Seguridad bajo presión externa

José Romero

El debate que México evita ya no es ideológico. Es una decisión en curso. El país está optando —por acción o por omisión— entre convertirse en un Estado desarrollador o consolidarse como administrador eficiente de una integración subordinada. No es un dilema futuro. Es una trayectoria que ya se está definiendo.

La diferencia no es semántica. Un Estado desarrollador no se limita a preservar estabilidad macroeconómica ni a regular mercados. Interviene selectivamente, coordina sectores estratégicos, disciplina capital, protege aprendizaje tecnológico y orienta crédito hacia actividades que expanden capacidades nacionales. No espera que la apertura comercial produzca escalamiento productivo. Lo construye.

En contraste, un Estado gestor administra equilibrios. Garantiza disciplina fiscal, mantiene apertura comercial, facilita inversión extranjera y contiene tensiones externas. Puede ser ordenado y prudente. Pero no altera la jerarquía productiva. Opera dentro de los límites heredados y, con el tiempo, los convierte en destino.

México no está ante una disyuntiva abstracta. Está consolidando un patrón. La estabilidad macroeconómica se ha vuelto el principio rector de toda decisión pública. El equilibrio fiscal delimita el horizonte de la política industrial. El T-MEC se asume como una estructura dada, más que como un instrumento que puede ser reconfigurado desde un proyecto nacional. La inversión extranjera se presenta como evidencia suficiente de progreso. Pero el desarrollo no es acumulación de flujos. Es acumulación de capacidades.

Esta no es una desviación menor. Es una forma de inserción. México exporta manufacturas complejas con alto contenido importado, depende del ciclo estadounidense y carece de plataformas tecnológicas propias con alcance global. La proximidad geográfica ha sido una ventaja logística. No una estrategia industrial. Y lo más delicado: esta situación ya no se discute como problema, sino que empieza a aceptarse como normalidad.

Un Estado desarrollador entiende que la inserción internacional es un terreno de disputa. Utiliza compras públicas estratégicas para impulsar proveedores nacionales. Activa banca de desarrollo para financiar sectores con potencial tecnológico. Condiciona incentivos a la transferencia de conocimiento. Define metas de contenido nacional. Protege temporalmente industrias nacientes mientras escalan. Vincula universidades con industria bajo objetivos claros.

Nada de esto implica ruptura con el comercio internacional. Implica dirección. Corea del Sur no se limitó a atraer inversión; construyó conglomerados nacionales. China no solo exportó; creó capacidades tecnológicas propias. Vietnam no se conformó con ensamblar; integró proveedores locales. En todos los casos, la apertura estuvo subordinada a un proyecto.

En México, en cambio, la prudencia fiscal se ha convertido en límite estructural. Se asume que cualquier intervención ambiciosa pondría en riesgo la estabilidad. Pero esa prudencia permanente tiene un costo histórico: convierte la estabilidad en mecanismo de reproducción de la dependencia. La disciplina sin proyecto no es virtud. Es restricción internalizada.

Aquí está el punto que el debate público elude: el desarrollo implica conflicto. Implica reordenar intereses, negociar con capital transnacional, aceptar tensiones comerciales temporales y ejercer poder estatal de forma deliberada. No es un proceso neutro ni cómodo. Por eso mismo, no ocurre por inercia.

Lo que sí ocurre por inercia es la resignación estratégica. Esa que celebra récords de inversión sin alterar la estructura que los contiene. Que amplía transferencias sociales sin modificar la base productiva que las sostiene. Que invoca soberanía mientras preserva intactos los mecanismos que la limitan.

La historia económica es clara: el comercio puede expandirse indefinidamente sin modificar la posición relativa de un país en la jerarquía tecnológica global. Sin industria nacional fuerte, sin innovación propia y sin financiamiento productivo orientado, la integración no corrige asimetrías. Las consolida.

México no necesita más retórica desarrollista. Necesita arquitectura desarrolladora. Eso implica definir sectores prioritarios con claridad —semiconductores, electromovilidad, farmacéutica, agroindustria avanzada— y coordinar política industrial, tecnológica y financiera bajo metas verificables. Implica fortalecer la banca pública, invertir en formación técnica e ingeniería, reconstruir cadenas nacionales de suministro y diversificar socios estratégicos para ampliar margen geopolítico.

Nada de esto es radical. Es lo que hicieron los países que hoy compiten en condiciones menos desventajosas. Lo verdaderamente radical es suponer que la cercanía con Estados Unidos y la llegada de inversión extranjera resolverán por sí mismas una brecha estructural que lleva décadas profundizándose.

La estabilidad macroeconómica es condición necesaria, pero no suficiente. Sin dirección estratégica, la estabilidad se convierte en administración de dependencia. Y lo que hoy se presenta como prudencia puede terminar siendo una forma de renuncia.

Porque en economía política, como en geopolítica, la inercia no es neutral. Si no se construye estrategia, la trayectoria se fija. Y cuando eso ocurre, la órbita deja de ser elección. Se convierte en destino.