Carlos Ramírez 1
Historia de la familia Porras que perdió hogar y negocios y pide asilo en Estados Unidos, y cómo un jefe de La Línea decide sobre la vida de ciudadanos ajenos a la delincuencia; las autoridades locales son disueltas
Por Carlos Ramírez*
Villa Ahumada es una ciudad de 8,753 habitantes, localizada a 132 km al sur de Ciudad Juárez y 247 al norte de Chihuahua capital, es también una estación de paso y su viabilidad económica se debe a que cuando la gente viaja hacia el sur para a comer burritos y cuando vuelve al norte compra queso y tortillas. Igual de importante su ubicación para los narcotraficantes.
El crimen autorizado se instaló en la ciudad por la ubicación geográfica. Comunica a tres cruces fronterizos importantes: Ciudad Juárez que conecta el este de Texas, Nuevo México y el corazón de Estados Unidos; Ojinaga conecta al centro de Texas y la costa este, y Puerto Palomas abre la puerta de la costa oeste. Por el lado mexicano abre la puerta de la sierra de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y la costa oeste, y la ruta sur que viene de Chihuahua capital conecta con Durango y Coahuila, ambos estados sede importante de carteles. No se crea que este control es pacífico. Mckinley(1) reportó una masacre perpetrada por decenas de sicarios que se llevaron a 10 personas, solamente una apareció encobijada en Ciudad Juárez. Los carteles aplastaron a la sociedad para controlarla, y lo hicieron a sangre y fuego. Villa Ahumada puede sintetizar lo que sucede en muchas partes del país.
La familia Porras fue parte de la vocación económica de la ciudad, abrieron cremerías, empezaron a producir su propio queso y tuvieron mucho éxito. Sus tribulaciones empezaron cuando en una reunión de panistas en una cantina la policía los agrede, Rodolfo Porras Lujan interviene para ayudar a un amigo y la policía le fractura el cráneo, lesión que terminaría con sus días. Era el tiempo en que a los panistas se les perseguía y llegaría el momento en que bajo la protección del PRI tendrían impunidad lo que pagarían persiguiendo panistas.
El hijo Rodolfo Porras González continuó con el negocio; en una ocasión fue invitado a una pelea de gallos por un sicario, le pidió dinero a su esposa y ya no regresó, no obstante que pagó la extorsión de todas maneras lo asesinaron; la explicación fue que se había alegrado por el suicidio del hermano de Jesús Salas Aguayo alias El Chuyín, segundo de a bordo del cártel (La Línea) y que según El Paso Times, en 2015 fue detenido por ordenar el asesinato de un informante de ICE (Immigration and Customs Enforcement). Trascendió que a Rodolfo lo mataron porque era panista. Rodolfo fue regidor de 2007-2010, su hermano Héctor era un fuerte activista y funcionario panista, fue regidor de 2001-2004 , siendo encargado de las elecciones, visitaba las casillas llevando comida y bebida y era seguido y acosado por La Línea que trabajaba para el PRI. Cuando Jaime Porras, el hijo mayor de Rodolfo fue asesinado en el cementerio al visitar la tumba del padre. Posteriormente, en cuestión de días, telefónicamente amenazaron matar a la madre y a toda la familia, y entonces todos decidieron salir, literalmente con lo que tenían encima. Huyeron así como lo hacen los refugiados de zonas en conflicto. En junio de 2012, 22 miembros de la familia Porras huyeron de la ciudad, y solicitaron asilo político en Estados Unidos. Desde la Revolución Mexicana no se veían visto familias anteras como refugiadas políticas.
Debido a que la ley de asilo solo permitía admitir demandas por familia inmediata se presentaron 6 casos, o sea las cabezas de familia. Los Porras no es un caso único de familias desplazadas. En aquel entonces, en Coyuca de Catalán en Guerrero 45 familias abandonaron el pueblo después que fueran asesinados la lideresa ecologista Juventina Villa y su hijo Reynaldo Santana; Ciudad Mier en Tamaulipas se convirtió en pueblo fantasma después que la población huyó por amenazas de los Zetas. Amplias zonas de Guerrero y Chiapas reproducen el mismo fenómeno. Hay población expulsada entre otros en Guerrero, Chiapas, Guadalupe, Chihuahua. El gobierno de Estados Unidos en 2015 cerró administrativamente el caso de los Porras, pero de repente lo abrió, como para que tuvieran oportunidad de documentar que siguen en peligro.
