El segundo piso era económico

José Romero

México no llegó a este punto por accidente. La crisis actual no empezó con un cambio de gabinete, con una renuncia en Agricultura, con una reorganización en Economía, con un movimiento en Morena, con la discusión sobre el fracking o con la violencia en Sinaloa. Esos hechos importan, pero no son el origen del problema. Son señales de algo más profundo: el país lleva décadas integrado a una economía que le permite producir, exportar y atraer inversión, pero no le permite decidir plenamente su desarrollo.

Durante años se dijo que abrir la economía era modernizarse. Se dijo que exportar más era desarrollarse. Se dijo que atraer inversión extranjera bastaba para transformar al país. Se dijo que la cercanía con Estados Unidos era una ventaja histórica y que bastaba con integrarnos a sus cadenas productivas para entrar en una etapa de prosperidad. México aceptó esa promesa. Abrió su economía, redujo instrumentos de política industrial, debilitó el papel productivo del Estado y reorganizó buena parte de su aparato económico alrededor de América del Norte. El país se volvió una plataforma de ensamble, un mercado para productos agrícolas estadounidenses, una reserva laboral, un espacio logístico y un territorio útil para cadenas productivas externas.

Estados Unidos actuó conforme a sus intereses. Buscó una frontera funcional, una economía complementaria, un mercado cercano, mano de obra competitiva, proveedores integrados y condiciones favorables para sus empresas. Eso no sorprende. Las potencias hacen eso. Lo grave fue que una parte de las élites mexicanas confundió esos intereses con una estrategia nacional. Aceptó la dependencia como modernidad. Presentó la subordinación como apertura. Llamó sensatez a la renuncia de construir capacidades propias. No fue sólo imposición externa. Fue consentimiento interno.

Esa combinación produjo una modernización incompleta. Hubo regiones que se integraron al comercio exterior, pero muchas otras quedaron fuera. Hubo exportaciones, pero no suficiente aprendizaje nacional. Hubo inversión extranjera, pero no una base industrial propia suficientemente fuerte. Hubo estabilidad, pero no crecimiento sostenido. Hubo maquila, ensamble y cadenas de valor, pero no soberanía productiva.

Después llegaron las consecuencias. La migración, porque millones no encontraron futuro en sus lugares de origen. La informalidad, porque la economía formal no absorbió a todos. El abandono rural, porque el campo fue dejado a competir en condiciones desiguales. La economía criminal, porque en muchos territorios la economía legal no ofreció ingresos, protección ni horizonte. La extorsión, porque el Estado no protegió la vida cotidiana de productores, comerciantes y transportistas. La violencia, porque los grupos criminales ocuparon espacios donde la autoridad pública se volvió débil o negociada.

Y luego vino el cinismo: Estados Unidos comenzó a acusar a México de causarle problemas que fueron incubados dentro de una relación binacional desigual. Exige control migratorio, pero se benefició durante décadas de la vulnerabilidad laboral mexicana. Exige combate al narcotráfico, pero su mercado sostiene buena parte de la rentabilidad criminal. Exige seguridad, pero las armas que fortalecen a los grupos criminales cruzan desde su territorio. Exige estabilidad, pero sus reglas comerciales contribuyeron a debilitar regiones enteras.

Esto no absuelve a México. La responsabilidad mexicana es enorme. Las élites mexicanas aceptaron el modelo. Los gobiernos lo administraron. Los partidos lo reprodujeron. Los empresarios se adaptaron a él. Las instituciones abandonaron territorios. La corrupción y la impunidad hicieron el resto. El desastre no fue producido sólo desde fuera ni sólo desde dentro. Fue producido por un arreglo histórico entre intereses estadounidenses y élites mexicanas que hicieron de la dependencia una estrategia. Ese es el punto de partida.

La reforma política ya ocurrió

Andrés Manuel López Obrador encabezó la reforma política de este ciclo histórico. No una reforma política entendida sólo como cambio de reglas electorales, sino algo más profundo: desplazó el centro de gravedad del poder, rompió la autoridad moral de la tecnocracia, devolvió centralidad al pueblo en el discurso público, elevó el salario mínimo, amplió transferencias, reconstruyó la relación entre gobierno y sectores populares, y volvió legítimo hablar de Estado, pobreza, desigualdad, soberanía y élites.

Eso fue una transformación real. AMLO cambió el lenguaje del poder. Hizo visible al México que durante años fue tratado como beneficiario, como votante o como problema, pero no como sujeto histórico. Mostró que el Estado podía intervenir. Reordenó la legitimidad del sistema político. Desplazó a quienes habían gobernado como si el país fuera una hoja de cálculo. Pero esa transformación política no bastaba.

