La 4T no necesita ser peor: basta con que no sea distinta

José Romero

La productividad, la banca y el fetichismo tecnológico de una transformación sin Estado desarrollador

Morena no llegó al poder para administrar, con lenguaje más compasivo, el mismo estancamiento que denunció durante décadas. Llegó prometiendo una ruptura histórica. Si después de casi ocho años de gobiernos del mismo movimiento México continúa creciendo poco, invirtiendo de manera insuficiente, innovando escasamente y dependiendo del exterior para financiar, diseñar y producir buena parte de su tecnología, la discusión no debe concentrarse en si la situación empeoró. La pregunta decisiva es por qué no cambió.

Ese debe ser el estándar para evaluar al gobierno de Claudia Sheinbaum. No se trata de exigirle que en menos de dos años haya construido una industria nacional de semiconductores, una armadora mexicana de vehículos eléctricos o una productividad semejante a la de Corea del Sur. Esa exigencia sería absurda. Lo que sí puede exigirse es algo más elemental: que ya sea visible la arquitectura institucional capaz de producir esos resultados en diez o veinte años. Deberían estar a la vista los fondos, la banca de desarrollo, las metas sectoriales, los equipos técnicos, los contratos, los programas de proveedores, los mecanismos de transferencia tecnológica, las compras públicas estratégicas y los criterios para retirar apoyos cuando no haya desempeño.

Lo preocupante no es que la transformación productiva todavía no haya madurado. Lo preocupante es que sigue siendo difícil identificar el sistema que la haría posible.

La 4T puede mostrar logros reales: reducción de pobreza, aumentos salariales, pensiones, transferencias y una relación distinta del Estado con los sectores populares. Negar esos avances sería intelectualmente pobre. Pero reconocerlos no obliga a concluir que México ya cambió su estructura económica. Un gobierno puede aliviar el presente y, al mismo tiempo, no estar construyendo el futuro.

La tesis de este ensayo es simple: la 4T no fracasaría necesariamente por haber sido peor que el neoliberalismo, sino por no haber construido una salida estructural al neoliberalismo. Si México termina creciendo cerca de la misma tasa que la etapa que condenó, con productividad débil, empresas nacionales frágiles, bajo gasto en investigación y desarrollo, crédito productivo escaso y dependencia tecnológica elevada, el movimiento no podrá declararse transformador sólo porque distribuyó mejor una parte del ingreso. Habrá administrado con mayor sensibilidad social una economía esencialmente parecida.

1. No se llegó al poder para empatar el fracaso

La 4T construyó buena parte de su legitimidad sobre una crítica correcta. México pasó de una etapa de crecimiento acelerado a otra de estancamiento prolongado. La economía que durante varias décadas elevó la producción, urbanizó el país, construyó infraestructura y amplió capacidades industriales entró, desde los años ochenta, en una trayectoria de bajo crecimiento. José Luis Calva ha documentado la magnitud de la desaceleración: el PIB real creció en promedio 6.1 por ciento anual entre 1935 y 1982, pero sólo 2.3 por ciento entre 1983 y 2018; en términos por habitante, las tasas fueron de 3.2 y 0.7 por ciento. El Banco Mundial ofrece un diagnóstico semejante: México ha crecido durante décadas a una velocidad insuficiente para converger con las economías de ingreso alto.

La crítica morenista al neoliberalismo no se limitaba a la pobreza o a la desigualdad. Incluía el bajo crecimiento, la destrucción de capacidades estatales, la subordinación tecnológica, el debilitamiento del mercado interno, la extranjerización de decisiones estratégicas y la renuncia a una política nacional de desarrollo. La promesa no consistió en conservar la misma estructura económica y repartir mejor algunos de sus frutos. Consistió en sustituirla por una economía más soberana, dinámica y justa.

Por eso no hace falta demostrar que cada indicador del periodo iniciado en 2018 sea peor que el observado entre 1983 y 2018. La pandemia, las tensiones comerciales, la transición energética, el endurecimiento financiero internacional y la propia heterogeneidad de las series vuelven engañosa cualquier comparación mecánica. El punto es otro. Si la economía de la 4T termina creciendo alrededor de la misma tasa que el periodo que condenó; si la productividad continúa estancada; si la modernización sigue dependiendo de decisiones tomadas por empresas extranjeras; si el crédito no acompaña el surgimiento de empresas nacionales capaces de escalar, entonces el proyecto habrá incumplido su objetivo histórico aunque pueda mostrar una distribución menos injusta.

