¿Qué reforma la Reforma?

Política para todos.

Otto René Cáceres Parra.

La reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum ha desatado una tormenta política inesperada. Lo que comenzó como una promesa de campaña para reducir costos y simplificar el sistema electoral mexicano se ha convertido en una verdadera prueba de fuego para la coalición oficialista. El rechazo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) en los términos planteados por el ejecutivo federal, plantea un futuro incierto en el Congreso, donde MORENA, por si sólo, con 253 legisladores, no alcanza la mayoría calificada de dos tercios (334 votos) para la aprobación de reformas constitucionales.

En nuestro país, el debate en cuanto a reformas electorales constituye uno de los capítulos más recurrentes en la historia política. Desde los años 70’s del siglo pasado, el sistema electoral mexicano ha sido objeto de múltiples transformaciones institucionales orientadas a garantizar mayor equidad en la competencia política, fortalecer la representación y dotar de legitimidad a los procesos electorales. La reforma de 1977 impulsada por el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, introdujo la figura de diputados de representación proporcional (plurinominales) como una manera de legitimación del sistema ante la ciudadanía, al permitir la incorporación de las fuerzas políticas de históricamente marginadas; en 1988 se lleva a cabo un proceso de rediseño institucional que culminaría con la creación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) -hoy Instituto Nacional Electoral (INE)- adquiriendo autonomía constitucional en 1996, siendo el responsable, a partir de entonces, de organizar los procesos electorales federales, sucediendo en estas tareas a la secretaría de Gobernación, redefiniendo a la vez el financiamiento a los partidos políticos como mecanismo para equilibrar la competencia; las reformas de 2007 y 2014 introdujeron modificaciones sustantivas en materia de fiscalización, propaganda política y regulación de medios, así como la creación de nuevas instituciones electorales (OPLES) para la organización de elecciones locales, brindando certeza y transparencia a los procesos comiciales, fortaleciendo con ello el sistema democrático representativo, entre otros.

Derivado de esta trayectoria histórica, la reforma electoral propuesta por la presidenta Sheinbaum, busca introducir cambios estructurales en el modelo de representación política y el financiamiento al sistema de partidos, teniendo como unos de sus puntos principales: la reducción de 100 diputados plurinominales (quedando en 400); la desaparición de 32 senadores por el mismo principio (quedando en 96); modificar la forma de elección de los diputados plurinominales no dependiendo exclusivamente de las listas partidistas como componente más cercano a los ciudadanos, reduciendo con ello la influencia, poder y control de las cúpulas partidistas en la definición de candidaturas; disminución de un 25% del financiamiento público a los partidos políticos; la reducción del presupuesto destinado a las autoridades electorales; disminución en los tiempos de radio y televisión; la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); prohibición de reelección consecutiva e inmediata; heredar cargos a familiares directos; entre otros.

El fondo de la discusión sobre dichas modificaciones es tener la certeza si realmente representan una racionalización del gasto público o un retroceso en los mecanismos que garantizan pluralidad y transparencia. En este sentido, más allá de las implicaciones técnicas, dicha reforma tiene un profundo significado político para la presidenta Sheinbaum en términos políticos, personales y simbólicos, ya que representaría no sólo cumplir con uno de sus 100 objetivos de gobierno propuestos desde la campaña presidencial, sino también responder y fortalecer la narrativa de austeridad republicana impulsada por el movimiento de la 4T, en un contexto de reducciones presupuestales en donde la idea de recortar el financiamiento a los partidos y optimizar la estructura electoral resulta atractiva para un electorado que percibe a la clase política como privilegiada; así como ser un elemento más para impulsar su propia agenda, marcando distancia con el gobierno anterior del ex presidente López Obrador, permitiéndole consolidar con ello su liderazgo político frente a MORENA y la opinión pública, reforzando a la vez su capacidad de iniciativa y conducción.

Y es precisamente en el terreno político donde el significado se vuelve más complejo, debiendo enfrentar una resistencia inesperada, la de sus propios aliados. Tanto el PVEM como el PT han hecho públicas sus reservas y rechazos a diferentes puntos de la iniciativa presidencial, manifestando dichos desacuerdos una tensión estructural dentro de la coalición legislativa, representando una fisura importante en el bloque que ha sostenido al partido en el gobierno desde 2018. Mientras MORENA busca consolidar su predominio político por medio de un rediseño institucional que privilegia la competencia mayoritaria, sus aliados perciben la reforma como una amenaza a su supervivencia política, representando una señal de alerta para el oficialismo, ya que una reforma de este calado requiere llevar a cabo modificaciones constitucionales que requieren mayoría calificada en el Congreso, encontrándose la iniciativa, sin dicho respaldo, en serias dificultades para su aprobación, mientras que el bloque opositor (PRI, PAN, MC) la consideran un retroceso democrático que privilegia al partido en el gobierno en menoscabo de los demás, siendo omiso a la vez acerca de las consecuencias derivadas del financiamiento y apoyos que pudieran provenir por parte del crimen organizado, entre otros.

Las implicaciones de esta potencial ruptura se proyectan hacia las elecciones intermedias de 2027, en donde, el domingo 6 de junio, se renovará la totalidad de los 500 diputados federales, 17 gubernaturas, congresos locales y más de 1,000 ayuntamientos, así como los cargos pendientes de la reforma al Poder Judicial Federal tras la elección de 2025. En este contexto, la decisión del Partido Verde y el Partido del Trabajo de no respaldar a la presidenta puede interpretarse como un movimiento estratégico de cara a la competencia política futura, buscando preservar los mecanismos institucionales que les permitan mantener posiciones legislativas y capacidad de negociación dentro del sistema político, compitiendo con candidatos propios de manera más autónoma y/o condicionar a MORENA su apoyo en las entidades donde tuvieran mayor fuerza y presencia.

Sin embargo, esto sería a la vez un arma de doble filo, al poder reconsiderar, algunos de sus integrantes sus lealtades, siendo beneficiados por palacio presidencial, dejando en una suerte de desventaja a estos partidos, así como reafirmar el discurso ante el electorado acerca de su negativa a ser partícipes de la consolidación de un sistema electoral menos oneroso y más justo, pudiendo representar con ello una disminución en sus intenciones de voto y/o afiliados.

La moneda está en el aire. Estaremos atentos.

@ottorenecaceres

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