El primer piso fue político y social. El segundo tenía que ser económico, productivo, rural, tecnológico, energético y territorial. Después de recuperar legitimidad popular, venía la tarea más difícil: construir capacidades. Después de redistribuir ingreso, venía reconstruir la base productiva. Después de enfrentar a la vieja élite, venía formar una nueva élite estatal, industrial, agrícola, energética y nacional. Después de demostrar que el Estado podía transferir recursos, venía demostrar que también podía producir, coordinar, financiar, planear, industrializar, recuperar territorios y negociar con Estados Unidos desde una posición menos subordinada. Eso era lo que algunos creíamos.

Pero a más de año y medio del nuevo gobierno, ya no estamos ante una expectativa. Estamos ante un balance. Y el balance muestra que el segundo piso no ha tomado forma. El poder político heredado se ha administrado, pero no se ha convertido en conducción económica. La transformación social se ha preservado, pero no ha sido acompañada por una transformación productiva equivalente. La continuidad existe, pero la dirección histórica aparece borrosa.

El problema no es que falten nombramientos. Hay nombramientos. No es que falten discursos. Hay discursos. No es que falten programas. Hay programas. El problema es que no se ve una arquitectura de desarrollo capaz de convertir poder político en poder productivo, rural, energético y territorial. La soberanía no se decreta. Se produce. Se produce en fábricas con proveedores nacionales. Se produce en el campo con agua, crédito y precios justos. Se produce en escuelas técnicas. Se produce en bancos de desarrollo. Se produce en infraestructura. Se produce en laboratorios. Se produce en una política energética articulada con la industria nacional. Se produce en municipios donde la gente puede trabajar sin pagar derecho de piso. Se produce en fiscalías que investigan. Se produce en policías que no están vendidas. Se produce en partidos que no postulan corruptos. Se produce en tratados comerciales donde México sabe qué quiere defender. Ese era el segundo piso. Y hasta ahora sigue pendiente.

Economía: administrar la dependencia no es industrializar

El primer síntoma está en la Secretaría de Economía. Y quizá sea el más grave, porque ahí se juega la posibilidad real del segundo piso económico. No se trata de un cambio menor ni de un simple ajuste de gabinete. La dependencia encargada de conducir la política productiva del país se reacomoda en un momento de estancamiento económico, revisión del T-MEC, presión de Estados Unidos y ausencia de una estrategia industrial clara.

Los cambios recientes muestran una secretaría atravesada por la rotación política. Salen funcionarios que buscarán cargos de representación popular. Llegan perfiles con trayectorias administrativas, diplomáticas, políticas o de gestión pública. Se mueven áreas vinculadas con industria, comercio, desarrollo productivo, propiedad industrial y facilitación comercial. Ese dato debería preocupar. La Secretaría de Economía no está para funcionar como antesala electoral ni como espacio de acomodo político. En una coyuntura normal, la rotación puede ser administrable. En una coyuntura como ésta, revela algo más delicado: el Estado no parece estar construyendo una conducción económica a la altura del momento.

El país no está viviendo una explosión productiva. La narrativa del nearshoring ha servido para crear expectativas, anunciar oportunidades y prometer una nueva etapa de inversión. Pero la realidad es más limitada. No estamos ante una transformación industrial en marcha, sino ante una recomposición de ventajas para empresas extranjeras ya instaladas en México, muchas de ellas integradas desde hace décadas a cadenas norteamericanas. Se les ofrecen condiciones, facilidades, infraestructura, certeza, acceso energético, ventajas regulatorias y estabilidad política. Pero eso no equivale a construir una base productiva nacional.

El problema no es atraer inversión extranjera. El problema es convertirla en sustituto de una estrategia nacional. México ya conoce esa historia. Llegan plantas, aumentan exportaciones, crecen algunos corredores industriales y se anuncian empleos. Pero los núcleos decisivos del valor siguen fuera. Las decisiones tecnológicas se toman fuera. La propiedad intelectual se controla fuera. Las cadenas de proveedores nacionales siguen siendo débiles. Las empresas mexicanas no escalan con la velocidad necesaria. Los salarios mejoran lentamente. Y el país vuelve a celebrar como desarrollo lo que muchas veces es sólo una ampliación de su papel subordinado.