Ese es el punto que el oficialismo evita porque es el más difícil de responder. No se llegó al poder para empatar el fracaso que se prometió superar. Tampoco se llegó para demostrar que el país podía estancarse con menos crueldad. La estabilidad macroeconómica es valiosa, pero no es desarrollo. Evitar una crisis cambiaria importa, pero no equivale a elevar productividad. Conservar el empleo es mejor que destruirlo, pero no sustituye la creación de ocupaciones de mayor valor agregado. Cuando un movimiento convierte la ausencia de catástrofe en prueba de éxito, ya redujo su horizonte histórico al de los gobiernos que criticó.

El gobierno de Sheinbaum enfrenta, por tanto, un dilema político de gran tamaño. Puede presentarse como continuidad de los logros sociales de López Obrador, pero entonces debe asumir también la continuidad de sus pendientes productivos. No puede reclamar como propios los aumentos salariales, las pensiones y la legitimidad acumulada desde 2018, pero tratar el estancamiento de la productividad, la baja inversión en ciencia o la debilidad del financiamiento como herencias ajenas. Quien promete construir el segundo piso acepta la estructura del primero, con sus avances y con sus pasivos.

2. Alivio distributivo no es transformación del bienestar

Una crítica seria debe empezar por reconocer lo que cambió. La política salarial y las transferencias elevaron el ingreso disponible de millones de hogares. En un país donde el salario mínimo fue utilizado durante décadas como ancla de contención y donde la pobreza marcó la vida de varias generaciones, esos avances importan. El aumento del salario mínimo real, la ampliación de pensiones y la reducción de la pobreza monetaria modificaron la restricción cotidiana de muchas familias. Para millones de personas, la 4T significó más ingreso, más margen de consumo y una relación menos distante con el Estado.

Ese reconocimiento es indispensable porque no hay necesidad de caricaturizar al adversario para sostener una crítica exigente. La 4T no es idéntica al neoliberalismo. Distribuye de manera distinta. Tiene otra base social. Reconoce sujetos que antes eran tratados como costos o estadísticas. Pero la pregunta de fondo no es si hubo alivio. La pregunta es si el alivio se está convirtiendo en una nueva estructura de bienestar.

La diferencia entre ingreso presente y bienestar futuro es decisiva. Una transferencia puede permitir que una familia consuma más hoy, pero no crea por sí sola el empleo productivo que la hará menos vulnerable mañana. Un aumento salarial puede corregir una injusticia acumulada, pero su continuidad depende de empresas capaces de pagar remuneraciones mayores porque producen más valor, incorporan mejores tecnologías y compiten por calidad, no por salarios bajos. Un programa social puede reducir la pobreza medida en un año; no puede sustituir hospitales funcionales, escuelas con aprendizaje, seguridad social universal, vivienda accesible, transporte eficiente y una economía que abra oportunidades a la siguiente generación.

El riesgo político de la 4T es confundir legitimidad distributiva con transformación del bienestar. La primera puede sostener popularidad durante un tiempo prolongado. La segunda exige algo más difícil: productividad, inversión, servicios públicos, formalidad, innovación, seguridad y movilidad social. Una izquierda que se limita a distribuir una economía estancada puede ser más justa que la derecha, pero no habrá resuelto el problema del desarrollo. Administrar el mismo estancamiento con mayor sensibilidad social es preferible a administrarlo con indiferencia, pero no es la transformación prometida.

La productividad no es una obsesión tecnocrática; es la condición material de los derechos. Sin productividad, cada nuevo derecho compite con otro uso presupuestario. Sin empresas que produzcan más valor, el aumento salarial enfrenta límites. Sin una base fiscal creciente, las pensiones, la salud, la educación, la transición energética y la seguridad dependen de recortes, deuda o ingresos extraordinarios. El gobierno puede comprar tiempo mediante transferencias. No puede comprar futuro sin transformar la producción.

Por eso redistribución y desarrollo no deben presentarse como enemigos. El problema aparece cuando la redistribución se utiliza como sustituto del desarrollo. La izquierda mexicana debería defender los avances sociales precisamente construyendo la economía que los vuelva sostenibles. Si no lo hace, terminará dejando esos logros expuestos a la restricción fiscal, a la dependencia externa y al cambio político. Una izquierda que no toma en serio la productividad entrega sus conquistas a quienes desean desmontarlas.

