Corrupción y Huachicol

Xochitl Patricia Campos López

La corrupción emerge como uno de los grandes desafíos que define la esencia de la mexicanidad, percibida por algunos como una carga histórica arraigada en la cultura nacional. Puede vincularse a factores como la pobreza cultural, un legado patrimonialista heredado del modelo feudal Habsburgo, o simplemente como una pieza fundamental en la dinámica política y económica del país. Lo cierto es que su impacto atraviesa todas las dimensiones sociales y nadie puede negar que juega un papel preponderante en el rumbo nacional.

Desde una perspectiva técnica, la corrupción refleja una deficiencia en la institucionalización. En aquellos países donde se ha logrado regularla, se han identificado elementos tangibles como estructuras organizacionales, mecanismos de medición, impactos y sistemas de control apropiados para mitigar sus alcances. Sin embargo, en México queda claro que las emociones positivas y las posturas religiosas tienen poca influencia en su combate. La ciencia social, al carecer de un peso real que permita su actuación influyente, tampoco ha generado soluciones efectivos. Es más, en los regímenes autoritarios, si bien la corrupción suele ser contenida de forma brutal, esto termina por cobrar altos costos sociales y políticos a quienes ostentan el poder.

La única respuesta efectiva para enfrentar la corrupción parece ser una institucionalización sólida, aunque es aquí donde radica uno de los grandes fracasos recurrentes. La derecha no logró estructurarla con éxito, mientras que la izquierda carece de herramientas para hacerlo de manera efectiva. Durante décadas, el PRI consiguió estructurar un sistema que regulaba la corrupción como parte de una convivencia político-social, generando una especie de equilibrio precario. El PRI consolidó una república mafiosa donde la muta y los códigos cortesanos mantenían un orden semejante a la Venezuela de Nicolás Maduro. Sin embargo, esta construcción terminó por explotar cuando la incapacidad acumulada del modelo debilitó al Estado.

Posteriormente, el gobierno neoliberal buscó enfrentar el problema desde la competencia del mercado, pero su tolerancia hacia los monopolios permitió que la corrupción se adaptara y persistiera. Este fenómeno ha evolucionado hasta consolidarse bajo el mandato de Morena, reverberando en nuevos formatos que generan redes cada vez más complejas. Estas redes resultan especialmente onerosas para la economía nacional, pues facilitan la fuga de recursos económicos y acentúan los problemas de gobernabilidad al dar mayor poder a grupos políticos y facciones particulares. El narcotráfico y la oligarquía gobiernan México y carece de sentido negarlo.

La institucionalización requiere transformar estructuras profundas, pero lamentablemente no figura como prioridad en la agenda política ni en Morena ni en los planes de Claudia Sheinbaum. El enfoque populista progresista de la Cuarta Transformación tiende a reproducir la corrupción de manera exponencial,

fortaleciendo patrones históricos que terminan siendo pilares de lo que algunos denominan "pobretología" y errores sistemáticos del pensamiento político latinoamericano.

Casos como el escándalo dentro de la Marina podrían generar revuelo mediático e indignación pública, pero difícilmente trascenderán hacia acciones concretas para frenar el histórico saqueo a instituciones emblemáticas como PEMEX. En este contexto, las posibilidades reales de transformar el sistema siguen siendo desalentadoramente escasas.