Por eso resulta tan grave que, en lugar de una élite industrial, aparezca una élite administrativa al frente de áreas clave. No se observa un grupo de cuadros con experiencia profunda en manufactura, tecnología, cadenas de valor, ingeniería, financiamiento productivo, desarrollo de proveedores o construcción de capacidades nacionales. Se observa una secretaría preparada para operar, negociar y gestionar la integración; no necesariamente para transformarla.

Un país no se industrializa con discursos de oportunidad. Tampoco se industrializa dando más privilegios a empresas extranjeras ya establecidas. Se industrializa cuando el Estado define sectores, exige contenido nacional, forma proveedores, financia empresas propias, coordina infraestructura, vincula ciencia con producción, protege aprendizajes estratégicos y disciplina al capital que recibe beneficios públicos. Eso es precisamente lo que no aparece con claridad.

La revisión del T-MEC vuelve más delicado el problema. Ahí se jugarán reglas de origen, propiedad industrial, comercio, inversión, energía, agricultura, contenido regional, mecanismos de disputa y margen de política pública. Si México llega a esa revisión con una Secretaría de Economía más ocupada en administrar la relación con Estados Unidos que en construir una estrategia productiva propia, el tratado volverá a funcionar como marco de subordinación. No porque el comercio sea malo, sino porque el comercio sin política nacional reproduce dependencia.

La propiedad industrial es un ejemplo claro. No es un expediente técnico. Ahí se define quién controla patentes, marcas, conocimiento, tecnología, medicamentos, manufactura avanzada y valor agregado. Si México negocia esos temas sin una estrategia de innovación propia, la propiedad industrial se convierte en candado. Protege a quienes ya dominan el conocimiento y limita a quienes apenas intentan construirlo.

El segundo piso económico no podía consistir en dar más certidumbre al capital extranjero. Tenía que consistir en cambiar la relación entre inversión externa y capacidades internas. La pregunta no era cuánta inversión llega, sino qué deja. La pregunta no era cuántas plantas se anuncian, sino cuántos proveedores mexicanos se crean. La pregunta no era cuántos empleos se generan, sino qué tipo de salarios, aprendizajes y tecnologías se acumulan. La pregunta no era si México se vuelve más útil para América del Norte, sino si se vuelve más capaz de decidir por sí mismo. Esa pregunta sigue sin respuesta.

La Secretaría de Economía debería ser el corazón de una nueva política industrial. Debería ordenar la inversión, condicionar apoyos, construir encadenamientos, fortalecer empresas nacionales, impulsar innovación, coordinar financiamiento y convertir el comercio exterior en instrumento de desarrollo. Pero lo que vemos es una dependencia que se mueve como aparato administrativo en un momento que exige conducción histórica. Eso confirma el problema de fondo: México no está construyendo poder productivo propio. Está administrando mejor su dependencia. Y administrar la dependencia no es industrializar.

Agricultura: administrar el campo no es reconstruirlo

El segundo síntoma está en Agricultura. La salida de Julio Berdegué de la Secretaría de Agricultura y la llegada de Columba Jazmín López Gutiérrez revelan algo más profundo que un relevo burocrático. El campo mexicano enfrenta una crisis estructural: dependencia alimentaria, bajos precios para productores, estrés hídrico, envejecimiento rural, falta de crédito, debilidad de mercados regionales, presión de importaciones y creciente control territorial de poderes criminales en varias zonas del país. En ese contexto, cambiar nombres no basta. El problema no es quién ocupa la oficina, sino si existe una estrategia para reconstruir el campo como base productiva, social y territorial de la nación.

Berdegué pasa al frente internacional agroalimentario. Eso muestra la prioridad real: negociar con Estados Unidos y Canadá, administrar el T-MEC, defender márgenes comerciales y mantener estable la inserción agroalimentaria de México en América del Norte. Columba López puede representar una sensibilidad más territorial y agroecológica. Pero mientras no exista un proyecto integral, el cambio corre el riesgo de quedar como una corrección de estilo, no como una transformación de fondo.

El campo mexicano está atrapado entre dos lógicas. Una es la lógica de la integración agroalimentaria norteamericana: reglas comerciales, importaciones, grandes productores, cadenas agroindustriales, estándares sanitarios, disputas técnicas y negociación externa. La otra es la lógica de la reconstrucción nacional: pequeños y medianos productores, agua, crédito, precios de garantía reales, infraestructura, almacenamiento, semillas, agroindustria regional, mercados locales, organización campesina y arraigo territorial.