3. Productividad: la palabra que decide todo

La productividad es la palabra que el oficialismo evita y que, sin embargo, decide la viabilidad de su proyecto. No significa exigir a los trabajadores que se esfuercen más por el mismo salario. Significa producir más valor por hora mediante mejor maquinaria, organización, conocimiento, infraestructura, energía, financiamiento y tecnología. Significa que el país pueda elevar salarios reales, reducir jornadas, financiar derechos y sostener una moneda fuerte sin depender de la compresión salarial.

El debate mexicano suele deformar el concepto. Durante años, una parte de la tecnocracia utilizó la productividad como coartada para flexibilizar trabajo, contener salarios o justificar reformas orientadas a reducir costos. Esa apropiación ideológica volvió sospechosa una palabra que debería ser central para cualquier proyecto de izquierda. Pero abandonar el concepto porque fue usado por la derecha sería un error. La productividad no pertenece al neoliberalismo. Pertenece a cualquier sociedad que quiera vivir mejor con menos precariedad y más soberanía material.

Los datos de México son difíciles de conciliar con el discurso de transformación. La productividad total de los factores muestra una tendencia débil desde hace décadas y no existe evidencia clara de que la 4T esté aplicando un tratamiento distinto. La medición KLEMS del INEGI reporta caídas recientes y una trayectoria de largo plazo negativa. El gobierno heredó esa enfermedad estructural, pero todavía no ha mostrado que esté construyendo las instituciones capaces de revertirla. Si el indicador que resume la capacidad de combinar capital, trabajo, insumos y tecnología continúa estancado, resulta prematuro hablar de un nuevo modelo económico.

El problema no es sólo de percepción. En mayo de 2026, el Banco de México redujo su previsión de crecimiento para ese año de 1.6 a 1.1 por ciento, después de un primer trimestre más débil de lo esperado y en un entorno de inversión rezagada. La cifra importa menos por su precisión puntual que por lo que revela: incluso las previsiones oficiales siguen moviéndose en el rango de una economía que no logra escapar del bajo crecimiento. Cuando el horizonte esperado vuelve una y otra vez a tasas cercanas a las del periodo que se prometió superar, la pregunta ya no es si hubo estabilidad. La pregunta es por qué no apareció una trayectoria distinta.

La inversión ofrece otra señal de alarma. Una economía que aspira a elevar su productividad necesita ampliar y mejorar su acervo de capital: maquinaria, equipo, infraestructura, software, capacidades logísticas, laboratorios, energía confiable y sistemas de aprendizaje. Si la inversión fija se debilita mientras las importaciones crecen, una parte del impulso de la demanda termina sosteniendo producción, empleo y aprendizaje fuera de México. No toda importación es mala. Muchas importaciones incorporan maquinaria, insumos y componentes indispensables. El problema aparece cuando la economía consume e importa más rápido de lo que construye capacidades propias para responder.

Aquí se ubica una de las contradicciones centrales del proyecto. La 4T quiere una agenda social más ambiciosa sin elevar suficientemente la productividad que la financiará. Quiere sustituir importaciones sin un sistema financiero que permita a las firmas nacionales invertir. Quiere soberanía tecnológica sin una estructura empresarial capaz de absorber, adaptar y escalar conocimiento. Quiere aprovechar la relocalización sin condicionar los incentivos a aprendizaje local. No son problemas separados. Son piezas de una misma ausencia: México carece todavía de un régimen de acumulación distinto al que la 4T declaró terminado.

La productividad genera al menos tres consecuencias políticas que el gobierno subestima. La primera es fiscal: una economía que crece poco produce poco margen adicional para financiar derechos y servicios. La segunda es externa: cuando la demanda aumenta y la oferta nacional no responde, el impulso se fuga hacia importaciones. La tercera es social: la población no aspira únicamente a recibir transferencias; también espera empleos de calidad, movilidad, vivienda y un futuro mejor para sus hijos. La legitimidad distributiva puede durar años, pero no sustituye indefinidamente la experiencia cotidiana del progreso.

