Cincuentenario de la desaparición de poderes

Raúl Arroyo

La fórmula constitucional fue diseñada para solucionar una eventual crisis en las entidades federativas: la desaparición física o política de los poderes constituidos. La visión del constituyente fue, con sentido federalista, garantizar la seguridad local llegado el caso de la ausencia o incapacidad de los órganos facultados para ejercer el gobierno estadual.

Esa solución era, como hasta ahora, nombrar a un gobernador provisional encargado de convocar a elecciones y nombrar titulares del Poder Judicial para restablecerlo de inmediato.

El abuso republicano-presidencialista pervirtió el precepto convirtiéndolo en espada de Damocles para avasallar la soberanía regional. La interpretación fue facultar al Senado para declarar desaparecidos los poderes.

Varios presidentes de la República utilizaron esa pieza de la ingeniería constitucional para sustituir gobernadores allí donde a sus intereses convenía, o bien era necesario arreglar una situación complicada para la gobernabilidad y/o alguna amenaza de la estabilidad política.

El último en hacerlo, en 1975, fue el presidente Luis Echeverría en dos ocasiones: en enero, en el estado de Guerrero, en contra del gobernador Israel Nogueda Otero, y tres meses después en Hidalgo, para sustituir al gobernador Otoniel Miranda Andrade, antes de concluir el primer mes del mandato, iniciado en su presencia el 1 de abril.

Así castigaba el presidente Echeverría la afrenta de su amigo, ya ex gobernador, Manuel Sánchez Vite, cuyo sexenio iniciado en 1969 recién había concluido, después del paréntesis de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional.

El sexenio del profesor y licenciado Sánchez Vite significó un quiebre en la continuidad política de los grupos locales dominantes desde el cardenismo. Su trayectoria se había desarrollado fuera del estado, impulsada por el liderazgo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hasta lograr la gubernatura.

Una divergencia con el presidente Echeverría, quien le habría planteado la sustitución del líder obrero Fidel Velásquez, ocasionó la ruptura y un atropellado regreso a Pachuca del gobernador con licencia, para continuar su mandato.

Sabedor del costo por desacatar las reglas del sistema, Sánchez Vite asumió una postura federalista. Avizoró las posibles consecuencias, incluida una desaparición de poderes, para lo cual hizo reglamentar la eventualidad en la Constitución del estado.

La sucesión del gobierno hidalguense para el periodo 1975-1981 se empalmó, como históricamente sucede, con la de la Presidencia de la República. Después se constató, las simpatías del gobernador no estaban con quien resultó candidato al gobierno federal; pero el presidente decidió por el candidato más cercano del gobernador para sucederlo. La suerte estaba echada.

En Los Pinos lo siguiente fue planear detalladamente la caída del favorecido para Hidalgo, mediante la operación encargada al secretario de la Reforma Agraria Augusto Gómez Villanueva, con un mensaje contundente: la desaparición de los poderes locales era para dar por concluida la presencia de Manuel Sánchez Vite, cobro de su atrevimiento federalista y lección para quien se animará a replicar su valentía.

Así se dio paso a la siguiente época con el gobernador Jorge Rojo Lugo quien restableció el acuerdo político local con ánimo conciliador y estilo innovador; solo terminaría con la elección de la alternancia en 2022.

Aquella ficticia desaparición de poderes en Hidalgo es el capítulo más elaborado de la intromisión, a lo largo de la historia, del Presidencialismo mexicano en el sistema federal. Ha pasado medio siglo desde aquel 29 de abril.