El segundo piso debía inclinarse claramente por esta segunda lógica. No para cerrar la economía ni para rechazar el comercio, sino para subordinar la integración externa a una estrategia nacional. Pero lo que aparece es otra cosa: un campo administrado por programas dispersos, apoyos parciales y respuestas de coyuntura, sin una arquitectura capaz de reconstruir la economía rural.

Ese es el problema: hay programas, pero no plan. Hay apoyos, pero no necesariamente transformación productiva. Hay transferencias, pero no crédito suficiente. Hay discurso de soberanía alimentaria, pero persiste la dependencia de importaciones. Hay preocupación por productores, pero no una reconstrucción integral de precios, agua, almacenamiento, caminos, comercialización y agroindustria. Hay presencia institucional, pero no siempre presencia estatal efectiva en los territorios donde la economía criminal disputa la autoridad.

Las transferencias alivian pobreza y elevan consumo. Pero no sustituyen una estrategia agrícola. Un productor no vive sólo de un apoyo. Vive de agua, tierra, crédito, precio, asistencia técnica, seguridad, caminos, mercado y capacidad de vender sin ser extorsionado. Sin eso, el campo se vuelve un territorio donde la economía legal apenas sobrevive y donde otros poderes pueden ocupar el espacio.

Por eso el campo no puede tratarse como un sector atrasado ni como un problema asistencial. Es una frontera de soberanía. Cuando el Estado pierde el campo, pierde más que producción: pierde población, arraigo, autoridad, economía legal, cultura productiva y control territorial. La dependencia alimentaria no es sólo un dato comercial. Es una forma de vulnerabilidad nacional. México, país de origen del maíz, no puede resignarse a depender crecientemente de importaciones estratégicas mientras sus productores enfrentan precios bajos, costos altos, agua escasa y mercados dominados por intermediarios. Esa contradicción resume el fracaso de un modelo que integró el consumo, pero debilitó la producción nacional.

La llegada de una nueva secretaria no resolverá eso si no existe una estrategia. Y hasta ahora lo que se ve no es una reconstrucción rural de largo plazo, sino administración de presiones: productores inconformes, reglas del T-MEC, importaciones, sequía, sanidad, seguridad y negociación externa. Todo se atiende por partes. Nada parece integrarse en un proyecto nacional del campo.

Sin campo no hay territorio. Sin territorio no hay Estado. Y sin Estado no hay soberanía. La soberanía alimentaria no se decreta. Se siembra, se financia, se riega, se almacena, se protege y se compra a precio justo. También se defiende de la extorsión, de la dependencia comercial y de la lógica que reduce al productor nacional a sobreviviente de un mercado diseñado por otros. Administrar el campo no es reconstruirlo.

Energía: atraer capital al subsuelo no es soberanía

El tercer síntoma está en Energía. El debate sobre el fracking muestra con claridad la ausencia de proyecto. Durante años se presentó la soberanía energética como una de las banderas centrales de la transformación. Se habló de rescatar Pemex, fortalecer a la CFE, recuperar capacidad estatal y reducir la dependencia. Sin embargo, cuando aparece la presión por atraer inversión, la discusión energética vuelve a desplazarse hacia una lógica conocida: abrir nuevas oportunidades de negocio, incluso en sectores estratégicos, antes que construir una política energética nacional articulada con desarrollo, industria, territorio y transición.

El fracking no debe discutirse sólo como técnica de extracción. Debe discutirse como síntoma. Si México recurre a él para atraer inversión extranjera a la explotación de hidrocarburos no convencionales, entonces el problema no es únicamente ambiental o técnico. El problema es de soberanía. Se convierte el subsuelo en espacio de oportunidad para capital externo, pero no necesariamente en palanca de una estrategia nacional de desarrollo.

La energía no aparece como parte de un proyecto productivo nacional articulado con industria, tecnología, ciencia, empleo, regiones y transición energética. Aparece como un nuevo frente para captar inversión. Y cuando la política energética se organiza alrededor de la atracción de capital, la pregunta vuelve a ser la misma: ¿qué país se está construyendo?

No es lo mismo usar recursos energéticos para fortalecer una estrategia nacional que abrirlos como campo de rentabilidad para empresas privadas, muchas de ellas extranjeras. En el primer caso, la energía construye soberanía. En el segundo, la energía puede convertirse en otra forma de dependencia: capital externo, tecnología externa, decisiones externas y beneficios que no necesariamente se quedan en el país.