4. Mexicanizar la banca: soberanía financiera sin nostalgia estatista

La discusión sobre la transformación productiva conduce inevitablemente a la banca. Ningún país construye una base industrial compleja sólo con discursos, decretos o parques industriales. Necesita crédito de largo plazo, capital paciente, garantías, instrumentos de riesgo, financiamiento para maquinaria, certificaciones, diseño, prototipos, escalamiento y exportación. Sin financiamiento, la política industrial se vuelve una lista de deseos. Pedir contenido nacional a empresas que no pueden financiar su crecimiento es convertir una meta económica en voluntarismo.

Por eso la mexicanización de la banca debe volver al centro del debate, pero no en el sentido nostálgico con el que suele caricaturizarse. Mexicanizar la banca no significa expropiarla ni regresar mecánicamente al estatismo financiero de los años ochenta. Tampoco significa creer que basta con cambiar la nacionalidad de los accionistas para que el crédito sirva al desarrollo. Puede haber bancos formalmente mexicanos dedicados a extraer rentas, financiar consumo caro o comprar deuda pública sin construir capacidades productivas. También puede haber bancos extranjeros que participen en una estrategia nacional si el Estado les impone reglas, incentivos y obligaciones claras.

Mexicanizar la banca, en el sentido correcto, significa recuperar capacidad nacional de decisión sobre el crédito. Significa que una parte creciente del ahorro generado en México financie empresas mexicanas, innovación mexicana, proveedores mexicanos y proyectos productivos de largo plazo. Significa que el crédito deje de ser sólo un negocio privado y se convierta también en instrumento de desarrollo nacional. La pregunta no es únicamente quién posee los bancos. La pregunta decisiva es para qué prestan, a quién financian, bajo qué metas y con qué compromiso con la transformación productiva del país.

Mexicanizar la banca no significa cambiar la nacionalidad del banquero.Significa cambiar la función nacional del crédito.

La soberanía financiera importa tanto como la energética, la alimentaria o la tecnológica. Resulta extraño que el gobierno hable de soberanía en petróleo, electricidad, maíz, litio, vacunas, semiconductores y vehículos eléctricos, pero evite discutir quién decide el destino del crédito. Un país puede tener recursos naturales, universidades, trabajadores calificados y cercanía con el mayor mercado del mundo; si no tiene financiamiento paciente para convertir esas ventajas en empresas nacionales, seguirá dependiendo de decisiones tomadas por matrices, bancos y fondos fuera de sus fronteras.

Una mexicanización funcional tendría al menos cinco componentes. Primero, fortalecer la banca de desarrollo como coordinadora de misiones productivas, garantías, coinversiones y financiamiento sectorial. Segundo, crear obligaciones e incentivos para que la banca comercial destine una fracción verificable de su cartera a proyectos productivos de largo plazo, especialmente pequeñas y medianas empresas con potencial de aprendizaje. Tercero, articular fondos de pensiones, aseguradoras y ahorro institucional con instrumentos productivos seguros, transparentes y evaluables. Cuarto, construir bancos o fondos especializados por región y cadena de valor, capaces de conocer proveedores, riesgos tecnológicos y necesidades de escalamiento. Quinto, publicar un tablero de crédito productivo que permita saber cuánto se presta, a qué sectores, con qué plazos, bajo qué condiciones y con qué resultados.

Nada de eso equivale a entregar crédito barato sin disciplina. México ya conoció la protección sin exigencias y también la apertura sin aprendizaje. Repetir cualquiera de esos errores sería grave. La mexicanización funcional de la banca debe estar acompañada de reciprocidad: quien reciba financiamiento preferencial, garantías, compras públicas o incentivos fiscales debe comprometer inversión, productividad, capacitación, contenido nacional, exportaciones, innovación o transferencia tecnológica. El Estado debe apoyar, pero también exigir. Debe financiar, pero también evaluar. Debe acompañar, pero también retirar beneficios cuando no exista desempeño.

Éste es quizá el punto más débil de la estrategia actual. La 4T habla de Plan México, de polos de desarrollo, de sustitución de importaciones y de sectores estratégicos, pero no ha colocado en el centro la pregunta financiera. Sin banca orientada al desarrollo, el Plan México depende demasiado de inversión extranjera, recursos fiscales limitados y proyectos dispersos. La banca de desarrollo, por sí sola, no alcanza si la banca comercial continúa funcionando principalmente como intermediario conservador, concentrado en bajo riesgo, consumo, comisiones, deuda pública y operaciones de corto plazo.

