Recientemente hemos estado en México experimentando grandes esfuerzos en la persecución de los políticos corruptos. En mi estado de Chihuahua, se ha librado orden de aprehensión judicial en contra del exgobernador César Duarte Jáquez, quien se encuentra prófugo en El Paso, Texas, y se han detenido a varios funcionarios de primer nivel de su gobierno, habiéndose desatado una gran sicosis entre los ex-funcionarios del gobierno de Duarte, que han pedido sendos amparos para evitar ser detenidos.
Esto mismo ha venido pasando en el Estado de Veracruz, donde la persecución se inició desde la PGR, con la diferencia de que en Chihuahua, la persecución se ha iniciado desde el propio gobierno del Estado, aunque existen denuncias penales interpuestas en la PGR, desde 2014 por Jaime García Chávez, Rocío Reza y un servidor.
Estamos en pleno proceso de conformar el Sistema Nacional Anticorrupción, faltando a nivel nacional, la designación por la Cámara de Senadores del Fiscal Anticorrupción, que dependerá de la Procuraduría General de la República y la eventual Fiscalía autónoma en proceso de conformación.
A nivel de las entidades federativas, éstas deberán homologar sus constituciones y leyes locales a los parámetros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción.
A nivel federal y nacional se han creado* y reformado, desde la Constitución y las siguientes leyes:
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción*
Ley General de Responsabilidades Administrativas*
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa*
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación*
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Código Penal Federal.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Se ha establecido un complejo sistema de pesos y contrapesos, con un amplio componente de participación ciudadana, para conducir este complejo sistema, que estará dirigido por un Comité Coordinador, presidido por el Presidente de un Comité de Participación Ciudadana, que a su vez supervisará al Comité Coordinador.
A la Secretaría de la Función Pública, se le regresaron las facultades que tenía antes del año 2012, mismas que a propuesta de Peña Nieto, se trasladaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, se vuelve a encargar de establecer y fortalecer el servicio civil de carrera y de coordinar los Órganos de Control Interno, que recuperan su autonomía operativa que habían perdido con las reformas de Peña.
Ahora los OCI ya no serán nombrados por los titulares de las dependencias que supervisan, y serán los encargados de perseguir y sancionar las faltas administrativas menores y de denunciar y perseguir a los burócratas para que sean sancionados administrativamente y penalmente, en faltas mayores, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ante el Fiscal Anticorrupción.
Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación, tendrá facultades, además de control externo, de denunciar los delitos cometidos, podrá realizar fiscalizaciones en tiempo real, sin perjuicio de que se realicen auditorías de ejercicios anteriores.
Este sistema nacional, aplica a los tres poderes y a los tres niveles de gobierno, así como a todas las personas que contraten con el gobierno.
Para este verano, deberá homologarse a nivel nacional por todas las entidades federativas.
No obstante estos avances normativos para perseguir la corrupción, debemos de reflexionar los siguientes temas:
¿Por qué hemos llegado a estos altísimos grados de corrupción, sin que no haya habido las grandes movilizaciones políticas en el país para denunciarla y exigir su persecución? Han pasado décadas en donde plácidamente vemos que esto sucede y no hemos levantado la voz como debimos hacerlo y la dejamos crecer al grado de que estamos poniendo en riesgo a nuestra propia economía, y hemos dejado a muchos estados en una franca bancarrota.
¿Por qué tenemos que crear un sistema anticorrupción tan complicado, en donde hay innumerables redundancias para que todo mundo cuide a todo mundo? En lugar de crear un sistema persecutorio sencillo y eficiente, abierto y sin recovecos legales que generan impunidad. Creo que es necesario que el servidor público, pierda ciertos derechos que todos los demás ciudadanos tienen, como el que se le conceda suspensión en el amparo. Francamente, esta institución ha sido grandemente abusada. Debemos convertir a todos los actos de corrupción en delitos graves, a fin de generar un gran riesgo y costo para el servidor público que delinca.
¿Por qué ha habido grandes niveles de colusión en la corrupción de los servidores públicos con los proveedores de bienes y servicios del gobierno? Aquí la iniciativa privada de México ha metido las manos y se ha convertido, no nada más en cómplice, sino en copartícipe de estos graves delitos.
Realmente debemos en México hacer un gran esfuerzo social para que se acabe la corrupción, debemos de trabajar profundamente desde nuestros sistemas educativos, además de fortalecer los sistemas que eviten la impunidad.