El fracking, además, muestra la contradicción ambiental y territorial del modelo. Se invoca la transición energética, pero se abre la puerta a una técnica altamente controvertida. Se habla de soberanía, pero se recurre a inversión externa para explotar recursos estratégicos. Se habla de desarrollo regional, pero los costos ambientales y sociales recaen sobre territorios que muchas veces ya cargan con pobreza, estrés hídrico y debilidad institucional.

El problema no es sólo energético. Es político. Un país con proyecto define primero qué matriz energética quiere, qué papel tendrán Pemex y CFE, qué recursos explotará, con qué tecnología, bajo qué control, con qué beneficios nacionales y con qué límites ambientales. Un país sin proyecto hace lo contrario: responde a la urgencia de atraer inversión, flexibiliza sus decisiones, abre nuevas áreas de rentabilidad y llama desarrollo a la llegada de capital.

Eso no es soberanía energética. Es subordinación energética administrada. El segundo piso económico requería una política energética al servicio de una estrategia nacional de desarrollo. No una política energética convertida en vitrina para atraer inversión extranjera al subsuelo. La diferencia es decisiva: en un caso, la energía construye soberanía; en el otro, amplía el territorio disponible para el capital. Atraer inversión al subsuelo no es tener proyecto.

Morena: ganar no es conducir

Economía, Agricultura y Energía muestran el mismo problema desde ángulos distintos. En los tres casos hay movimiento, pero no dirección. Hay decisiones, pero no arquitectura. Hay programas, pero no plan. La política económica aparece como suma de respuestas: atraer inversión, contener productores, negociar el T-MEC, abrir nuevas áreas de rentabilidad energética, administrar presiones. Pero una suma de respuestas no construye desarrollo. El segundo piso requería integrar industria, campo, energía, ciencia, financiamiento y territorio en una estrategia nacional. Eso no está ocurriendo con la fuerza necesaria.

El cuarto síntoma está en Morena. El relevo de Luisa María Alcalde por Ariadna Montiel en la dirigencia nacional del partido debe leerse más allá del movimiento interno. Morena no es un partido cualquiera. Es el instrumento mediante el cual se distribuye buena parte del poder territorial del bloque gobernante. Quien controla candidaturas controla gubernaturas, congresos locales, alcaldías, presupuestos, redes municipales, sucesiones y pactos regionales. Por eso la dirigencia de Morena no es sólo un cargo partidario. Es una pieza del Estado ampliado.

La llegada de Ariadna Montiel tiene sentido político. Viene de Bienestar, la secretaría más vinculada con la relación social del obradorismo con su base popular. Su traslado al partido busca ordenar Morena desde una figura asociada al corazón social del proyecto. También manda un mensaje moral: no tolerar corrupción ni candidaturas con expedientes manchados. Pero el problema es más profundo.

Morena sigue siendo fuerte. Conserva votos, gobiernos, estructura, base social y una oposición débil. Pero la fuerza electoral no garantiza conducción histórica. El partido creció demasiado rápido. Absorbió militantes históricos, ex priistas, ex perredistas, operadores territoriales, dirigentes sociales, empresarios regionales, caciques locales, grupos pragmáticos y aliados sin identidad ideológica.

Mientras López Obrador gobernaba, esas contradicciones podían ordenarse alrededor de su liderazgo. Él era el centro simbólico, afectivo y político del movimiento. Podía arbitrar, disciplinar, contener y legitimar. Ahora ese centro ya no gobierna directamente. Y la coalición necesita conducción institucional.

Ese es el problema del nuevo gobierno. No heredó un partido orgánico y disciplinado. Heredó una coalición enorme, eficaz electoralmente, pero atravesada por tensiones territoriales. Gobernadores quieren heredar. Grupos locales quieren candidaturas. Aliados pragmáticos calculan. Funcionarios buscan cargos. Redes internas compiten. El calendario electoral ya empezó a ordenar ambiciones.

La pregunta no es si Morena puede ganar. Puede. La pregunta es si puede conducir. Ganar no es conducir. Ganar significa obtener votos. Conducir significa ordenar el sentido histórico de esos votos. Morena puede seguir ganando elecciones y, al mismo tiempo, perder el proyecto. Puede conservar cargos y vaciarse de contenido. Puede hablar de transformación mientras reproduce prácticas del viejo régimen. Puede invocar al pueblo mientras negocia candidaturas con grupos locales sin proyecto.

El segundo piso requería un Morena distinto: no sólo maquinaria electoral, sino organización política capaz de formar cuadros, impedir la corrupción, resistir la captura local, sostener una visión nacional y acompañar una transformación económica. Si Morena se limita a administrar candidaturas, deja de ser instrumento de transformación y se convierte en administrador del poder. Y administrar poder no es transformar.