Una economía que pretende industrializarse necesita que el sistema financiero comparta la ambición nacional. Sin crédito paciente no hay modernización de maquinaria, certificación, laboratorios, diseño, prototipado, escalamiento ni exportación. Sin financiamiento nacional no hay empresas mexicanas capaces de negociar en serio con proveedores globales. Sin bancos que entiendan cadenas productivas, la relocalización puede llenar parques industriales sin construir capacidades nacionales. El crédito es una forma de poder. Si México no decide hacia dónde dirige su crédito, otros decidirán qué parte de la modernidad le corresponde producir y qué parte sólo le toca ensamblar.

5. El fetichismo tecnológico: Olinia, Kutsari y Coatlicue

El otro punto ciego del gobierno es el fetichismo tecnológico. México parece enamorarse de los objetos sofisticados antes de construir el sistema que permite producirlos. Un automóvil eléctrico, un centro de diseño de semiconductores o una supercomputadora pueden ser proyectos valiosos. El problema comienza cuando la presentación del objeto se utiliza como prueba de que ya existe la estrategia capaz de convertirlo en industria.

Olinia, Kutsari y Coatlicue condensan esa tensión. México debe aspirar a diseñar vehículos eléctricos, desarrollar capacidades en semiconductores y contar con infraestructura pública de supercómputo. Renunciar a esas metas sería aceptar permanentemente la subordinación tecnológica. El problema no es la ambición. El problema es confundir el anuncio con la secuencia productiva.

Un prototipo de automóvil no equivale a una industria automotriz nacional. Para que Olinia sea algo más que un símbolo necesita empresa operadora, escala, baterías, electrónica de potencia, software, homologación, proveedores, red comercial, mantenimiento, financiamiento y compras públicas o privadas que abran mercado. Sin esa cadena, el vehículo puede existir como emblema, pero no como industria.

Un centro de diseño de semiconductores no equivale a dominar la cadena de valor. Para que Kutsari represente una estrategia tecnológica necesita clientes, propiedad intelectual, herramientas de diseño, talento especializado, encapsulado, pruebas, materiales, vínculos con universidades, capital paciente y una política de compras o demanda que permita sostener capacidades. Diseñar es importante, pero no basta si el país no construye empresas, proveedores, estándares y mercados alrededor de ese diseño.

Una supercomputadora tampoco crea soberanía por su número de operaciones por segundo. Coatlicue puede ser útil para clima, salud, energía, materiales, inteligencia artificial, agricultura o administración pública. Pero antes de convertirla en emblema nacional deberían estar definidos su portafolio de misiones, los usuarios, la gobernanza de datos, los costos de energía y mantenimiento, la formación de equipos y la relación con universidades y empresas. Una gran infraestructura de cómputo sólo se vuelve soberanía cuando forma especialistas, resuelve problemas, impulsa productos y reduce dependencias concretas. De lo contrario, el país corre el riesgo de adquirir la cima de la pirámide sin haber construido la base que permita utilizarla plenamente.

Ese es el fetichismo del objeto: creer que poseer algo sofisticado equivale a acumular capacidad. Pero la soberanía tecnológica no consiste en exhibir productos modernos; consiste en controlar procesos de aprendizaje. Corea del Sur, Taiwán, Japón y China no comenzaron por el producto más avanzado. Durante décadas construyeron acero, química, maquinaria, electrónica, bancos nacionales, escuelas técnicas, institutos de ingeniería, empresas propias y mecanismos de disciplina sobre el capital. La tecnología de frontera fue el resultado de un sistema de aprendizaje. México parece querer utilizarla como sustituto de ese sistema.

El resultado puede ser políticamente vistoso y económicamente superficial. Se presentan vehículos, chips, satélites, parques, laboratorios y supercomputadoras mientras siguen sin resolverse las preguntas básicas: quién financia a los proveedores nacionales, quién controla la propiedad intelectual, qué empresas escalarán los prototipos, qué universidades formarán técnicos, qué compras públicas abrirán mercados, qué metas de productividad justificarán los apoyos y qué ocurrirá si los beneficiarios no cumplen. Cuando el anuncio sustituye a la secuencia industrial, la política tecnológica se vuelve escenografía.