A Cesar Porras el hijo de Rodolfo las autoridades migratorias le han negado el asilo y lo han deportado en dos ocasiones, actualmente está escondido en diversas partes de México.
Recientemente nos llamó la atención el documental Guardián de la Memoria dirigido por Marcela Arteaga en 2019, que ha sido premiado en Morelia, en el Festival DocsMx y en los Premios Ariel como Mejor Largometraje Documental, en un segmento aparece María del Carmen Salas García viuda de Porras, que tiene un esposo y un hijo asesinados, con su hijo Héctor denunciando a El Chuyín, el sicario que asesinó a Rodolfo y que está entre los más buscados por el FBI, el documental está disponible en YouTube (https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpMxXZetMbF0&data=05%7C02%7C%7C403f545a42904a10d9d208dc9ba300fc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638556371601578626%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=aOz3fOG07j5WUaM5XMvAhsbEHqr7uYGVl0NrfETp5tU%3D&reserved=0).
En la realidad mexicana la gente no denuncia por el convencimiento de que la policía y los criminales son la misma cosa, luego entonces, una denuncia se convierte en un evento político que sin duda llama la atención de los criminales, los que como cualquier persona tienen acceso a YouTube y a los medios. Los Porras pertenecen al grupo Mexicanos en Exilio, donde piden justicia por su papá pero también defienden a otras víctimas. Denunciaron cuando el PRI afilió a los muertos y desaparecidos el mismo día, incluidos ellos mismos. Los Porras mencionan con preocupación: “Si a Rodolfo lo mataron por burlarse del suicidado, que van a hacer ahora que los denunciamos en Estados Unidos y en un documental premiado. La alianza de el Chuyin con Jalisco Nueva Generación le da acceso a una enorme red de asesinato, por lo que los Porras no estarán a salvo en ningún lugar del país.
El Chuyín fue detenido en México y lo soltaron tal vez por alguno de los acuerdos con los cárteles, y dado a que el jefe del Cártel fue deportado a Estados Unidos por haber asesinado a un agente de la DEA, Chuyín se volvió jefe del cártel ahora aliado al Jalisco Nueva Generación. El sicario que mató al padre Porras ahora busca asesinar al hijo Porras, querrá terminar la tarea iniciada hace más de una década. Así parece que el tiempo se congeló, los malos siguen siendo los mismos, al igual que los buenos, hasta que huyan o sean eliminados, los criminales tienen memoria, y las redes criminales para asesinar a sus víctimas en dónde sea, hasta en Estados Unidos; está cuestión la deben entender los jueces de migración.
Villa Ahumada es un ejemplo micro de un Estado suplantado, donde el crimen organizado reemplaza las funciones esenciales del Estado, impone impuestos, sostiene fuerzas armadas, formula leyes, castiga creando procesos que compiten con las instituciones del Estado; es similar a los que Crane Brinton denomina una doble soberanía en su libro de 1938, The Anatomy of Revolución, porque se crea una serie instituciones que asumen decisiones conflictivas, con la que podemos definir como soberanía legítima; o tal vez sea un caso de Estado fallido, definido por el Fund for Peace con tres dimensiones: Social, que incluye presiones demográficas crecientes, desplazamiento masivo de refugiados, emergencias humanitarias severas, quejas amplias de grupos que buscan venganza, huida crónica y sostenida de humanos, creación de arrabales en áreas pobres; Económico que incluye desarrollo económico desigual a través de líneas grupales, declinación económica severa; Política que incluye criminalización y de-legitimación del estado, deterioro de los servicios públicos, suspensión o aplicación arbitraria de la ley, amplios abusos de los derechos humanos, aparato de seguridad que opera como si fuera un estado dentro del estado, surgimiento de elites facciosas, intervención de agentes políticos externos.
En ese Estado la estructura formal de gobierno se ha desvanecido o se ha mimetizado de alguna manera con los criminales, y los poderes legítimos han perdido la capacidad de control. El crimen organizado llega a designar al alcalde y al jefe de la policía. Esta situación se repite en un número creciente de ciudades mexicanas y en Chihuahua parece ser la regla y Villa Ahumada no se salva.
