Sinaloa después de Rocha e Insunza

Política para todos.

Otto René Cáceres Parra.

Durante varios años, Rubén Rocha Moya pareció representar una de las expresiones más sólidas del poder político de Morena en Sinaloa.

Rocha Moya llegó a la gubernatura de Sinaloa en 2021 en medio de cuestionamientos sobre una posible intervención del crimen organizado en el proceso electoral. En abril de 2026 dichas sospechas adquirieron una dimensión internacional cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó, junto con otros funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el actual senador Enrique Inzunza Cázarez, de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, así como de haber recibido apoyo criminal para favorecer su llegada al gobierno estatal. Ante ello, Rocha solicitó licencia el 1 de mayo para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), aunque, tras 112 días, anunció su regreso argumentando que no existían pruebas en su contra. El regreso, sin embargo, tuvo un alto costo político al marcar el Gobierno federal, 23 gobernadores y la dirigencia de Morena distancia, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que su reincorporación no era apropiada. En este sentido, Rocha confundió la posibilidad jurídica de regresar con la posibilidad política de hacerlo, ya que apenas 33 horas después tuvo que solicitar nuevamente licencia, ahora por tiempo indefinido, evidenciando dicho episodio haber perdido el respaldo político necesario para sostenerse en el cargo, así como que su grupo haya dejado de tener capacidad para desafiar las decisiones de la presidencia.

Por tanto, más que la caída de un gobernador, lo ocurrido representa sin duda un golpe de autoridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, que si duda tiene eco en las estructuras divergentes de MORENA junto al cierre de una etapa política en Sinaloa. Rocha, construido políticamente bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, no pudo sostener su posición frente a la nueva conducción presidencial, siendo claro el mensaje hacia 2027 en donde la sucesión sinaloense no será definida por el rochismo, significando para el oficialismo el reto de conservar la entidad mediante una nueva conducción desvinculada de cualquier sombra de complicidad entre el poder público y el crimen organizado.

La designación de una nueva gobernadora interina, junto al impulso de la senadora con licencia, Imelda Castro, como figura central de Morena para la sucesión, constituyen el cierre político de dicha etapa. Castro aparece con una ventaja importante en las mediciones disponibles que en Julio la ubicaron como la aspirante morenista mejor posicionada con 32% de respaldo dentro de la competencia interna y 40% en un escenario frente a perfiles opositores, manteniendo a MORENA como primera fuerza y a Castro como una de las principales cartas del partido, aunque lo anterior no significa que el oficialismo tenga ganada la elección de 2027. Las mediciones, al no ser uniformes, mantienen, algunas, una ventaja considerable del partido oficialista, mientras que otras muestran que una eventual alianza opositora podría modificar sustancialmente la competencia por la gubernatura.

En paralelo se encuentra el caso de Enrique Inzunza. El senador, estrecho colaborador de Rocha Moya, señalado en la acusación del Departamento de Justicia estadounidense, decidió regresar al Senado como legislador independiente después de que MORENA rechazara su reincorporación a la bancada, y 113 días de ausencia injustificada en donde fue omiso en atender su función como miembro de la comisión permanente. Dicha decisión lo coloca en una posición política extraordinariamente débil, ya que cualquier legislador sin bancada pierde capacidad de negociación, interlocución y protección política. Aunado a ello difícilmente los demás grupos parlamentarios querrían asumir el costo de incorporar a un legislador cuya situación jurídica se encuentra bajo investigación en México, cuyo nombre aparece en un expediente penal estadounidense, y cuya figura representa la imagen de contubernio con el crimen organizado.

Sin embargo, debemos distinguir entre el costo político y la consecuencia jurídica. La eventual promoción de un juicio político contra Inzunza para retirarle el fuero e iniciarle un juicio penal no es automática ni puede derivarse simplemente de una acusación estadounidense, y él lo sabe. La Constitución establece que los senadores pueden ser sujetos de juicio político cuando incurren en conductas que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, contemplando un procedimiento específico en el que la Cámara de Diputados actúa como órgano de acusación y el Senado como jurado de sentencia. Por ello, más que anticipar una destitución, lo que puede afirmarse es que el aislamiento político de Inzunza abre una posibilidad en que una eventual investigación con elementos suficientes termine traducida en un procedimiento constitucional para separarlo del cargo, dependiendo dicho escenario de las pruebas y el curso de las investigaciones llevadas a cabo por la FGR.

Finalmente, la designación de Castro como coordinadora estatal de MORENA en Sinaloa, perfilándola como la candidata a la gubernatura en 2027, cierra simbólicamente la era de Rocha Moya, debiendo tener el partido oficialista especial cuidado puesto que las preferencias políticas en Sinaloa se encuentran en un estado de incertidumbre, pudiendo verse afectada la popularidad del partido por el escándalo, mientras que la oposición buscará, a toda costa, capitalizarlo, así como el descontento social. Y aunque la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, diputada federal con licencia, intenta dar certezas estableciendo rutas de trabajo junto al gobierno federal que permitan atender las condiciones de seguridad en Sinaloa así como la generación de escenarios que favorezcan la recuperación de la actividad económica, el fantasma de un narco-Estado en la entidad aún ronda por los pasillos del poder en Culiacán. En este sentido, Sinaloa requiere algo más que un cambio de gobernador, demostrar que ninguna elección puede ser capturada y catapultada por intereses criminales, que ninguna institución puede convertirse en patrimonio de organizaciones delictivas, así como que ningún servidor público pueda considerar que su cercanía con el poder lo coloca por encima de la ley.

El fugaz regreso de Rocha Moya, y su posterior salida definitiva, parecen haber cerrado una etapa en la entidad. La llegada de una nueva conducción en el gobierno del estado, así como el posicionamiento de Imelda Castro para competir por la gubernatura, apuntan hacia la construcción de una nueva narrativa política para 2027, aunque el verdadero cierre de la era rochista no ocurrirá con una nueva candidatura ni con un cambio de gabinete, sino cuando la justicia determine las responsabilidades en que el ex gobernador, y demás implicados, hayan podido, o no, incurrir, así como quiénes utilizaron el poder público para favorecer, o combatir, al crimen organizado.

Y usted ¿sabe quien gana con la caída de Rocha? Otro caso para la araña. Seguiremos atentos.

@ottorenecaceres politicaparatodos10@gmail.com