¿Intermarium Antinarcotraficante?

Diego Martín Velázquez Caballero

La historia política mexicana puede comprenderse como una tensión permanente entre los proyectos de autonomía nacional y las restricciones impuestas por su cercanía geográfica, económica y estratégica con Estados Unidos. Desde mediados del siglo XX, el país ha ocupado una posición singular dentro de la arquitectura de seguridad hemisférica norteamericana. Durante la Guerra Fría, esta realidad se tradujo en una estrecha cooperación entre sectores del Estado mexicano y las agencias de seguridad estadounidenses para contener movimientos considerados radicales o potencialmente desestabilizadores. Más allá de las polémicas que rodean episodios como la red LITEMPO o la actuación de las sociedades secretas y sus nexos con los organismos de inteligencia norteamericanos, lo cierto es que la estabilidad del sistema político mexicano estuvo profundamente vinculada a la lógica geopolítica del bloque occidental.

Sin embargo, el anticomunismo mexicano no nació con la Guerra Fría. Sus raíces son más antiguas y pueden rastrearse hasta las respuestas de la Iglesia Católica frente al avance del socialismo y el liberalismo radical desde mediados del siglo XIX. Inspirados por el pensamiento social católico y por corrientes de nacionalismo conservador, diversos grupos religiosos, empresariales y políticos desarrollaron una cultura política basada en la defensa del orden social, la propiedad privada y la identidad cristiana. Con el paso del tiempo, estas corrientes terminaron articulándose con sectores empresariales, cacicazgos regionales y estructuras estatales que encontraron en el anticomunismo un elemento de cohesión y legitimidad.

En el juego polarizante de denunciar actores y operadores del anticomunismo en México, muchos parecen olvidar que la evidencia, como una marea desbordante, ha estado allí desde hace décadas, quizá más de un siglo. Ludovico Silva advertía que en nuestra cultura latinoamericana lo conservador, lo antimarxista y lo antimoderno se ha arraigado profundamente en el imaginario colectivo. Desde el siglo XIX, hemos construido una narrativa en la que los héroes de cómics, películas y telenovelas —desde el Santo, Kalimán, Resortes, Cantinflas y hasta Lola la Trailera— encarnan el anticomunismo como un valor universal, casi un credo. Y en ese contexto, lo verdaderamente estratégico no es tanto seguir señalando a quienes, en sus diferentes roles, alimentan esa cultura, sino entender cómo, a pesar de toda esa red conservadora, existe una capacidad latente para la cooperación, para construir un colectivismo. Eso requiere una estrategia distinta de cooperación, y no solo seguir contando los actores del anticomunismo como si fueran una novedad, cuando en realidad, esa cultura lleva décadas formando parte de nuestro paisaje.

La llegada de Morena al poder reactivó muchas de estas tensiones históricas. Aunque resulta discutible definir al movimiento como comunista en sentido estricto, una parte de sus adversarios interpreta su discurso como una amenaza al Modelo Habsburgo. La narrativa de transformación impulsada por la Cuarta Transformación ha sido percibida por sectores conservadores como un cuestionamiento al equilibrio histórico entre las élites económicas, la Iglesia, los grupos de poder regionales y los intereses estratégicos de Estados Unidos.

A esta situación se suma un contexto internacional cada vez más complejo. El ascenso de China como potencia global y la creciente visibilidad de agrupaciones como los BRICS han alimentado la percepción de que el orden internacional dominado por Washington enfrenta desafíos cada vez más importantes. Aunque México mantiene una profunda integración económica con Estados Unidos, algunos sectores de la izquierda latinoamericana han visto en China una alternativa para diversificar relaciones comerciales y reducir la dependencia histórica respecto al vecino del norte.

No obstante, la realidad mexicana impone límites considerables a cualquier estrategia de distanciamiento. La economía nacional depende de manera decisiva de su integración con Norteamérica. Millones de empleos, cadenas de suministro, inversiones y exportaciones están vinculados al mercado estadounidense. Desde esta perspectiva, cualquier proyecto político que subestime esta interdependencia corre el riesgo de generar tensiones que afecten la estabilidad económica y la seguridad nacional.

El problema central no radica únicamente en la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, sino en la aparición de nuevos factores de inestabilidad. El narcotráfico y el crimen organizado han transformado profundamente el escenario regional. A diferencia de las disputas ideológicas del siglo XX, las organizaciones criminales operan bajo una lógica económica que trasciende las fronteras nacionales y aprovecha las debilidades institucionales de los Estados. La crisis del fentanilo en Estados Unidos, la circulación internacional de precursores químicos y la expansión de mercados ilícitos han convertido la seguridad en una prioridad absoluta para Washington.

En este contexto, la relación entre México y Estados Unidos ya no gira exclusivamente en torno al comercio o la migración. La seguridad se ha convertido en el eje principal de la agenda bilateral. Esto explica por qué algunos analistas consideran que cualquier percepción de debilidad institucional o de insuficiente cooperación frente al crimen organizado puede provocar respuestas más enérgicas por parte de Estados Unidos que las observadas en otros escenarios latinoamericanos. Desde esta óptica, México ocupa una posición estratégica que lo convierte en un asunto de seguridad nacional para Washington.

La principal crítica hacia el actual gobierno no se refiere necesariamente a sus objetivos declarados, sino a la aparente falta de una estrategia histórica de equilibrio. En ocasiones, la retórica soberanista ha sido interpretada como una forma de confrontación simbólica que no siempre considera las limitaciones estructurales del país. La soberanía efectiva no depende únicamente de las declaraciones políticas, sino de la capacidad para administrar relaciones complejas con actores nacionales e internacionales que poseen recursos e influencia significativos.

Por otra parte, los sectores tradicionalmente anticomunistas han demostrado una notable capacidad de adaptación. La Iglesia, grupos empresariales, élites regionales, corporaciones e incluso actores vinculados a economías informales han encontrado espacios de convergencia cuando perciben riesgos para sus intereses. Esta capacidad de articulación constituye una de las constantes históricas de la política mexicana y explica la resiliencia de ciertas estructuras de poder más allá de los cambios partidistas. En la confrontación anticomunista de Norteamérica, es más probable que sobrevivan los narcotraficantes que los propios morenistas.

La lección que deja la coyuntura actual es que México continúa atrapado entre aspiraciones de autonomía y realidades de interdependencia. Ni la confrontación abierta con Estados Unidos ni la dependencia absoluta ofrecen soluciones viables. La estabilidad nacional exige reconocer tanto la persistencia de tradiciones políticas como el surgimiento de nuevos desafíos geopolíticos. En un mundo marcado por la competencia entre grandes potencias, la expansión de redes criminales transnacionales y la transformación del orden internacional, la fortaleza de México dependerá menos de las proclamas ideológicas y más de su capacidad para construir una estrategia pragmática de equilibrio, seguridad y desarrollo.