México: El inventario de las sombras

Pablo Cabañas Díaz

La violencia de nuestro tiempo, según Giorgio Agamben —uno de los pensadores que mejor ha descifrado la arquitectura invisible del poder en el siglo XXI—, no se expresa únicamente en su dimensión física ni en la crudeza de sus cifras, sino en un mecanismo más silencioso y devastador: la producción sistemática de lo que denomina la “nuda vida” es decir, la vida despojada de derechos, dignidad política y valor social.

No se trata solo de una categoría teórica, sino de un dispositivo histórico cuya raíz se encuentra en el Homo sacer del derecho romano arcaico: aquel individuo expulsado simultáneamente del orden humano y del orden divino, cuya eliminación no constituía ni homicidio ni sacrificio.

En esa figura límite se revela la esencia del poder soberano: la capacidad de decidir no solo sobre la vida, sino sobre el valor mismo de esa vida dentro del orden político.

Esa lógica de exclusión radical no pertenece al pasado.

Hoy reaparece, con ropajes administrativos y lenguajes técnicos, en el corazón de las instituciones contemporáneas.

El individuo es reducido a su mínima expresión biológica, despojado de toda investidura jurídica y convertido en una cifra que puede desaparecer sin perturbar el funcionamiento del sistema.

Giorgio Agamben advierte que el “estado de excepción” ha dejado de ser una anomalía para convertirse en una forma de gobierno permanente, donde la ley se suspende en nombre de su propia preservación.

En ese espacio, la legalidad ya no protege: administra la exclusión.

México, bajo esta perspectiva, no enfrenta únicamente una crisis de seguridad, sino una fractura profunda, en la que amplios sectores de la población han sido expulsados, de facto, del ámbito de protección del Estado.

Esa crisis del orden jurídico adquiere una dimensión concreta en el “Informe sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas”, presentado el 27 de marzo de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

El documento, en su aparente neutralidad técnica, revela una herida abierta: 132 mil 534 personas desaparecidas.

La distribución temporal de la cifra no es menor.

Mientras 2 mil 356 casos se inscriben en el largo periodo que va de 1952 a 2025, la gran mayoría —130 mil 728 registros— se concentra a partir de 2006, evidenciando un punto de quiebre en la relación entre el Estado, la violencia y la vida.

Así lo señaló Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al presentar una estadística que, más que esclarecer, pone en evidencia la magnitud de lo que ha dejado de ser excepcional para convertirse en estructura.

Este inventario no es únicamente un registro: es la expresión tardía de un Estado que intenta ordenar, mediante categorías administrativas, una catástrofe que lo ha rebasado.

La base de datos se convierte así en un sustituto precario de la justicia, en un archivo que pretende contener lo que en realidad desborda toda capacidad institucional.

Lo que está en juego no es la eficiencia de un sistema de información, sino la posibilidad misma de que una comunidad se reconozca en sus propias ausencias.

Como ha planteado el sociólogo Gabriel Gatti, la desaparición no puede entenderse únicamente como la ausencia física de un cuerpo.

En su obra Desaparecidos, escrita desde la experiencia personal, sostiene que este fenómeno implica la destrucción de la identidad y del lenguaje que la hace posible.

La desaparición es, en ese sentido, un colapso del significado: un territorio donde el sujeto queda suspendido, sin posibilidad de ser nombrado ni reconocido.

En este contexto, la dimensión técnica del problema revela su carácter político.

De las 132 mil personas desaparecidas, 46 mil 742 registros —cerca del 35 %— carecen de información suficiente para iniciar una búsqueda efectiva.

No se trata de una falla menor, sino de una forma de exclusión estructural.

El sistema admitió nombres incompletos, apodos sin contexto, identidades fragmentadas como “Juanito” o “La Niña”, condenando a miles de personas a una desaparición adicional: la desaparición administrativa.

Al negarles la posibilidad de ser plenamente identificados, se les inscribe en la lógica de la “nuda vida”: existen, pero no cuentan; están, pero no son reconocidos.

La burocracia deja de ser un instrumento de orden para convertirse en un mecanismo de borrado.

Frente a esta realidad, la acción de los colectivos de familiares emerge como una forma de resistencia que desborda las instituciones.

Son ellos quienes, ante la ausencia del Estado, han asumido la tarea de buscar, nombrar y reconstruir las historias interrumpidas.

Su lucha no es únicamente por encontrar cuerpos, sino por restituir el sentido, por devolverle a cada vida su lugar en la memoria colectiva.

En esa búsqueda se redefine el significado mismo de lo político: no como administración, sino como responsabilidad ética frente al otro. En última instancia, el inventario de las sombras no es solo un recuento de ausencias, sino un espejo incómodo en el que se refleja la crisis moral de una nación. Allí donde el Estado falla, la historia insiste.

Y en esa insistencia, cada nombre pendiente, cada identidad incompleta, cada búsqueda inconclusa, se convierte en una exigencia ética que ninguna estadística puede silenciar.

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