Diego Martín Velázquez Caballero
Desde la perspectiva de la teoría de la elección racional, una constitución es semejante a un presupuesto público. Sus consecuencias afectan la vida de muchas personas y la estructuración de acciones que permiten, incentiva actores e imprevistos de toda índole. Con las debidas reservas, la reforma judicial en México tiene el escenario de una modificación constitucional.
La constitución y la dictadura, diría Emilio Rabasa, se condicionan como las antípodas de un escenario mexicano dialéctico, contradictorio y ambiguo. La imposibilidad de un extremo, permite la viabilidad del otro. Sin embargo, como se ha dicho en los análisis constitucionales latinoamericanos, las constituciones de nuestros países son quimeras y dogmas que no siempre tienen la viabilidad o congruencia. Las republicas bobas se distinguen por idealizar contratos sociales que son impracticables.
Esta triste historia se refleja en la escasa funcionalidad de las instituciones y, particularmente, en el papel del Poder Judicial. Sin embargo, los foros y opiniones de legisladores que impulsan este proyecto de inconmensurable importancia, parecen demostrar que no se sabe, bien a bien, por dónde y qué hacer.
El sistema político mexicano, e incluso México si se atiene al letrado Hernán Cortés, es un modelo fabricado por abogados. El purgatorio que representa Iberoamérica sólo acata la máxima de “léase, pero no se cumpla”. Ejecutar el contrato social, la constitución, implica salir del feudalismo patrimonialista del Modelo Habsburgo. De ese tamaño es el problema histórico de la reforma judicial. Sin saberlo, quizá Morena está proponiendo una reforma como la de 1857, lo que exige una clase política e intelectual como los ilustres letrados liberales de aquella época. Y, la mayor de las veces, no se encuentran en los monreales del presente.
El peso de la reforma judicial es semejante al de la segunda mitad del siglo XIX. Las consecuencias del liberalismo juarista están en la historia patria y, para aprender del pasado, es necesario explicar y ampliar el debate sobre el futuro jurídico en nuestro país con personajes proporcionales al tamaño de la empresa. Licenciados cachirules, trampitas y jerásimos no pueden conducir los foros y debates respecto de la reforma judicial. El tránsito de la herencia románica a la tradición anglosajona implica cambios trascendentales en nuestras instituciones, el debate honesto sólo se cultiva con promotores adecuados al proyecto. No se debe preparar del andamiaje constitucional un caldo de brujas que, después, represente un potaje desagradable para la sociedad.
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