En Ciudad Juárez el 70% de los negocios formales llegó a pagar protección; en Michoacán el crimen organizado controla la cadena productiva determinando que empresa está autorizada para transportar aguacate o limón, cuál provee las cajas y otros insumos; lo mismo hace en distintas zonas del país en diversas actividades económicas, como por ejemplo entre ganaderos del norte del país, o los productores de chile.
El pago de protección no se restringe ya a los sectores productivos, donde se protege la propiedad a cambio de un “impuesto”; en Michoacán los alcaldes pagan protección; en Hidalgo, la sede de los Zetas, hay un jefe de policía que paga protección. Un comandante de la policía federal nos comentó que cerró un negocio de fiestas infantiles para no pagar protección.
La extorsión se ha convertido en una actividad criminal fundamental y le permite al crimen organizado amasar importantes cantidades de dinero. Hay ciudades donde las fortunas basadas en el crimen organizado se manejan por personajes que se volvieron respetables, donan dinero para campañas políticas e influyen en la conducción de la comunidad. Se ha documentado que el crimen organizado apoya la elección de congresistas y un líder de la fracción parlamentaria del PRI fue acusado de nexos con el narcotráfico, aunque el periódico estadounidense que dio la noticia no continuó con la investigación. En un estudio de hace varios años, Viridiana Ríos y Michele Coscia sostenían que los narcotraficantes actúan en 731 municipios que representan el 30% de los municipios del país(2), Grayson (3) sugiere que este número asciende a 2,4354 y según el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas es el 68% de los municipios.
Como en otras partes del país, también en Villa Ahumada el crimen organizado se ha diversificado, se dedican al trasiego de drogas, al secuestro y por la vía de la extorsión han incursionado en negocios legales: poseen gasolineras que surten con gasolina robada, y su poder llega a los bancos; cuando un miembro de la familia Porras trató de sacar dinero de su cuenta bancaria desde El Paso, Texas, descubrió que sus cuentas habían sido vaciadas.
Los Porras resintieron la acción de un tipo de criminal, al que ya no le es suficiente el trasiego de drogas y se diversifican con otras actividades delictivas anexas (robo, secuestro, extorsión), para complementar sus ingresos cuando no están ocupados vendiendo o transportando drogas o para sostener a sus ejércitos de sicarios. A la vez parece que ya tenemos una nueva generación de criminales que ejercen una violencia inaudita, que ha profundizado sus relaciones con el poder político y puede poner diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, controlan jueces, se asocian con caciques y asesinan periodistas que afectan sus intereses, como sucedió con la chihuahuense Miroslava Breach que fue asesinada cuando denunció la asociación de un cartel con gobernantes del PAN. Esto demuestra la condición estructural del problema del crimen autorizado y la dificultad de atacar este problema.
Es conveniente empezar a hablar de crimen autorizado y entender que derrotarlos reclama pensar de forma distinta. Desde el gobierno de Calderón arrancó una estrategia de combate militar muy sangriento, con innumerables violaciones de derechos humanos que no resolvió el problema de fondo y produjo fortalecimiento criminal. La continuación de una estrategia militar y de refuerzo policiaco durante el gobierno de Peña Nieto reconcentró el control político en las policías pero no evitó que los criminales trabajaran con ellos, no sólo no lograron descabezar a los carteles sino que se crearon problemas inconvenientes. Entrevistamos en la cárcel de El Paso a un migrante indocumentado que tenía tatuada en el pecho una gran M, y cruzó huyendo de la policía de Ciudad Juárez que quería obligarlo a trabajar para ellos.
Paralelamente hay un esfuerzo para silenciar a los que protestan. México ocupa el tercer lugar en periodistas asesinados en el mundo y el primer lugar en América Latina. El país ocupa el 121° lugar de una clasificación de 180 naciones, que lo ubica en el rango de situación “difícil” para la libertad de prensa.
Aparte de los comunicadores, pagan con la vida los líderes sociales y especialmente los luchadores por los derechos humanos agredidos por los criminales, algunos han logrado huir, pensando que Estados Unidos es un santuario para los perseguidos, para encontrar que tienen que pasar el viacrucis de la solicitud de asilo político, el que no está garantizado.
