Diego Martín Velázquez Caballero
Las comparaciones entre las estrategias contra el crimen organizado desarrolladas, en el presente gobierno federal, en el Estado de México y Michoacán, en la época calderonista; señalan la necesidad de vigilar a los gobiernos locales de una forma mayor. Para que el gobierno federal incremente la seguridad en el país, tiene que encargarse de los gobiernos legales más allá de las reformas constitucionales que se hicieron con el artículo 21, es decir, la enorme reforma que espera el país para controlar los territorios es la que corresponde con el 115 constitucional.
La corrupción y delincuencia tienen una relación directa proporcional en función del abandono gubernamental. En la mayor parte de los municipios, principalmente las comunidades rurales, la institución de la administración local se encuentra abandonada. La anomia y distopia se corresponden con los años de abandono que significaron el apoyo al federalismo municipal y la tolerancia del feuderalismo que hicieron los gobiernos estatales. Pobres y pequeños municipios han generado poderosos cacicazgos vinculados a una amplia gama de delincuencia organizada.
El municipio en México demanda un rediseño, una reingeniería en función de la gravedad que presenta la seguridad nacional. Se generan políticas de seguridad para las grandes urbes; en cambio, los gobiernos municipales y sus comunidades subalternas son abandonados a su suerte. Como resultado, el gobierno nacional pierde el control del territorio.
Hace algunos años se estructuró la idea de desaparecer los municipios que hubiesen desarrollado relaciones con el narcotráfico y crimen organizado; hasta ahora, esa medida no se ha implementado. Para resguardar la seguridad nacional en el país, los gobiernos municipales y estatales que evidencien contubernio alguno deben ser confiscados en la mayor parte de sus recursos públicos y contribuir al sostenimiento de las fuerzas públicas nacionales, principalmente el Ejército Federal. El fuero municipal debe extinguirse y los legisladores habrían de implementar medidas rígidas para el cumplimiento de las tareas públicas locales, puesto que son la cara del Estado Nacional frente a la ciudadanía.
Es increíble que municipios importantes invoquen carecer de recursos para el pago de las políticas locales y esquiven la responsabilidad de la seguridad regional. No existe más una hacienda pequeña y las autoridades irresponsables en la dinámica policiaca deben eclipsarse para que el gobierno estatal o federal asuman la tarea de la administración. La inteligencia policiaca podría tomar como objetivo la cuenta pública municipal para encontrar las correlaciones entre corrupción, delincuencia y perjuicio a la nación.
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