Política para todos

Otto René Cáceres Parra.

Huachicol Fiscal y la captura

La práctica del huachicol en nuestro país tiene una larga data. Para entenderlo, debemos remontarnos hasta el origen mismo de la palabra, el cual podemos rastrear en diferentes momentos; como proveniente de la alocución latina aquati, que significa “aguado”, término que durante el siglo XVI aludió a una técnica utilizada en el arte de la pintura, la cual consistía en diluir los pigmentos en agua. Esta palabra se habría utilizado en Francia, transformándose en “gouache” conservando su significado. Al llegar, en el siglo XIX, esta técnica a nuestro país, se refirió a ella como “pintar a la guach”, vocablo que también podemos encontrar en la cultura maya como huach para referirse a “ladrón”, añadiéndose el sufijo “col” en referencia a una actividad ilegal.

En México, a los vendedores de tequila que, para obtener más ganancias, diluían las bebidas con agua (posteriormente llevarían a cabo la adulteración de las mismas a través de un inapropiado proceso de destilación, provocando cefaleas -dolores de cabeza, rostro o cuello-, ceguera por daño del nervio óptico y/o la muerte) se les comenzó a nombrar con el apelativo de guachicolero o huachicolero, llamándoles con el paso del tiempo, y en clara referencia a dicha práctica, a los comerciantes de combustible que rebajaban la gasolina o el petróleo para obtener, igualmente, pingües ganancias.

En la actualidad, el término huachicolero se utiliza para señalar a la persona dedicada al robo, traslado ilegal y venta de hidrocarburos (petróleo y gasolina principalmente), práctica que comenzó a llevarse de manera organizada desde los años noventa del siglo pasado, iniciando en Puebla, Hidalgo y Veracruz, como una actividad concentrada en los círculos de PEMEX y sus trabajadores, siendo la ordeña de pipas o barcos, actividades que ocurrían con regularidad. De hecho, una de las primeras investigaciones periodísticas al respecto data de 2001, dando cuenta de una banda dedicada a la extracción y comercialización clandestina de gasolina en diversas regiones del norte de Veracruz, conocida como “Los Chupaductos”. Con el paso del tiempo, esta actividad se fue profesionalizando, pasando de tomas clandestinas precarias, alrededor de 180 en el año 2000, y más de 700 en 2010, a unas mucho más sofisticadas a lo largo de los oleoductos de PEMEX, calculándose que se ha transitado, desde entonces, a 81 mil 352 tomas clandestinas activas en todo el país.

Lo que comenzó como una actividad llevada a cabo por los mismos empleados de la petrolera, se transformó en dominio de organizaciones delictivas, como el cártel Santa Rosa de Lima, hasta ser considerado un negocio altamente lucrativo y rentable por organizaciones criminales más grandes, transformándose un tema de relevancia en 2006, al involucrarse en el mismo, empresarios, transportistas, personas relacionadas con el sector energético, aduanas, entre otros. Baste recordar cómo se vendían, y sigue sucediendo, bidones con gasolina a precios accesibles, en ventas a pie de carretera, a lo largo y ancho del territorio nacional.

Esta actividad, que al principio fue, hasta cierto punto, tolerada por las autoridades, ya fuera por acción u omisión, se ha transformado en un negocio multimillonario, tomando otro cariz delictivo, el cual ha sido llamado huachicol fiscal, término referido ya no sólo a lo llamado coloquialmente “pinchazos de ductos”, sino a una modalidad de contrabando de hidrocarburos en la que combustibles como el diésel o la gasolina se introducen y descargan en el país, bajo la apariencia de productos exentos de pagar ciertos impuestos, por ejemplo, aditivos, alcoholes o lubricantes, evadiendo con ello el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) u otros gravámenes fiscales. Esta práctica, diferente al huachicoleo clásico, que involucra la toma clandestina de ductos, ha cobrado relevancia por su escala, su sofisticación y por la implicación que en el mismo tienen diferentes actores institucionales, significando un quebranto millonario para el país costando al erario alrededor de 177 mil millones de pesos al año, equivalentes a 9,200 millones de dólares, favoreciendo a empresas fachada y distintos operadores.

En este contexto, las arcas del Estado, programas sociales, presupuesto, pago a entidades, entre otras, se ven afectadas al ser dinero que se deja de recaudar causando un déficit hacendario que se traduce, entre otros, en recortes y retrasos. La magnitud de este tipo de delito es una amenaza de seguridad nacional que debe atacarse a partir de esfuerzos que involucren el reforzamiento de la legislación aduanera, así como el incremento de las restricciones y vigilancia en las aduanas, con especial atención en los agentes aduanales e instituciones claves como la Defensa, Guardia Nacional y Marina, esta última, dado el involucramiento que ha experimentado en esta trama de corrupción, asesinatos, suicidios, accidentes mortales, así como contubernios empresariales, políticos e institucionales, que involucran a funcionarios de alto nivel, incluso, la instalación de una comisión especial o la Bicamaral de Seguridad Nacional en el Congreso, como contrapeso efectivo,

Y si el huachicol fiscal no fuera poco, el viernes pasado por la noche nos fuimos a dormir con la noticia de la captura, en Paraguay, de Hernán Bermúdez Requena, líder de la organización criminal “La Barredora”, y quien fuera secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Tabasco cuando el senador, y aún coordinador de la bancada de MORENA en la cámara alta, Adán Augusto López Hernández, se desempeñó como gobernador de la entidad y como secretario de Gobernación en el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya lo hemos adelantado aquí en otras entregas, dependerá de las declaraciones de Bermúdez Requena (como las del Mayo Zambada) para terminar de armar el rompecabezas que permea este y otros asuntos, así como del probable, o no, involucramiento del senador López Hernández en esta trama, y de otros funcionarios, tales como el ex director el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), general Audomaro Martínez Zapata, e incluso del mismo expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

A raíz de estos acontecimientos, las preguntas se agolpan ¿tenía o no conocimiento el presidente Obrador, el senador Adán Augusto, el ex director del CNI, el Fiscal General de la República, entre otros, sobre tales sucesos? y si lo sabían, ¿porqué no se actuó? ¿responde esto a la presión norteamericana en cuanto a incrementar los esfuerzos para desmantelar las organizaciones criminales (narcoterroristas) o es genuinamente un esfuerzo por atacar la corrupción institucional caiga quien caiga? ¿se está llevando a cabo una limpia gubernamental interna que involucra a cuadros destacados del partido gobernante para sacudirse el peso e influencia del ex mandatario o es resultado de la estrategia de seguridad basada en la generación de productos de inteligencia?

Habrá quienes empiecen a temblar, otros que pongan sus barbas a remojar y otros más que se froten las manos. Hagan sus apuestas. Estaremos atentos.

@ottorenecaceres

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