Desde 2006, en Chihuahua han sido asesinados decenas de periodistas y líderes sociales; a Marisela Escobedo que reclamaba el asesinato impune de su hija la acribillaron en las puertas mismas del Palacio de gobierno en la capital del Estado, con lo cual los criminales muestran su desdén a la autoridad y las muy escasas medidas de protección establecidas. En 2018 asesinaron al defensor indígena rarámuri, Julián Carrillo y en 2023 con saña, acribillaron con 50 tiros a Gloria Cañez Chávez, una defensora de los derechos de los rarámuris de 63 años, y a su hija Sally Avella Cañez, de 23. Los protocolos de protección del gobierno tienen que ser sufragado por las víctimas y tienen muy poca efectividad para protegerlos
El caso Escobedo ha sido tan visible que el gobierno se vio obligado a actuar de una forma inusual: encontró dos culpables del asesinato, en el último caso el hijo de Marisela desconoce al acusado oficial porque el asesino lo amenazó a las puertas de la tienda WalMart en El Paso, Texas. Como decía un sicario, “si los narcos pasan toneladas de droga, ¿qué no podrán pasar una persona?” y más si se trata de un sicario que conduce una vendetta personal y los agraviados lo buscan para que pague por sus crímenes. También pagan con su vida líderes ecologistas que tratan de proteger el medio ambiente de la depredación de intereses criminales muchas veces protegidos por autoridades, como los líderes rarámuris que protegen al bosque; en Guerrero han sido asesinados por lo menos 25 ecologistas desde 2005, de ellos 15 desde 2011.
Este es el fenómeno que Felipe Calderón dejó crecer y bajo el que sucumbieron los Porras, no entendió o no quiso entender la profundidad y enraizamiento social que registraba el crimen organizado, tal vez porque su encargado de seguridad trabajaba para un cartel y que hoy está encarcelado en Estados Unidos. El impacto social lo encontró una maestra de primaria en El Paso, cuyos alumnos son en gran mayoría mexicanos, cuando preguntó a sus alumnos que querían ser de grandes, le respondieron: sicario. No se trataba de ensalzar al sicariato o las “proezas” de los criminales como se registran en los narcocorridos, sino que las oportunidades que ofrece el crimen proveen los benefactores que la sociedad aprecia (zapatos, carros, mujeres, droga, placer). Llevar un auto con droga de Chihuahua a El Paso paga 50 dólares, y se puede contratar a un sicario para un asesinato por unos cientos de dólares.
Calderón está considerado el iniciador de una dinámica perversa que sigue haciendo estragos hoy en día. Erró al enfocar la respuesta del gobierno a un problema de gran profundidad social y cultural, como si fuera solamente una guerra sangrienta. Las cifras de asesinados son muy altas, Molly Molloy registró a partir de reportes periodísticos 100,000 muertos desde 2008 y la cifra va en ascenso. En 2023 se registraron en México 35.041 homicidios. Debido a la tendencia mexicana de no reportar los delitos, a nivel nacional se reporta solamente el 12.3% de los mismos, podemos asumir que la verdadera cifra de muertos puede multiplicarse por un factor de 5 lo que nos llevaría a unos 500 mil muertos anuales. Esta cifra puede aumentar si asumimos que muchos de los desaparecidos posiblemente estén muertos. Según el instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) el número de víctimas por cada 100.000 habitantes para poblaciones de 18 años y más, en el 2011 ascendió a 24 499, el número total de víctimas alcanzó los 18 675 004, mientras los delitos llegaban a 22 389 492. Con una población de 112 millones de personas, casi el 15% de la población sufrió una forma de crimen en un año. La probabilidad de que cada mexicano sea afectado por el crimen en cinco años es muy elevada y
ya se ha creado una actitud de resignación donde la gente se contenta con que sea solamente un robo y no que lo maten. Las perdidas personales por el delito en 2011 ascendieron a nivel nacional a 150 618 732 538 pesos (casi 12 billones de dólares que superan el 1% del PIB). Estamos ante una crisis humanitaria de dimensión desconocida en el mundo.
