Las campañas municipales agresivas

Diego Martín Velázquez Caballero

A pocos días del inicio de las campañas en Veracruz, la violencia política ya ha dejado una estela de candidatos asesinados, secuestrados y agredidos. Este panorama sombrío revela una escalada de agresividad en la competencia política mexicana, donde la seguridad de quienes aspiran a ser votados y de los ciudadanos que desean votar parece quedar en un segundo plano.

Ante este escenario, resulta imperativo replantear las estrategias de campaña, explorando alternativas que permitan impulsar las propuestas sin exponer a los actores políticos a riesgos innecesarios. Mientras el clientelismo y el corporativismo sigan siendo prácticas arraigadas, la contienda electoral continuará transitando por senderos inciertos y peligrosos, especialmente ante el auge de fenómenos antipolíticos.

El perfil de los candidatos y la garantía de seguridad durante las campañas y la jornada electoral son responsabilidades ineludibles del Estado. ¿Qué está fallando entonces? ¿Estamos presenciando la alarmante conversión de violencia y política en sinónimos? Los OPLES deben contemplar las consecuencias de abrir el juego en formas descuidadas y ligeras.

En este contexto, el feuderalismo bárbaro exige una participación más activa, vigilante e inteligente de la administración federal en los procesos locales. La reciente discusión en el sexenio peñanietista sobre la posible desaparición de municipios vinculados a la narcopolítica o con altos índices de corrupción subraya la urgencia de un mayor control y supervisión en diversas regiones del país, donde la violencia se manifiesta como un síntoma de la fragilidad institucional.

Cuando las campañas electorales se tiñen de violencia, la esencia misma de la política se desvanece. Los diálogos se sustituyen por plomo y drones, desnaturalizando por completo la contienda partidista.

La implementación de urnas electrónicas y el fortalecimiento de las campañas mediáticas se presentan como herramientas cruciales para reducir la exposición física de candidatos y partidos, minimizando así los riesgos asociados a la búsqueda tradicional de electores y simpatizantes. Incluso la corrupción y perversión del voto pueden controlarse con estas tecnologías.

En aquellos municipios donde la violencia política se manifieste de manera alarmante, se debería considerar incluso la disolución administrativa y la suspensión de las autoridades locales como una medida excepcional para restablecer el orden y la seguridad.

En definitiva, la presencia activa y efectiva del Estado se vuelve más que nunca indispensable. Sin embargo, la participación comprometida y vigilante de la sociedad civil tampoco puede quedar relegada. Es momento de exigir garantías y construir juntos un entorno político seguro y democrático.