Sinaloa: gobernar un territorio capturado

El quinto síntoma es Sinaloa. Y aquí hay que decirlo con claridad: Sinaloa expresa una crisis acumulada. No por un solo gobernador, no por una sola administración, no por un solo expediente judicial, sino por décadas de captura territorial, economía criminal, complicidades acumuladas, abandono institucional, disputa armada, presión de Estados Unidos y ausencia de una economía legal suficientemente fuerte para ordenar la vida social.

Por eso el caso no puede entenderse sólo desde una acusación penal ni desde una defensa política. Debe entenderse desde las condiciones reales en que cualquier gobernador llega al poder en ese estado: cómo fue electo, en qué ambiente territorial compitió, qué apoyos políticos recibió, qué fuerzas locales ya operaban, qué grupos tenían control social, qué municipios estaban condicionados y qué margen real tenía para gobernar sin pactar, negociar, resistir, contener o simplemente sobrevivir.

La pregunta no es únicamente qué hizo o dejó de hacer el gobernador en turno después de asumir el cargo. La pregunta previa es más incómoda: ¿cómo se construyó su gobernabilidad?, ¿qué actores hicieron posible su triunfo?, ¿qué redes territoriales participaron?, ¿qué poderes fácticos ya estaban instalados?, ¿qué instituciones podía controlar realmente?, ¿qué policías estaban limpias?, ¿qué municipios estaban libres de presión criminal?, ¿qué parte del estado podía gobernarse desde el Palacio de Gobierno y qué parte estaba ya sometida a otras reglas?

Sinaloa no se gobierna como un estado normal. Tampoco se gana una elección allí como si el territorio fuera políticamente neutro. Es un estado donde el crimen organizado no llegó ayer. Lleva décadas construyendo poder económico, social, armado y político. En ese contexto, las elecciones no ocurren en el vacío: se realizan sobre un territorio atravesado por miedo, dinero, redes locales, silencios obligados, intermediarios, cacicazgos, fuerzas armadas ilegales y una población que muchas veces vota, trabaja y vive bajo presiones que no aparecen en las actas electorales.

Eso no significa que toda elección esté comprada ni que todo gobernador sea criminal. Sería una simplificación. Pero sí significa que la política opera dentro de un territorio parcialmente capturado. Un candidato puede recibir votos legítimos, apoyo partidario, respaldo popular y estructura electoral, y al mismo tiempo llegar a gobernar un espacio donde los poderes reales no obedecen plenamente al Estado. Ahí está la dificultad: la legitimidad electoral existe, pero no basta para producir control territorial.

Por eso no se puede juzgar el caso sólo preguntando si el gobernador tuvo o no algún contacto con actores oscuros. En un estado capturado, la política está llena de zonas grises: intermediarios, mensajes, presiones, silencios, acuerdos tácitos, omisiones, amenazas y formas de convivencia forzada. Lo decisivo no es si existió contacto en sentido amplio, sino si hubo beneficio personal o político deliberado, financiamiento ilegal, protección de rutas, entrega de instituciones, filtración de operativos, nombramientos pactados, contratos dirigidos o colaboración activa con una organización criminal.

Esa distinción es indispensable. No es lo mismo coerción que complicidad. No es lo mismo gobernar bajo amenaza que asociarse con el crimen. No es lo mismo recibir un territorio descompuesto que entregar deliberadamente el Estado a una organización criminal. No es lo mismo sobrevivir políticamente en un estado capturado que enriquecerse o proteger criminales desde el poder.

Sinaloa muestra algo más grave que un expediente: la distancia entre autoridad formal y poder real. Un gobernador puede tener cargo, oficina, presupuesto, policía y legitimidad electoral. Pero eso no significa que controle plenamente el territorio ni que su elección haya ocurrido en un espacio libre de presiones. En zonas donde el crimen organizado cobra, amenaza, financia, decide, desplaza, protege, castiga y condiciona, el Estado no gobierna de manera plena. Gobierna parcialmente. Negocia, resiste, administra o sobrevive.

Lo trágico es que Sinaloa no es una excepción absoluta. Es quizá uno de los casos más visibles, más antiguos y más complejos, pero no es la única región del país donde la autoridad formal convive con poderes reales que condicionan la vida pública. En distintas zonas de México, la política local opera bajo presiones semejantes: economías ilegales, extorsión, control de rutas, captura de policías municipales, financiamiento oscuro, miedo social y autoridades que gobiernan con márgenes estrechos. Cambian los grupos, las actividades y las formas de control, pero el problema de fondo se repite: el Estado aparece en el organigrama, pero no siempre manda en el territorio.