Calderón también falló por omisión; se desentendió de atacar las bases financieras del crimen organizado. Fuentes de la ONU calculaban en la década de 2000 que solamente el trasiego de drogas le producía a los criminales mexicanos unos 120,000 millones de dólares al año, mientras que Grayson (Op.Cit.) establece que la extorsión le produjo a los criminales 186,620 millones de pesos de 2001-2007.
La violencia desplaza grandes grupos sociales. En Chula Vista, California, surgió en 2010 una colonia conocida como Little Tijuana, y en 2010 mientras en El Paso, Texas, miles de personas celebraban el grito de la independencia (15 de septiembre) con el alcalde paceño; en Ciudad Juárez el alcalde mexicano repitió el ritual ante una plaza vacía rodeada de soldados. Se calcula que entre 30,000-100,000 personas se mudaron a El Paso y en un estudio de 2013, Séverine Durin calcula que entre 2005 y 2010 al menos 330,000 personas dejaron sus viviendas sin habitar por causa de la violencia en Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas(4).
Consideración aparte merece la afectación económica producida por la violencia. Los Porras perdieron sus cremerías y ranchos donde se producía leche para elaborar quesos; a lo largo y ancho del país se encuentran personas que perdieron su patrimonio, les quemaron casas, ranchos, negocios, y el Estado tiene la obligación de resarcirlos. En la ley de víctimas aprobada por el congreso mexicano en el 2011 y que vetó Felipe Calderón, se consideraba la restitución total de los bienes que fueron arrebatados por el crimen organizado, más lo que debió haber producido todo el tiempo en que salió de su posesión.
El desplazamiento de personas es un problema mayor. Además del desplazamiento interno hay que considerar el desplazamiento internacional, manifestado en las caravanas desde Centro América hacia Estados Unidos en 2023-2024.
En México miles huyen hacia el norte, ya sea por pobreza, falta de oportunidades o por la violencia política. Solamente entre 2007 y 2011 se recibieron 21,172 solicitudes en Estados Unidos, de las cuales se otorgaron 340, el 1.6%; mientras que arriba del 30% de las solicitudes de Colombia se otorgan y de Venezuela en 2011 se otorgaron el 46%. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos niega las solicitudes mexicanas de asilo? En parte porque los jueces de migración son los que designó George Bush y antes de ser jueces eran fiscales migratorios cuya tarea era deportar migrantes, especialmente mexicanos. Consideremos que tal vez el gobierno
de Estados Unidos cuidaba el Plan Mérida que enfrentaba mucha oposición, especialmente de grupos como Human Rights Watch, bajo el argumento que los fondos que se envían a México sirven para apoyar a un ejército violador de derechos humanos, pero también porque los jueces son reacios a aceptar que el perseguido por la complicidad entre el crimen y el Estado, es un perseguido político.
Parece la insensibilidad a la tragedia de los otros para proteger los intereses propios. Estados Unidos se negó a actuar contra el asesinato de judíos por los nazis, porque los alemanes le garantizaban frenar al comunismo; protegieron a Franco en España y Pinochet en Chile porque fueron sus barreras anticomunistas. Hicieron lo mismo al aliarse con la mafia italiana o los carteles mexicanos para luchar contra los rebeldes nicaragüenses.
Estados Unidos ha creado muchas de las condiciones que expulsan migrantes y es de alguna manera responsable de tragedias como la de los Porras; ante su puerta el crimen autorizado, que es violencia política, masacra a la sociedad de su vecino con sus armas y el dinero de sus adicciones y no pueden considerar a los Porras como efectos colaterales.
*Carlos Ramírez coordinó un equipo de investigadores para explorar el caso de Villa Ahumada: dos periodistas son especialistas en seguridad y dos defensores de derechos humanos.
*Mckinley, James. 2008. Drug massacre leaves a Mexican Town terrorized. The New York Times. May 31. https://www.nytimes.com/2008/05/31/world/americas/31mexico.html
3Grayson, George. 2013. The Cartels: The Story of Mexico's Most Dangerous Criminal Organizations and Their Impact on U.S. Security. Praeger
4Gaxiola, Yovana y Javier Cabrera. 2013. Desplaza violencia a 330 mil en 4 estados. El Universal. Martes 08 de enero. http://www.eluniversal.com.mx/estados/89226.html
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