Siempre ha habido controversia sobre la intervención del Estado en la economía. Primeramente, hay que distinguir en intervención para apoyar el desarrollo económico y la que se da para regular las variables económicas; como el fijar tipos de cambio, tener un control de precios y limitar e intervenir en la oferta y la demanda.
Creo, que en última instancia, cuando el Estado interviene por cualquier razón en la economía, sea para fomentarla o para regularla, hay un factor externo muy poderoso, para bien o para mal, por el cual se pueden generar disrupciones económicas buenas y malas.
Pero, vayámonos por partes. ¿Es o no es necesaria la intervención del Estado en la economía? Mi respuesta abierta es que sí es necesaria. Pero hay que distinguir la “necesidad” para que dicha intervención se lleve a cabo. Por ejemplo, cuando hay eventos que generan fenómenos económicos extraordinarios de carestía, es necesario que el Estado intervenga en suplir dicha carestía con apoyos especiales, por ejemplo el suministro de energía gratuita o de alimentos y medicamentos gratuitos o un control de precios temporal, para poder sacar adelante las necesidades más imperiosas de la sociedad.
Pero en México, hemos vivido la intervención del Estado en la economía de una manera casi soviética. De los años 40 del siglo XX, y de 1958 a 1970, se dieron dos modelos económicos en el país, uno basado en un crecimiento acelerado, pero con inflación y el otro con crecimiento acelerado, pero sin inflación. A este segundo período el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Antonio Ortiz Mena, le llamó “Desarrollo Estabilizador”.
En estas etapas, nuestro país tuvo grandes avances en su economía, conociéndose dicho fenómeno como el del “Milagro Mexicano”.
En dichos años la intervención del Estado en la economía fue enorme. Entre el 80% y 90% de las actividades económicas del país tenían relación con inversiones del Estado. No obstante, los resultados de crecimiento económico inusitado que se logró en esta época, no hubo grandes incrementos en el estándar de vida de los mexicanos, aunque se amasaron enormes fortunas en las que los políticos no estuvieron ausentes.
En ese entonces, en el país se encontraba la mayoría de la población ubicada en la zona rurales en donde el campo no daba lo suficiente para una subsistencia digna. Hay quienes dicen que esas eran las épocas de las vacas gordas. Sin embargo, esta es una situación meramente retórica porque existían en el país enormes niveles de pobreza y una clase media muy pequeña. El problema es que para el crecimiento de las empresas el Estado tuvo que recurrir a políticas de sustitución de importaciones y a la protección de mercados y controles de precio, generando de una forma artificial ventajas de mercado para las empresas que se querían promover, creándose innumerables monopolios.
Cuando se liberalizó la economía, quedaron en la misma múltiples trabas de entrada para los nuevos negocios, creándose monopolios y múltiples prácticas monopólicas provenientes de la época anterior.
Los políticos se aliaron con muchos empresarios creándose nichos de mercado protegidos para sus propios intereses, perdiéndose por ello los niveles de competitividad del país, en comparación con los existentes en otros países en donde la competencia era abierta y se protegía la libre concurrencia de productos en el mercado tanto de importación y de exportación.
Todo ello acarreó que en México permanecieran los salarios muy bajos para poder ser competitivos en el mercado global en donde participan países con economías abiertas y con mercados con competencia pareja.
Toda esta descripción nos lleva a reflexionar qué tan sano es que el Estado intervenga en la economía. Mis reflexiones me han llevado a concluir que es necesario que el Estado sea un árbitro dentro del mundo económico, pero para mantener la libre concurrencia de la oferta y la demanda del mercado y dar “piso parejo” a los agentes económicos que compiten en el mercado, ello propicia nuevas inversiones y empleos mejor pagados.
Solamente el Estado debe intervenir haciendo directamente inversiones para casos excepcionales en donde, por las condiciones del mercado, los particulares no pueden realizarlas directamente.
Recientemente en México se ha metido a gente a la cárcel porque los políticos, coludidos con particulares, han realizado ventas de bienes públicos a valores inferiores a los de mercado. Sin embargo, el gobierno a veces ofrece a inversionistas mexicanos y extranjeros bienes sin costo alguno, con el afán de promover válidamente o de forma simulada actividades económicas de todo tipo, desde plantas armadoras automotrices hasta actividades deportivas promovidas por particulares.
La incógnita a despejarse en estos casos, es hasta donde el Estado debe invertir directamente y hasta dónde hay colusión de los políticos con los particulares para hacer negocio.