Decisión 2027

Xochitl Patricia Campos López

El reloj político de México ha entrado en una fase donde los matices se disuelven y la retórica oficial exige tomar partido. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que este es el momento de las definiciones. En la superficie, la frase resuena como una consigna épica, un llamado a cerrar filas en torno a un proyecto de nación que se autoproclama como el defensor definitivo de las mayorías mestizas e indígenas. Sin embargo, bajo la piel de un país ensangrentado por la violencia y asediado por el narcotráfico, la verdadera pregunta no es qué quiere el poder que definamos, sino qué opciones reales le quedan a los ciudadanos cuando el tablero entero parece diseñado para administrar nuestra dependencia a través del clientelismo y el corporativismo rampantes.

Definirse, en el México de hoy, es un ejercicio de supervivencia antes que de convicción ideológica. Para millones de mexicanos que habitan en la periferia del desarrollo, la continuidad del proyecto gobernante no representa una revolución socialista, sino una red de seguridad económica básica en medio del naufragio. La transferencia directa de recursos y el aumento a los salarios mínimos han funcionado como un bálsamo tangible en los hogares más vulnerables. Por primera vez en décadas, el Estado habla un idioma que reconoce la identidad y el estatus de las mayorías históricamente invisibilizadas por las élites tecnocráticas. Ese capital simbólico, cruzado con el alivio de recibir un ingreso corriente que mitiga la miseria extrema, es lo que da credibilidad al discurso gubernamental y alimenta un neopaternalismo populista de alta eficacia electoral.

Pero esta inclusión por la vía del consumo tiene un costo estructural profundo que la propia dinámica del capitalismo periférico exige ocultar. Mientras el dinero en efectivo llega a las manos de los ciudadanos, las instituciones que debían garantizar bienes públicos universales como la salud y la educación sufren un vaciamiento sistemático. El ciudadano recibe un subsidio, pero pierde el derecho efectivo a una clínica equipada o a una escuela de calidad. Se le rescata como consumidor electoral, pero se le abandona como sujeto de derechos institucionales. Es una transacción pragmática: el gobierno utiliza la riqueza generada por la hipermodernidad industrial y el comercio con el norte para financiar la contención social abajo, asegurando así una lealtad inquebrantable en las urnas que perpetúe su permanencia en el poder y un férreo corporativismo de Estado.

Frente a este panorama, la opción del regreso al pasado que proponen las fuerzas de oposición tradicionales del viejo bloque neoliberal se presenta con un rostro igualmente desgastado. Su discurso apela a una sociedad civil que, en la realidad nacional, resulta sumamente débil, atomizada y distante de las mayorías. Prometen una certeza regulatoria y un fortalecimiento técnico que suena atractivo en los círculos empresariales de Claudio X. González o Ricardo Salinas Pliego, pero históricamente demostraron ser incapaces de tocar las raíces de la desigualdad. El modelo del libre mercado creó un país de dos velocidades, donde los beneficios se concentraron en polos industriales selectos, mientras que el agro indígena quedó rezagado. El regreso de esas élites no garantiza la democratización de la riqueza, sino la restauración de una estructura que disfraza la exclusión con criterios de eficiencia.

¿Qué le toca definir entonces a los mexicanos cuando el menú político ofrece dos formas distintas de administrar la periferia y la sociedad civil organizada brilla por su ausencia? La disyuntiva es trágica porque ocurre en un territorio secuestrado por los poderes fácticos. En los municipios rurales, los cacicazgos locales y las economías ilícitas siguen siendo los verdaderos gerentes de la cotidianidad. El Estado, en su necesidad de estabilidad macroeconómica, ha aprendido a coexistir con esta violencia profunda. En este escenario de asfixia, la respuesta histórica no se encuentra en el fetichismo de una sociedad civil de élites, sino en la forja urgente de movimientos sociales desde el sector primario y las comunidades populares, tal como sugería James D. Cockcroft. La esperanza no vendrá de las urnas, sino de la presión y resistencia de los de abajo frente al despojo.

La definición más urgente del ciudadano consiste en romper la falsa dicotomía que el poder le impone y rebelarse contra el canibalismo del sistema. No se trata de elegir ciegamente entre el subsidio clientelar que alivia el hambre de hoy a cambio de la sumisión política, o la promesa de un crecimiento económico que mañana volverá a concentrarse en unas cuantas manos oligárquicas. El momento de las definiciones debe ser el espacio para que la mayoría mestiza e indígena asuma que el poder, sea del color que sea, negociará siempre con el trumpismo, con las corporaciones transnacionales y con el mercado global para mantener la gobernabilidad. Frente al teatro electoral, la opción que queda es la de articular movimientos sociales auténticos que tengan el coraje de construir memoria histórica y organización colectiva, defendiendo la dignidad palmo a palmo frente a cualquier intento de convertir nuestra necesidad en una moneda de cambio.