Vuelta en U para el Ministerio Público

Raúl Arroyo

De confirmarse la versión del periodista Zedrik Raziel (El País 16/5/25), en breve, el Ministerio Público dará una vuelta en U, esto es, regresará a sus orígenes conforme el diseño constitucional de 1917, después de su funcionamiento dependiente del Poder Judicial. Si efectivamente la presidenta de la República tiene ese propósito y presenta la iniciativa al Congreso, la procuración de justicia regresará a formar parte del Ejecutivo en los órdenes federal y estadual, como hasta 2016.

Cercana a cumplir una década, la reforma constitucional por la cual se dio autonomía como órgano del Estado a la institución responsable de la persecución penal, la motivación de entonces distó mucho de cumplir los objetivos deseados. En los hechos esa condición nunca fue realmente efectiva y sí abonó en sentido contrario de la demanda social.

Fue aquella una reforma animada por el sentido  reclamo social de un ejercicio de la acción penal sin influencias ni abusos para conveniencia del poder político. Múltiples casos ilustran la frustración de ese propósito reducido, en la mayoría de los casos, a un cambio de denominación de las instituciones responsables.

La anhelada autonomía fue bombardeada constantemente con una intromisión descarada desde los gobiernos federal y locales, desde la manipulación de los procesos para nombramientos de fiscales en los Congresos estatales y el Senado, el impedimento de su permanencia transexenal, la imposición de funcionarias y funcionarios en las áreas clave de las fiscalías y las corporaciones policiales ministeriales, la pública intromisión en las facultades exclusivas del Ministerio Público adelantando y/o exigiendo determinados resultados de las investigaciones, denostación al trabajo y los resultados de las carpetas de investigación, etc. etc.

Los ejemplos más acabados de esa situación fueron las persecuciones contra fiscales de las entidades federativas por sus gobernadoras/es y desde la  misma Presidencia de la República en una actitud irrespetuosa, de intromisión, por no decir ilegal, contraria al Pacto Federal.   

El saldo negativo: la demandada autonomía no solo quedó en el texto constitucional confinada como una línea aspiracional, al convertirse en simulación pervirtió más todavía una función fundamental en un Estado democrático de derecho. Sí fue  simplemente el cambio de  nombre.

Ese nuevo Ministerio Público se estrelló contra la realidad del ejercicio del poder en nuestro país hasta quedar en ficción. La complejidad de su naturaleza y el calado de sus responsabilidades no se resolvieron, y en el momento más complicado para el país las repercusiones son proporcionales al experimento.

El ejercicio del Ministerio Público requiere el apoyo de las fortalezas del gobierno, económicas y políticas, eso  lleva implícita una responsabilidad incluida en el proyecto gubernamental a partir de su concepción y compromiso del acceso a la justicia. La persecución del delito debe ser empática con la política criminal del gobierno, ahí está su fundamento democrático.

De ahí la conveniencia de designar a su titular un proceso legitimado a través del sistema de pesos y contrapesos, de tal forma equilibrado para el ejercicio responsable del cargo, entre la  dependencia del Ejecutivo, y la rendición de cuentas ante el Legislativo.      

Si el trascendido periodístico es certero, Hidalgo quedaría en posibilidad de detener el proceso de transformación de su procuraduría a fiscalía, evitar así sumarse al fallido proyecto nacional vigente desde 2016 y, más importante, ante la gran oportunidad de diseñar un modelo innovador para su Ministerio Público, manteniendo la actual autonomía técnica, con su vuelta en U.