Cuando un grupo criminal cobra derecho de piso, actúa como autoridad fiscal. Cuando regula rutas, actúa como autoridad económica. Cuando decide quién puede operar, actúa como poder político. Cuando una comunidad teme denunciar porque sospecha que la autoridad está infiltrada, el Estado pierde autoridad real. Eso es lo que Sinaloa revela: no sólo criminalidad, sino sustitución parcial del Estado.

Y por eso Sinaloa no puede separarse de Economía, Agricultura ni Energía. La economía criminal aparece donde la economía legal no ofrece futuro suficiente. Aparece donde el campo no sostiene. Aparece donde los jóvenes no tienen opciones. Aparece donde los municipios son débiles. Aparece donde el Estado llega con operativos, pero no con crédito, escuela, agua, caminos, fiscalías, empleo y protección cotidiana.

El crimen organizado es violencia, pero también es economía. Es poder armado, pero también poder social. Es narcotráfico, pero también extorsión, crédito informal, empleo ilegal, control de mercados, lavado de dinero, transporte, obra pública, campañas y control territorial. Por eso no se recupera Sinaloa sólo con fuerza pública. La fuerza es necesaria, pero no basta. Se necesita reconstrucción económica, protección a autoridades locales, fiscalías confiables, combate al lavado, seguridad para productores, empleo juvenil, infraestructura, justicia y presencia permanente del Estado.

El Estado no vuelve a un territorio sólo porque entra el Ejército. Vuelve cuando la gente puede vivir, trabajar, producir, denunciar y decidir sin pedir permiso al crimen. Y esa es la pregunta que debe hacerse en Sinaloa y en muchas otras regiones del país: no sólo quién gobierna formalmente, sino qué parte del territorio puede realmente ser gobernada. Ahí está la crisis acumulada. Y ahí está también el fracaso de un modelo que dejó territorios enteros a merced de poderes que el Estado ya no pudo contener.

Estados Unidos: integrar no es desarrollar

Estados Unidos no es sólo el origen externo del arreglo. Es también el poder que hoy presiona, juzga y condiciona sus consecuencias. Durante décadas se benefició de una relación que le resultó funcional. México sirvió como plataforma de ensamble cercana, mercado agrícola, proveedor laboral, zona de amortiguamiento migratorio, territorio energético complementario y espacio integrado a sus cadenas productivas. La relación comercial se volvió gigantesca, pero no simétrica.

Lo grave fue que las élites mexicanas confundieron esos intereses con una estrategia nacional. El grupo tecnocrático aceptó que el país se reorganizara como complemento productivo de Estados Unidos. Se desmontaron instrumentos. Se debilitó la banca de desarrollo. Se abandonó la política industrial. Se dejó al campo competir en condiciones desiguales. Se presentó la inversión extranjera como desarrollo. Se extranjerizó la banca comercial y el Estado perdió una palanca decisiva: la capacidad de orientar el crédito hacia la industria, el campo, la innovación y las empresas nacionales. Sin control del crédito, la política industrial quedó mutilada. Se llamó modernidad a una forma más sofisticada de dependencia.

Después aparecieron las consecuencias: migración, informalidad, abandono rural, criminalidad, extorsión, violencia y descomposición institucional. Y entonces Estados Unidos vino a acusar a México de causarle problemas. Ese es el cinismo. La crisis es compartida, pero asimétrica: México pone muertos, comunidades sometidas, productores extorsionados, jóvenes reclutados y autoridades amenazadas; Estados Unidos pone demanda, armas, dinero, presión comercial, presión diplomática y reglas económicas que estrechan los márgenes de política nacional.

No se trata de negar responsabilidades mexicanas. Al contrario. La responsabilidad mexicana es enorme. Pero precisamente por eso hay que decirlo completo: el desastre no fue producido sólo desde fuera ni sólo desde dentro. Fue producido por un arreglo histórico entre intereses estadounidenses y élites mexicanas que hicieron de la dependencia una estrategia. No fue un accidente. Fue un diseño.

El segundo piso no llegó

A más de año y medio del nuevo gobierno, el balance es claro: la transformación económica no ha tomado forma. No basta con decir que continúa la 4T. La continuidad no puede ser sólo electoral ni discursiva. Debe convertirse en capacidad estatal. Debe demostrar que el Estado puede hacer algo más que redistribuir: puede producir, coordinar, industrializar, reconstruir el campo, ordenar la energía, recuperar territorios y negociar con Estados Unidos desde una posición propia.

