Periodismo o injerencismo

Política para todos.

Otto René Cáceres Parra.

La reciente publicación, en días pasados, de The New York Times (NYT), en la que se revela que al menos una decena de funcionarios de MORENA han sostenido contactos con autoridades estadounidenses para ofrecer información sobre sus propios compañeros de partido, ha desatado una respuesta oficial que merece un análisis cuidadoso.

Más allá de la veracidad o falsedad de los señalamientos, cuya comprobación corresponde a los hechos y no a las opiniones, la discusión pública se desplazó hacia dos cuestionamientos planteados por la mandataria: cuestionar la metodología del periódico por no revelar sus fuentes, así como calificar la nota como un acto de injerencia extranjera. Ambas posturas, aunque políticamente comprensibles, requieren de una reflexión objetiva acerca de lo que implica el periodismo de investigación y la cobertura internacional.

En principio, desde el poder ejecutivo se ha intentado desacreditar dicho trabajo periodístico, señalando el no revelar sus fuentes, objeción que omite uno de los pilares éticos más básicos del periodismo: el derecho y el deber de los reporteros de proteger la identidad de sus informantes. En este sentido, un periódico no puede, ni debe, revelar sus fuentes cuando estas han solicitado el anonimato para proteger su seguridad, especialmente en un contexto tan delicado como las investigaciones sobre vínculos entre el crimen organizado y el ámbito político. Sin esa garantía de confidencialidad, buena parte de las investigaciones sobre corrupción, crimen organizado, abusos de poder o violaciones a derechos humanos, entre otras, simplemente no existirían. Si algo hemos aprendido en la historia del periodismo moderno, es que muchas de las investigaciones más importantes han sido posibles gracias a fuentes cuya identidad permaneció reservada.

En este sentido, es importante distinguir entre un trabajo periodístico y un trabajo académico. En la investigación científica es indispensable documentar y hacer verificables las fuentes para que otros investigadores puedan reproducir, analizar o debatir los resultados, mientras que el periodismo opera bajo una lógica distinta, consistiendo su obligación ética en corroborar la información mediante procedimientos editoriales rigurosos, no en exponer públicamente a quienes proporcionan los datos. Naturalmente, el uso de fuentes reservadas no convierte automáticamente una información en verdadera, así como tampoco exime al medio de su responsabilidad de verificarla. Sin embargo, la credibilidad de un periódico no depende de revelar nombres, sino de su historial de rectificaciones cuando se equivoca, así como del rigor editorial con el que valide la información antes de publicarla.

Un segundo aspecto es la acusación de injerencismo formulada contra del NYT, argumento discutible, ya que el periódico, en sentido estricto, no se encontraba desarrollando una investigación sobre un proceso interno mexicano, sino informando al público norteamericano acerca de presuntas investigaciones realizadas por autoridades de dicho país respecto a actores políticos mexicanos; diferencia sustancial ya que el artículo no relata una operación encubierta del gobierno de Estados Unidos contra México, ni un acto unilateral en territorio nacional, sino llevar a cabo una descripción de un proceso que ocurre en aquel país, es decir, funcionarios estadounidenses que reciben información de ciudadanos mexicanos que, por diversas razones, deciden cooperar con su sistema de justicia, tratándose, por tanto, de una cobertura sobre un asunto que le compete al gobierno estadounidense, aunque con profundas implicaciones para México al involucrar a sus funcionarios. Por tanto, señalar al periódico por cubrir un proceso en la esfera de acción de Washington es tan erróneo como el que los Estados Unidos acusara de injerencista a la prensa mexicana por cubrir los procesos judiciales de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de funcionarios norteamericanos. En este sentido, establecer que la cobertura periodística internacional pueda convertirse en una intervención política, supone atribuir al medio funciones que corresponden, en realidad, a los gobiernos. Un periódico informa, un Estado interviene. La diferencia no es menor.

Sin embargo, la postura de la presidenta tampoco puede desestimarse por completo. Existe una dimensión de soberanía nacional que merece ser considerada con seriedad. Cuando investigaciones estadounidenses involucran a funcionarios mexicanos en activo, particularmente si se relacionan con delincuencia organizada o seguridad nacional, sus efectos trascienden el ámbito estrictamente periodístico, ya que dichas repercusiones pueden afectar la relación bilateral, la estabilidad política interna, la confianza en las instituciones, e incluso, la percepción internacional sobre el Estado mexicano. En este sentido, la defensa de la soberanía nacional es un aspecto que debe tomarse en serio puesto que sí toca una fibra sensible de la relación bilateral. La nota del NYT describe una situación inédita y profundamente delicada: funcionarios, algunos de ellos gobernadores y senadores, que supuestamente actúan como informantes de un gobierno extranjero en contra de miembros de su propio partido, condición que, de ser cierta, no solo hablaría de una fractura interna en MORENA, sino que colocaría a dichos funcionarios en una posición que podría interpretarse como una vulneración a los principios de lealtad y confidencialidad que rigen el servicio público mexicano. Por tanto, la preocupación presidencial de la presidenta Sheinbaum por la seguridad nacional es totalmente válida ante la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos tenga o alimente una red de informantes en la cúpula política mexicana, hecho que, por su propia naturaleza, afectaría indudablemente la soberanía del país, así como la estabilidad de su gobierno, siendo aquí donde el discurso oficial encuentra un terreno más sólido, puesto que la nota de un periódico extranjero, basada en fuentes anónimas, pone en evidencia un problema real de seguridad e integridad nacional que la actual administración no puede ni debe ignorar.

Desde dicha perspectiva, es comprensible que la presidenta reclame prudencia, sustento probatorio y respeto al debido proceso, antes de que señalamientos provenientes del extranjero sean asumidos como verdades definitivas. En este sentido recordemos que la defensa de la soberanía implica, precisamente, evitar que decisiones, investigaciones o narrativas externas sustituyan las competencias de las instituciones nacionales. Por tanto, el gran desafío para la administración no debería ser debatir con el NYT sobre la validez de su reportaje, sino preguntarse qué condiciones internas han llevado a que una parte de su propio partido busque la protección de un gobierno extranjero. En sentido estricto no sería la primera vez que funcionarios mexicanos colaboraran como informantes de las autoridades norteamericanas. Documentos desclasificados de la CIA identifican a los ex presidentes Gustavo Díaz Ordaz como LITEMPO-2 y a Luis Echeverría Álvarez como LITEMPO-8, dentro de una red de contactos de inteligencia establecida durante el periodo de la Guerra Fría, siendo esa una historia para una futura ocasión.

Y usted, ¿ya leyó el periódico hoy? Seguiremos atentos.

@ottorenecaceres