La CNTE y los límites de la CuartaTransformación
- Mar 23
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Pablo Cabañas Díaz
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha construido, durante años, una sólida crítica sobre la precarización del trabajo docente : los salarios han perdido valor, las pensiones se han individualizado y el magisterio enfrenta cada vez más incertidumbres .
Sin embargo, esa claridad en el diagnóstico no se refleja en sus propuestas.
La CNTE no ha logrado —o no ha querido— convertir su inconformidad en un programa económico claro, coherente y viable.
El problema no es menor.
Exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 implica desmontar uno de los pilares del sistema de pensiones vigente.
Revertir ese modelo y regresar a un esquema solidario no sólo supone una redefinición del gasto público, sino una reingeniería fiscal de gran calado.
¿De dónde provendrían los recursos para sostener un sistema de reparto en un país con una base tributaria débil? ¿Qué sectores asumirían el costo político de una reforma fiscal progresiva? La CNTE elude estas preguntas o las responde con generalidades que, en el terreno de la política pública, resultan insuficientes.
Esta omisión no es inocente. La Coordinadora ha encontrado en la movilización su zona de confort.
La protesta termina desplazando la necesidad de construir alternativas concretas.
Así, la CNTE corre el riesgo de convertirse en un actor que denuncia con precisión, pero que no propone en términos operativos.
Su radicalidad discursiva puede clausurar cualquier negociación que no implique una capitulación total del Estado.
En consecuencia, la presión se vuelve un fin en sí mismo y no un medio para alcanzar transformaciones sostenibles.
Pero si la CNTE exhibe una insuficiencia programática, el gobierno de Claudia Sheinbaum revela una limitación aún más preocupante: la renuncia a transformar.
La Cuarta Transformación ha hecho del combate al neoliberalismo su eje discursivo, pero en la práctica ha optado por la continuidad.
La disciplina fiscal se ha convertido en un dogma que acota cualquier reforma profunda.
No hay una propuesta seria de reforma tributaria progresiva ni un replanteamiento del modelo de financiamiento del Estado.
La presidenta enfrenta así una contradicción: prometer justicia social sin alterar los mecanismos que producen desigualdad.
Su relación con la CNTE oscila entre la contención y la evasión.
La negativa a un diálogo directo revela un poder que prefiere administrar el conflicto antes que resolverlo.
Se privilegia la estabilidad por encima de la transformación estructural.
Esta lógica, aunque funcional en el corto plazo, erosiona la legitimidad de un proyecto que se proclamó como ruptura.
Esa postura traslada el costo político hacia los movimientos sociales.
La CNTE aparece como el actor “intransigente”, mientras el Estado se presenta como garante de la racionalidad. Pero dicha narrativa simplifica en exceso el problema, pues omite que la rigidez del movimiento también es producto de un horizonte de cambio cada vez más estrecho. Cuando las alternativas se reducen, la confrontación se vuelve casi inevitable. Sin embargo, tampoco puede exonerarse a la CNTE.
Su incapacidad para construir alianzas más amplias y articular un proyecto nacional la confina a una lógica corporativa.
En lugar de impulsar una reforma del Estado, se repliega en intereses gremiales que no logran interpelar al conjunto de la sociedad.
Esta limitación debilita su capacidad de incidir más allá del ámbito educativo y la aísla en el terreno político.
El conflicto, por tanto, deja al descubierto una doble insuficiencia que se retroalimenta: por un lado, la de un movimiento que permanece atrapado en la lógica de la protesta, incapaz de articular un horizonte programático que transforme la inconformidad en proyecto político; por el otro, la de un gobierno cuyos cambios, son más cercanos al ajuste administrativo que a la reforma estructural, pero terminan por diluirse en la inercia burocrática.
No se trata de falta de voluntad, sino de una limitación más profunda: la incapacidad de ambos polos para romper con los marcos que los condicionan.
La amenaza de protestas durante el Mundial de 2026 no es sólo presión política, sino evidencia de un conflicto no resuelto.
Pero incluso esa estrategia tiene límites: la visibilidad no sustituye soluciones, ni la presión internacional garantiza cambios internos duraderos.
Así, la grieta se ensancha. De un lado, la CNTE atrapada en su radicalismo; del otro lado, un gobierno contenido por sus compromisos fiscales.
Y en medio, un país que repite un conflicto sin fin. Ese es el verdadero fracaso compartido.
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