Eso era el segundo piso. Pero lo que aparece es otra cosa. En Economía, el aparato se reacomoda políticamente en medio del estancamiento, la revisión del T-MEC y una supuesta ola de nearshoring que no se ha traducido en transformación industrial. En Agricultura, el relevo no muestra todavía una reconstrucción del campo, sino una separación entre operación territorial y negociación agroalimentaria externa. En Energía, la discusión sobre el fracking revela la tentación de convertir el subsuelo en nuevo campo de atracción para inversión extranjera, aun cuando eso profundice contradicciones ambientales, territoriales y de soberanía. En Morena, se cambia la dirigencia para ordenar el partido rumbo a 2027, pero el problema de fondo es si el movimiento puede seguir siendo proyecto histórico y no sólo maquinaria electoral. En Sinaloa, el Estado enfrenta el recordatorio brutal de que tener autoridad formal no significa controlar territorio.

Todo esto ocurre bajo presión de Estados Unidos. Y ahí está la prueba histórica. El nuevo gobierno no rompió con AMLO, pero tampoco convirtió plenamente la herencia recibida en una nueva conducción histórica. Conservó la política social, sostuvo la narrativa de la transformación y mantuvo la centralidad electoral de Morena, pero no logró traducir ese poder en una estrategia productiva clara. La continuidad se mantuvo en el plano político, pero no avanzó con la misma fuerza en el plano económico. El comercio exterior siguió operando como eje de la inserción mexicana, la inversión extranjera conservó un lugar central, el T-MEC continuó funcionando como marco dominante y la energía comenzó a discutirse más como campo de atracción de capital que como palanca de soberanía. Lo que no apareció con suficiente claridad fue la capacidad de convertir esa inserción en aprendizaje, tecnología, proveedores nacionales, empresas mexicanas más fuertes, mejores salarios y territorios más gobernables.

El segundo piso no podía ser una administración más ordenada del primero. Debía ser otra fase. La primera etapa podía vivir de la ruptura política. La segunda tenía que demostrar capacidad económica. La primera podía redistribuir. La segunda tenía que producir. La primera podía ganar. La segunda tenía que gobernar. Eso no está ocurriendo con la fuerza necesaria.

El poder formal y el poder real

México no está ante la ausencia de poder. El poder formal existe. El gobierno tiene legitimidad, partido, mayoría, estructura, programas, presencia y narrativa. El problema es que el poder formal no basta.

El poder formal nombra funcionarios. El poder real industrializa. El poder formal firma tratados. El poder real negocia márgenes de decisión. El poder formal entrega apoyos. El poder real reconstruye economías legales. El poder formal anuncia programas. El poder real articula un plan. El poder formal gana elecciones. El poder real controla territorios. El poder formal cambia dirigencias. El poder real ordena coaliciones. El poder formal habla de soberanía. El poder real la produce.

Ese es el dilema. AMLO hizo la reforma política de este ciclo. Cambió la conversación nacional, reconstruyó legitimidad popular, desplazó a las viejas élites del centro simbólico y demostró que el Estado podía volver a intervenir. Pero la siguiente fase tenía que ir más lejos. Tenía que reconstruir el aparato productivo, recuperar el campo, ordenar la energía, formar una élite industrial y estatal, negociar distinto con Estados Unidos y devolver presencia real del Estado a territorios donde el crimen ocupa los vacíos.

Eso era lo que algunos creíamos. Hoy la pregunta ya no es si el segundo piso debía ser económico. Eso estaba claro. La pregunta es si aún existe la voluntad y la capacidad de construirlo. Los nombramientos no han construido dirección. La integración sigue produciendo dependencia. La inversión extranjera no se ha convertido en capacidades nacionales. El nearshoring funciona más como promesa que como transformación. La política agrícola no ha reconstruido el campo. La política energética corre el riesgo de convertir recursos estratégicos en campo de rentabilidad para capital externo. Morena conserva poder electoral, pero no ha demostrado que pueda ordenar por sí sola el sentido histórico del proyecto.

El país ya sabe producir para otros. Lo que no ha logrado es producir poder propio. Mientras no enfrente eso, el segundo piso seguirá siendo una administración de la herencia, no una transformación económica. Porque la transformación económica no era un complemento. Era el verdadero segundo piso.