Al gobierno de Peña Nieto y al sistema PRI, se le está desmoronando el país. Después de la debacle electoral sufrida, se avecina un desastre financiero, típico de sus gobiernos. En el fondo fondo, su principal problema es que quieren gobernar al país fuera del estado de derecho. Al no haber reglas del juego estables y al haber instituciones endebles, los resultados económicos no dejan de impactar; disminuye la inversión, luego vine el desempleo (ahora aún no nos encontramos en esa etapa, pero de que viene, viene y con fuerza).
Ya las calificadoras internacionales como Moody’s, Standard & Poor's y Fitch, nos pusieron en el radar para aumentarnos el llamado “grado de riesgo”. Las consecuencias de ello pueden ser nefastas, una huida de capitales de México, devaluación, inflación, que nos llevará a un aumento de la pobreza y a un decaimiento en el estándar de vida de la clase media. Sí, la historia se repite por desgracia. No aprendimos de ella.
Sin embargo, el mayor activo que tenemos es el de nuestras instituciones democráticas, que tanto hemos vapuleado, pero que nos dieron una clara muestra, que a pesar de todas la mañas que hizo el gobierno, el PRI y sus aliados, no pudieron con la avalancha de los votos de los ciudadanos que claramente les dio el repudio, superando el uso de recursos públicos sociales para la inducción al voto, la compra de votos, la división de la oposición con los independientes y las alianzas con los minipartidos.
Esta situación de colapso del gobierno, se ve claramente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, con los conflictos magisteriales, en donde el gobierno
no ha impuesto el orden y el estado de derecho, permitiendo el cierre de vías de comunicación vitales y cierre de escuelas en este nuevo ciclo escolar.
También este colapso se nota en las persistentes violaciones a los derechos humanos, ante los escándalos de las fosas clandestinas de Morelos, que están poniendo en jaque al Gobernador Graco Ramírez, la ejecución de 42 personas en Tanhuato, Michoacán, añadiendo leña a los fuegos de los desaparecidos en Iguala, provenientes de Ayotzinapa, y a los ejecutados por el Ejército en Tlatlaya.
En adición a lo anterior, el colapso se evidencia vívidamente en el comportamiento de los gobernadores salientes del PRI que perdieron en las elecciones, destacándose el de César Duarte, en mi Estado de Chihuahua, Javier Duarte, en Veracruz y Roberto Borge, en Quintana Roo, que han dado muestras de comportamiento cavernícola en sus últimos meses antes de entregar al gobierno, haciendo que todo se venga abajo, dejando de pagar sueldos, gasolina para los vehículos de seguridad pública, aumentando la deuda pública y cerrándose a una transición tersa e institucional.
No nos queda de otra, no debemos de bajar por ningún motivo la guardia, evitemos dispersarnos; al contrario, debemos vincularnos de inmediato con los nuevos gobiernos que ofrecen apertura y transparencia, como el entrante gobierno de Chihuahua, en donde el Gobernador Electo Javier Corral Jurado, ofrece establecer un Gobierno Abierto, en donde el ciudadano tendrá una vinculación permanente con las autoridades, para conjuntamente hacer innovaciones en los procesos de gobierno para la prestación de sus servicios, en donde se abrirá el presupuesto conforme se vaya avanzando.
Debemos ser firmes los ciudadanos y los nuevos gobiernos, en exigir al gobierno federal que haga cambios decisivos en su gabinete, para restablecer el orden financiero y la gobernabilidad, para evitar el colapso hacia donde vamos.
Estamos en un período histórico crucial, no debemos permitir que se deteriore más la paz social. Se ve claramente que el crimen organizado, que también se encuentra en
una etapa de reacomodo ante el cambio generacional que tienen, ante el decaimiento de sus capos más fuertes, puede generar de nueva cuenta en todo el país, principalmente en el norte, una espiral de inseguridad que nadie queremos. Por ello, es vital que los ciudadanos se unan a las autoridades de seguridad para que coordinadamente eviten que esto suceda.
En conclusión, ahora es el momento en que los ciudadanos cerremos filas para que se mantengan nuestras instituciones, par hacer presión a los grupos anárquicos que quieren desestabilizar al gobierno. Es imperativo que se guarde el orden y la disciplina, que exijamos el cumplimiento cabal de la ley. Que los servidores públicos del ejecutivo, que los legisladores, jueces y magistrados, sientan esa presión social que exige el cumplimiento de la ley y el orden.
Si no podemos los mexicanos aguantar estos dos últimos años de gobierno, se nos puede deshacer el país, con consecuencias gravísimas para nuestros hijos y nietos. Debemos de dar un claro mensaje al mundo entero, que México puede salir adelante por el pueblo trabajador, valiente, decidido y fuerte que tiene.