La política científica enfrenta el mismo riesgo. La creación de una Secretaría de Ciencia elevó legítimamente las expectativas. Sin embargo, una institución creada para transformar no puede pedir que se le juzgue sólo por coordinar, convocar o difundir. Ferias, encuentros, plataformas, boletines, catálogos, talleres y seminarios pueden ser útiles, pero no demuestran que una tecnología fue licenciada, que una empresa la escaló, que una importación fue sustituida o que la productividad de una rama aumentó. Una Presidencia que reivindica su carácter científico debería ser la primera en rechazar indicadores de actividad cuando necesita indicadores de resultado.

La ciencia básica debe protegerse y no toda investigación puede subordinarse a un rendimiento comercial inmediato. Esa no es la discusión. Un Estado serio financia conocimiento de largo plazo y, al mismo tiempo, construye instituciones especializadas para convertir una parte de ese conocimiento en soluciones productivas y sociales. La falsa oposición entre libertad académica y vinculación tecnológica ha permitido que México forme investigadores, publique artículos y después compre en el extranjero los equipos, medicamentos, software y componentes que necesita. Defender la ciencia sin construir industria puede terminar subsidiando las capacidades tecnológicas de otros países.

6. Plan México: metas sin máquina de ejecución

El Plan México reconoce parte del problema y contiene metas razonables. Propone elevar la inversión, aumentar el contenido nacional, generar empleo manufacturero especializado y fortalecer sectores estratégicos. El defecto no está en la ambición. Está en la distancia entre el porcentaje anunciado y los instrumentos encargados de alcanzarlo. Un catálogo de objetivos no constituye una estrategia de desarrollo mientras no exista una cadena clara de mando, financiamiento, ejecución y evaluación.

La magnitud anunciada no es menor. En febrero de 2026, el gobierno presentó un plan de inversión pública y mixta superior a 5.6 billones de pesos hacia 2030, con más de 1,500 proyectos y alrededor de 722 mil millones de pesos previstos para 2026. Pero una cifra de inversión, por grande que sea, no equivale todavía a una estrategia de desarrollo. La pregunta decisiva es qué parte de esos recursos producirá capacidades nacionales, proveedores mexicanos, transferencia tecnológica, aprendizaje industrial y empresas capaces de escalar. Sin esa traducción institucional, el Plan México puede convertirse en una cartera ambiciosa de proyectos, no en un nuevo régimen de acumulación.

Entre una meta y un resultado deben aparecer instituciones con autoridad, presupuestos multianuales, equipos sectoriales, contratos, calendarios y sanciones. Si la inversión está cayendo, el gobierno debe explicar qué instrumento cambiará la trayectoria, cuánto costará, qué dependencia será responsable y qué ocurrirá si no funciona. Si quiere elevar el contenido nacional, debe publicar una línea de base por sector, metas anuales y obligaciones concretas para cada empresa que reciba un incentivo. Sin esa información, el Plan México es una presentación de futuro, no una política capaz de producirlo.

La experiencia histórica mexicana debería haber vacunado a la 4T contra la ingenuidad. El antiguo modelo de industrialización construyó empresas, infraestructura y capacidades, pero protegió y subsidió sin exigir siempre productividad, exportaciones, innovación y reinversión. El neoliberalismo reaccionó abriendo la economía, pero no organizó el aprendizaje nacional. México protegió sin disciplinar y después abrió sin aprender. La tarea actual no es volver a cualquiera de esos extremos, sino construir un Estado que apoye y exija, que financie y evalúe, y que retire beneficios cuando no exista desempeño.

Hasta ahora, esa disciplina no está a la vista. El gobierno anuncia estímulos, polos, infraestructura y proyectos estratégicos, pero no ha presentado un régimen público e integral que vincule cada beneficio con compromisos verificables de productividad, capacitación, contenido nacional, exportaciones o transferencia tecnológica. Sin reciprocidad, la política industrial puede convertirse en subsidio a inversiones que habrían ocurrido de todos modos o en una nueva protección de rentas privadas. El nacionalismo retórico no corrige el problema si el Estado sigue sin capacidad para imponer resultados.

Una estrategia productiva no puede quedar dispersa entre Hacienda, Economía, Energía, Educación, Ciencia, la banca de desarrollo y los gobiernos estatales sin una instancia que coordine prioridades y resuelva conflictos. Sheinbaum debería encabezar un centro de productividad con autoridad política y técnica, un tablero público de metas anuales y revisiones periódicas de cada programa. No se necesita una nueva burocracia ornamental. Se necesita una máquina de ejecución capaz de conectar crédito, ciencia, compras públicas, infraestructura, educación técnica, regulación, comercio exterior y empresas nacionales.

