Educación Superior: Entre el Arbitrio y la Improvisación
- fermarcs779
- 6 days ago
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Pablo Cabañas
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La educación superior languidece: el cálculo del poder a sofocado la razón, desplazando la gestión del saber por el arbitrio político.
El caso del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la situación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) son, en apariencia, fenómenos distantes; sin embargo, ambos comparten una raíz patológica: la sustitución del derecho por el símbolo y de la norma por la improvisación. El Estado de derecho comienza por el respeto a las formas, pues sin ellas, la política deviene en arbitrio.
Hoy, la gestión de Rosaura Ruiz Gutiérrez en la Secretaría de Ciencia y de Raquel Sosa en las UBBJ confirma que la gestión educativa ha sido desplazada por la urgencia política que ignora las consecuencias de sus actos.
En el CIDE, la crisis ha escalado de lo académico a lo jurídico de una manera innecesariamente ruda.
La resistencia de José Antonio Romero Tellaeche a dejar el cargo, tras una solicitud de renuncia que ignoró los procedimientos estatutarios, revela un desprecio por la autonomía procedimental de los Centros Públicos de Investigación.
Resulta desconcertante que Rosaura Ruiz Gutiérrez, conociendo los engranajes de la academia, haya optado por una maniobra tan burda.
En política, la sutileza es una herramienta de estabilidad; aquí, se prefirió el hachazo administrativo para lograr la imposición de una dirección interina.
Actuar así no es solo un error táctico, es una herida profunda a la vida académica.
La autoridad en el aula y en el laboratorio no se decreta por la fuerza, se construye mediante el rigor y el respeto a la legalidad.
Al actuar de una forma tan burda, se degrada la esencia de la institución y se envía un mensaje funesto: que la lealtad pesa más que la norma y que el hachazo es el método preferido sobre el diálogo intelectual.
Paralelamente, la gestión de Raquel Sosa ofrece un diagnóstico igualmente preocupante sobre la expansión educativa sin rigor.
El modelo, promovido como la gran herramienta de inclusión para los sectores más vulnerables, ha caído en una trampa de ineficacia burocrática y desorden legal.
El dato es demoledor: 12 mil 500 egresados se encuentran en un limbo profesional, con retrasos de más de dos años para obtener títulos que, en muchos casos, carecen de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
En estados como Yucatán, miles de estudiantes han descubierto que su esfuerzo académico no tiene traducción legal en el mercado laboral.
Es la crueldad de la estadística: se presume la creación de espacios universitarios, pero se entregan documentos vacíos de validez, condenando a quienes provienen de los municipios más pobres a una nueva forma de exclusión, ahora disfrazada de titulación.
No hay mayor traición social que ofrecer una educación que, al carecer de sustento legal, se convierte en un camino sin salida y en un fraude a la esperanza de miles de familias.
Bajo esta óptica, debemos entender que la universidad no es solo una fábrica de títulos, sino el espacio donde la razón se somete al rigor para liberar a la persona de la tutela del poder.
Al degradar sus procesos administrativos y académicos, se traiciona su fin último: ser la brújula ética de la nación.
La educación pública no puede ser un acto de caridad burocrática; debe ser un ejercicio de excelencia que permita a los más desposeídos competir en igualdad de circunstancias.
El hilo conductor entre el CIDE y las UBBJ es la ausencia de un manejo político capaz de prever consecuencias.
En el CIDE, la intervención precipitada generó un escándalo que dañó a la institución; en las UBBJ, la expansión descontrolada rompió con los fines para los que fue creada esa institución.
El hilo conductor entre el CIDE y las UBBJ es la ausencia de responsabilidad.
En el primero, se actuó con una rudeza imprudente para defenestrar a la dirección; en el segundo, se actúa con desorden para inflar las cifras de beneficiarios.
Las instituciones son los muros que deben protegernos de las ocurrencias de quienes mandan.
Cuando esos muros se tiran desde adentro, el costo no lo pagan los funcionarios en sus oficinas, sino las mentes más brillantes que investigan y las familias que pusieron todos sus ahorros en una carrera que no existe ante la ley.
Nuestro país no necesita de «grillas» en los centros de investigación ni universidades de papel; se necesita recordar que con el futuro de los jóvenes no se juega a la política.
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