La respuesta del gobierno sobre la despenalización de la mariguana es exacto lo que podíamos esperar del autoritarismo.
No es que Enrique Peña Nieto goce de la mayor credibilidad posible, o que los mexicanos confíen en su criterio y aun así, sus colaboradores sostienen la negativa del gobierno a despenalizar el uso de la mariguana.
El gobierno debe abrirse a lo que opina la sociedad y entonces actuar en consecuencia, cuánto más que ahora media una resolución de la Suprema Corte que permite el uso recreacional de la hierba.
Deberíamos avanzar hacia la despenalización, a que el Estado controle la producción, circulación y venta y con los impuestos y ganancias inicie programas contra las adicciones.
Esto empezaría a adelgazar las cuentas de los capos y si la inteligencia financiera de Hacienda funciona, podría rastrear el manejo de esas enormes cantidades de dinero.
Con la despenalización deberían revisar las sentencias de los encarcelados por consumo y dejarlos salir para que sean productivos, lo que bajaría la presión financiera sobre las prisiones.
Pero si Peña está muy preocupado por la venta de drogas, podría empezar a penalizar el consumo de alcohol que también es una droga y que provoca una enorme cantidad de muertes, lo que está suficientemente documentado.
Y ya entrados en gastos que se dedique a vigilar a sus policías, ya que muchos están cubiertos de polvo blanco y de billetes que no ganaron honestamente.