Xochitl Patricia Campos López
En el ánimo de la lucha contra el patrimonialismo y la mejora de la seguridad pública, durante el último tercio del periodo neoliberal, particularmente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se planteó que las antiguas Procuradurías de Justicia Estatal fueran transformadas en organismos autónomos, para luchar contra el crimen y la delincuencia sin ninguna intervención de los titulares del poder ejecutivo en el entorno local y nacional. Los resultados han sido terribles en el país y los estados, los indicadores de impunidad y seguridad en las entidades federativas y a escala nacional muestran por qué la democracia fallida sin estado de derecho resulta una combinación más grave que los populismos.
La situación que presenta Guanajuato, una de las primeras entidades de la alternancia partidista y muestra de la democratización regional, contrasta demasiado con los elementos que deben caracterizar a una democracia, situación que se replica en diversas entidades. El Estado de Derecho no sólo es el talón de Aquiles de las democracias latinoamericanas sino el punto de apoyo de toda configuración estatal. Los indicadores que mantiene Guanajuato en lo que se corresponde con impunidad, bienestar, derechos humanos, justicia, etc.; simplemente desmienten el proceso de democratización que observaban los excelsos representantes de la derecha nacional y sugerían para el país.
La autonomía no es la receta para combatir el patrimonialismo toda vez que, en lugar de corregirlo, termina por incrementar la capacidad de poder invisible que representa. De manera superficial, suele considerarse que el poder, cuando se divide, se perfecciona; pero eso no es del todo cierto, tal como nos muestra la experiencia de Guanajuato, donde autonomía y Sociedad Civil son conceptos secuestrados por tendencias políticas irresponsables que han perjudicado los entornos donde neoliberales y derechas han gobernado.
La otra cara: la centralización del poder ejecutivo respecto de todas las dimensiones de la función pública, es el camino recorrido e histórico; aunque a los panegíricos de la derecha les parece comunismo y absolutismo. Por ejemplo, en Puebla, los medios de opinión más conservadores han calificado los procesos de nombramiento y designación de diversos cargos públicos formulados entre los poderes locales ejecutivo y legislativo como “Estercolero”.
Sin embargo, si la autonomía y ciudadanización han ocasionado escenarios graves, ¿cómo se deberían proponer a los colaboradores y funcionarios de un gobierno?
El patrimonialismo y el poder invisible siguen siendo el principal reto del gobierno, sean neoliberales o populistas. Maquiavelo postulaba que la única medida en política es el éxito y, haciendo un recorrido histórico, la gobernabilidad fue mejor cuando el nacionalismo revolucionario antecedió a los neoliberales.
El desarrollo de la cultura cívica en la población y los miembros del poder legislativo es una tarea pendiente para mejorar la gobernabilidad y hacer corresponsables al mayor número posible de individuos. El discurso de la autonomía y ciudadanización representa una narrativa derrotada por la medida de las cosas y la realidad; corrupción, violencia total, poder invisible y patrimonialismo se volvieron sinónimos de neoliberalismo. Los gobiernos deben ensuciarse las manos y asumir sus pecados capitales para servir al pueblo y comprometer a sus colaboradores.
Ojalá que en el corto plazo las cosas mejores para Guanajuato y otras entidades del país, que la gobernanza y la participación social hagan partícipes a todos los actores colectivos e individuales sin condición de clase o estatus. La historia es el tribunal que espera a todos.
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