Fiscalía del estado, por cierto, integrante de las fuerzas armadas nacionales, condición  de  ninguna manera menor. 

Ese pendiente generado por la solicitud de la ya ex Fiscal de comparecer ante el Congreso local debiera ser el acto central de un procedimiento fundamental para la viabilidad del Ministerio Público: su incipiente pero tan celebrada autonomía.

Si la autonomía de una institución clave para la República como lo es el Ministerio Público significa democracia, participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas, entonces el conocimiento, análisis y valoración en sede legislativa de los hechos motivo de la remoción, cobran relevancia, son imprescindibles.  

El problema no se reduce a contar o no con los votos para alcanzar una mayoría legislativa con el respaldo para la permanencia de la Fiscal, como simplistamente lo adelantó la Gobernadora; es el derecho fundamental de la ciudadanía a saber la verdad del conflicto; el derecho constitucional de la funcionaria removida a conocer las causas de su remoción y defenderse, interponer los recursos de su derecho, y desde luego ser sancionada. 

En el arco de legalidad, también está la obligación del Ejecutivo de justificar las razones de su determinación, es decir la motivación del ejercicio de sus facultades respecto de la titularidad del Ministerio Público.

Lejos se ve un escenario como ese. No obstante tendrá presente la ex Fiscal la importancia de blindarse ante las veleidades de una realidad tantas veces reiterada, sobre todo cuando mereció el respaldo político del más alto nivel.

Sí se sumará el caso guerrerense a la abundante lista de afectaciones, ataques, descalificaciones intromisiones, persecuciones y despropósitos recibidos por el Ministerio Público en los años recientes, sin ningún pudor, desde una clase política reacia, poco, nada interesada o francamente contraria al  modelo autónomo. 

Cualquier balance arrojará un saldo en detrimento de aquella fórmula imaginada la solución para su buen funcionamiento, alejado de uso y abuso del poder político. Fue una gran apuesta reducida a ficción. La alternativa más cómoda es continuar en la simulación dejando la autonomía para el discurso.

En torno al relevo presidencial se desarrollan, cuando menos, tres ejercicios tendientes a una propuesta para el futuro de la justicia en nuestro país,  dos en el ámbito partidario de las principales fuerzas contendientes y otro convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La autonomía del Ministerio Público debiera ser rigurosamente evaluada en esos espacios de reflexión, para construir una tercera vía hacia el futuro inmediato.  

Las experiencias propias, local y federal, nos pueden llevar a entender la necesidad para México de un Ministerio Público diferente: no totalmente dependiente del gobierno, ni absolutamente autónomo y, con contrapesos sociales.

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