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Un balance de nuestro régimen jurídico

Raúl Arroyo

Como primer corte de caja, Balance temprano (Grano de Sal, 2020) reunió 18 ensayos coordinados por Ricardo Becerra y José Woldenberg, quienes advertían “…difícil encontrar un campo de la política pública que no haya sido tocado o alterado por ese instinto que desprecia lo avanzado, lo conseguido por generaciones anteriores, actitud que no soluciona sino que profundiza los síntomas de nuestras patologías previas.”

En Todo por la razón y el derecho (hasta que estorben) La tensión entre Constitución, reformas y gobierno, Sergio López Ayllón, Saúl López Noriega y Javier Martín Reyes, resumen reformas constitucionales, decretos, acuerdos, circulares y memos presidenciales, y sus consecuencias: “… cientos de litigios en contra de esta batería de normas jurídicas cuya función es dar sustento institucional al corazón del proyecto político de la nueva mayoría en el poder.”

En las demandas, observan, no hay “…argumentos agudos ni esgrimas legales osadas; en varios casos, inclusive se trata de reflexiones propias de un salón de clases de derecho. […] …basta a veces un escrutinio elemental para concluir que estas normas jurídicas arrastran en su diseño burdos y patentes problemas constitucionales.”

Subrayan: “estas demandas no ponen en duda el propósito de las políticas impulsadas por la nueva mayoría en el poder.” Inclusive, apuntan, reconocen su pertinencia: “Su alegato se ubica, entonces, en la exigencia fundacional del pensamiento liberal: ceñirse a las reglas para asir el poder. Su pregunta central es: al aterrizar estas decisiones políticas, ¿se siguieron las normas de nuestro texto constitucional?”

Los autores advertían del papel protagónico del Poder Judicial en los años siguientes y concluyeron “…la generación de nuevas tensiones donde la política parece volver a imponerse sobre el derecho a partir de narrativas que pronto encuentran sus nuevos límites.”

Continuación de ese ejercicio circula El daño está hecho. Balance y políticas para la reconstrucción. (Grano de Sal, 2024) coordinado por Ricardo Becerra. Veinticuatro autores/as hacen radiografía del gobierno por concluir. López Ayllón y Martín Reyes describen lo jurídico en No me vengan con que la ley es la ley: el Estado de derecho en tiempos del populismo obradorista.

Su punto de partida es: “El presidente López Obrador tiene una peculiar relación con la Constitución, la ley, la judicatura, la abogacía y, en general el derecho”. Explican: “…existe una tensión estructural, entre el derecho y el régimen lopezobradorista que se traduce en una lógica instrumental sobre el primero: si las normas existentes sirven, se usan; si no sirven, se modifican, y si no es posible modificarlas, se ignoran.”

Ejemplificado su examen, ven al proceso legislativo: “…la notable deficiencia técnica en la factura de cada legislación, en particular el uso prolífico de lenguaje sin contenido normativo. Se observa así que se prefiere dejar claro el propósito político de la ley, menos que preocuparse por su rigor técnico.”

Su propuesta de balance: “…no es una singularidad sino que se inscribe en un cambio global, […] …estamos frente a una concepción política del derecho que lo subordina a su función en la construcción de la voluntad popular encarnada en la visión y decisión de quien la representa. Pero esa representación no pasa más por partidos políticos y sistemas de representación parlamentarios…”

Deberá añadirse la iniciativa presidencial de reformas constitucionales. De la siguiente conformación del Congreso depende si es punto final o, la vigencia del actual régimen jurídico.

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