Diego Martín Velázquez Caballero
Hace unas cuantas semanas, casi a días de haber tomado posesión, el reciente gobernador de Puebla Sergio Salomón Céspedes hizo una petición a los presidentes municipales para asignar el 25% del presupuesto público al tema de seguridad. Sin embargo, la situación que se ha generado en Sinaloa y los propios datos de la inseguridad en Puebla, dejan entrever la nula capacidad de los alcaldes para apoyar de manera digna el bienestar de sus ciudadanos, así como la incomprensible petición del gobernador. Tan sólo en el cumplimiento de correspondencia relacionado policía/ciudadano, la mayor parte de los municipios poblanos no lo cumplen, ¿Qué otra monstruosidad puede surgir al hablar de capacitación, protocolos, armamento o infraestructura?
Antes del fallecimiento de Miguel Barbosa, Puebla ocupaba -a nivel de entidades estatales- uno de los espacios más graves de inseguridad, por tal razón, aunque la sugerencia de Salomón Céspedes tiene una intención positiva, los resultados no van a beneficiar a Puebla. El politólogo Mauricio Saldaña del ICGDE-BUAP, aportaba elementos científicos para evidenciar el delicado nivel que ha alcanzado el delito del huachicol, narcotráfico, feminicidios, lavado de dinero, impunidad, secuestros y extorsión; así como la importancia de construir políticas públicas inteligentes para, al menos, hacer “algo” en contra del crimen que priva en Puebla desde hace varios años.
Se ha referido constantemente el estudio de María Amparo Casar, intitulado “El municipio una institución diseñada para el fracaso”, de manera que sirva para evidenciar que lo que ha ocurrido a nivel estatal: el feuderalismo; también se reproduce a nivel municipal. Bien se le podría denominar alcaldehueteria, pero las ciencias sociales ya han trabajado con mucha anterioridad el tema y, en lugar de significar neologismos inútiles, se toma el vocablo precolombino de cacicazgo.
Tal parece que el gobierno estatal no quiere asumir su responsabilidad y propone una petición gentil a los personajes que encabezan la criminalidad a escala micro. El Legislador Castillo que encabeza la presidencia de la comisión permanente, bien podría informar sobre estas circunstancias al pertenecer a una de las regiones más violentas y criminales de la entidad. Es lo que se ha podido ver en la experiencia de Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa. La narco política tiene más que rodeados a los presidentes municipales, como ocurre en muchos estados del país y Puebla no es la excepción.
El federalismo ha servido para exponenciar las patologías del patrimonialismo, cacicazgo y clientelismo.
Desde el sexenio de Rafael Moreno Valle existe una contradicción entre los gobiernos estatales y locales respecto del tema de la policía municipal y la seguridad. El gran perdedor ha sido la sociedad y los resultados se encuentran todo el tiempo en la nota roja. Los incrementos en la inseguridad crecen implacablemente por la incapacidad y corrupción que privan en los gobiernos municipales a lo que el gobernador “intenta” persuadir.
La seguridad pública en Puebla ya es uno de los principales problemas que los futuros aspirantes al gobierno estatal deben considerar en serio, resulta fundamental evitar las soluciones que en el pasado han demostrado su fracaso, las policías municipales no sirven para mucho y lo más importante es retirarles el presupuesto a los alcaldes de las zonas más violentas del estado para
desarrollar mejor a la policía estatal, o bien, desarrollar programas interestatales que en el pasado han servido para evitar el efecto cucaracha de la delincuencia. Lo más importante radica en que el gobierno del estado no debe continuar desmantelando, como hizo Moreno Valle y no lo pudieron evitar los subsiguientes gobernantes, la estructura judicial necesaria para vincular delitos y aplicar la ley; confiar en la capacidad de los alcaldes -principalmente en el interior del estado- para luchar contra el crimen, es semejante a entregar Roma a Nerón
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