El problema del Estado desarrollador no es solamente técnico. Es político. Un Estado de desarrollo necesita capacidad para disciplinar al capital nacional y extranjero. Debe exigir productividad, transferencia tecnológica, reinversión, formación de proveedores y aprendizaje local a cambio de beneficios. Sin esa capacidad, la política industrial administra incentivos en lugar de transformar estructuras. Puede atraer inversión, llenar parques y multiplicar anuncios, pero no necesariamente construir empresas nacionales, propiedad intelectual, ingeniería propia o salarios sostenidos por productividad.

7. La verdadera amenaza no es Trump: es la inercia

Donald Trump puede imponer costos enormes a México, amenazar el T-MEC y utilizar la relación comercial como instrumento de presión. Las derechas latinoamericanas pueden explotar la inseguridad, el enojo y la frustración. Pero ninguno de esos actores impide al gobierno mexicano crear banca de desarrollo, formar proveedores, rediseñar indicadores científicos, condicionar incentivos, publicar resultados o construir una estrategia financiera para la industrialización. Convertirlos en explicación central del estancamiento equivale a sustituir responsabilidad por narrativa.

La amenaza externa existe, pero también revela la fragilidad interna. Si una presión comercial obliga a México a preguntarse qué puede producir, qué tecnología domina, qué empresas nacionales posee, qué bancos financian su aprendizaje y qué parte de las cadenas controla, entonces el problema no comenzó con Trump. Trump vuelve visible una dependencia que el país prefirió administrar. La vulnerabilidad frente al exterior no se corrige con discursos de soberanía, sino con capacidades materiales.

Las derechas no regresan porque posean necesariamente un modelo superior. Regresan cuando los gobiernos progresistas dejan de ofrecer un futuro material creíble. Les basta con organizar el malestar de una sociedad que recibió alivio, pero no movilidad; que escuchó promesas de soberanía, pero sigue viendo dependencia; que fue convocada a una transformación, pero experimenta bajo crecimiento, servicios insuficientes y oportunidades limitadas. La propaganda puede ampliar el desencanto, pero no puede inventarlo desde cero.

El mayor riesgo para Morena no es perder una elección inmediata. Es que se consolide la percepción de que la izquierda sabe distribuir mejor, pero no sabe crear nuevas fuentes de riqueza; que puede compensar el presente, pero no construir futuro; que invoca al Estado, pero no logra convertirlo en una organización capaz de aprender, financiar y exigir resultados. Una vez instalada esa percepción, la derecha puede ganar incluso con propuestas regresivas, porque se presenta como ruptura frente a un progresismo convertido en administrador de la inercia.

Si eso ocurre, los adversarios de la 4T culparán a la redistribución y utilizarán el bajo crecimiento para atacar salarios, pensiones y derechos. La conclusión sería falsa, pero políticamente eficaz. El problema no habría sido hacer demasiado por los pobres, sino no construir la economía capaz de sostener esos avances. La tragedia de una izquierda sin estrategia productiva es que termina poniendo sus logros sociales en manos de quienes quisieran desmantelarlos.

Conclusión: la historia juzga capacidades, no intenciones

La gestión de Claudia Sheinbaum debe juzgarse con una pregunta sencilla: ¿está construyendo capacidades materiales que hagan a México productivamente distinto en 2030?

Hasta ahora, la respuesta no es convincente. El crecimiento sigue en el rango que la 4T condenó, la productividad no despega, la inversión se debilita, el crédito productivo es insuficiente, el Plan México ofrece metas sin una estructura equivalente de ejecución y la política tecnológica corre el riesgo de confundir objetos sofisticados con capacidades nacionales.

No se trata de negar los anuncios ni de minimizar la estabilidad macroeconómica. Se trata de observar que, hasta ahora, las cifras disponibles siguen apuntando a una economía de bajo crecimiento, inversión insuficiente y productividad débil. La 4T puede haber cambiado la distribución del ingreso, pero todavía no ha demostrado que esté cambiando la función productiva del país.

No hace falta afirmar que el periodo iniciado en 2018 es peor que el neoliberalismo. Basta con observar que todavía no lo supera en aquello que la propia 4T identificó como su fracaso central. Si en 2030 México continúa creciendo alrededor de 2 por ciento, con productividad estancada, baja inversión en investigación y desarrollo, empresas nacionales débiles, banca orientada al desarrollo insuficiente y dependencia tecnológica elevada, el movimiento no podrá declararse transformador únicamente porque distribuyó mejor una parte del ingreso. Habrá administrado con mayor justicia social una estructura económica esencialmente semejante.

Esa diferencia importa. Un estancamiento menos desigual es moralmente preferible a un estancamiento más desigual, pero sigue siendo estancamiento. El bienestar presente puede aliviarse con salarios y transferencias; el bienestar futuro exige productividad, inversión, ciencia conectada con industria, crédito, empresas nacionales y un Estado capaz de disciplinar apoyos. Sin esa base, los avances sociales permanecen expuestos a la restricción fiscal, a la dependencia externa y al cambio político.

La historia probablemente reconocerá que la Cuarta Transformación redujo pobreza y elevó salarios. Pero esa no era toda la promesa. La promesa consistía en construir un país capaz de generar riqueza, tecnología y bienestar por sí mismo. Si al concluir el sexenio México continúa dependiendo del ahorro extranjero, de bancos extranjeros, de empresas extranjeras y de tecnologías extranjeras, la discusión dejará de ser si la 4T fue mejor o peor que el neoliberalismo. La pregunta será más incómoda: por qué un movimiento que llegó al poder para transformar la estructura económica terminó administrándola.

La 4T todavía puede corregir el rumbo, pero ya no merece un cheque en blanco. Casi dos años son suficientes para exigir una admisión: la estrategia actual no alcanza. Repetir metas, bautizar proyectos y presentar prototipos no sustituye la construcción de un régimen de desarrollo. Los cuatro años restantes sólo tendrán sentido si el gobierno deja de tratar la productividad como un asunto técnico secundario y la convierte en el centro de su proyecto político.

La historia no juzgará a la 4T por cuántas veces derrotó discursivamente al neoliberalismo, ni por la cantidad de programas que creó, ni por el número de proyectos que anunció. La juzgará por si logró cambiar la manera en que México produce, financia, aprende e innova. Si no lo hace, no podrá culpar a Trump, a las derechas ni a la oposición. La promesa fue suya, el poder ha sido suyo y, a estas alturas, la responsabilidad también lo es.

Fuentes y nota metodológica

Este ensayo no pretende probar que cada indicador de 2018-2026 sea peor que el observado entre 1983 y 2018. La pandemia, los choques externos y las diferencias entre series volverían engañosa una comparación mecánica. El criterio es más exigente y, al mismo tiempo, más justo: determinar si el proyecto que llegó al poder para superar el estancamiento neoliberal ha comenzado a producir una trayectoria estructuralmente distinta. Por eso se examinan crecimiento, productividad, inversión, capacidad tecnológica, financiamiento y bienestar, y no sólo la distribución corriente del ingreso.

La comparación histórica se apoya en José Luis Calva, “La economía mexicana en su laberinto neoliberal”, y en diagnósticos del Banco Mundial sobre el bajo crecimiento mexicano de largo plazo. Las cifras recientes de actividad, inversión, importaciones, productividad y pobreza se apoyan en comunicados y bases del INEGI, incluidos PIB, oferta y demanda global, productividad KLEMS, pobreza multidimensional y pobreza laboral. Las previsiones macroeconómicas y la comparación de gasto en investigación y desarrollo proceden de publicaciones de la OCDE, incluido el Economic Outlook y el Economic Survey: Mexico 2026. La discusión sobre crédito productivo y financiamiento empresarial retoma información comparada de la OCDE sobre acceso de pequeñas y medianas empresas al financiamiento.

Las metas de inversión, contenido nacional y sectores estratégicos se contrastan con el Plan México. La discusión sobre ciencia, tecnología e innovación considera la información institucional de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y el Programa Especial en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 2026-2030. La lectura sobre apoyo estatal, reciprocidad, disciplina productiva y aprendizaje nacional retoma trabajos de Alice Amsden, Robert Wade, Peter Evans, Dani Rodrik, Mariana Mazzucato, Albert Hirschman, Sanjaya Lall y Joseph Stiglitz, así como argumentos desarrollados en José Romero, El Estado que protegió sin disciplinar; José Romero y Emilio Navarro, Estado, dependencia e innovación en el siglo XXI; José Romero, El T-MEC: integración subordinada en un mundo sin libre comercio; y México sin T-MEC: el shock que obligaría a pensar.