Justicia sin prisas y cambio

Diario de un reportero

Uno tiene que aceptar que la justicia se hace sin prisas cuando se hace bien. Y que casos como el de Javier N – a quien le atribuyen muchos delitos serios, inventados o ciertos – no se litigan ni en los medios ni en los comentarios de café o de redes sociales sino en tribunales abiertos al público.

Este asunto, que ocupa la atención de muchos desde octubre del año pasado, no se puede resolver en tres o cuatro semanas. Hay que desentrañar marañas, limpiar la mugre en todas partes, desmentir rumores mandados a hacer, y establecer si Javier N merece castigo.

(He dicho Javier N dos veces porque el detenido, que fue extraditado por Guatemala, pidió que se reservaran sus datos personales, y desde el lunes su nombre no debe aparecer en los medios para no violar su derecho a la presunción de inocencia. Allá quien desoiga la ley invocando un derecho sin obligaciones...).

La Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado tienen en sus manos un caso de cuyo resultado depende la estabilidad política del sistema. No exagero. Si por error, por inocencia, o por malicia, se presenta una acusación mal armada, Javier N volvería a la calle y los gobiernos federal y estatal (y especialmente la PGR y la FGE) quedarían en evidencia.

No es poca cosa en tiempos que han visto crecer la desconfianza en las instituciones. En Veracruz se votó por las promesas de castigo y de cambio, en ese orden. Hasta donde vamos están detenidos el personaje principal de la historia, Arturo N, Flavino N, Mauricio N, Francisco N y N N. Pero seis personas (cinco si tomamos en cuenta que Flavino N no está acusado de robar sino de prestar helicópteros publicos) no se llevaron todos esos cientos de miles de pesos que no aparecen. Eso es por lo que hace al castigo.

Si tiene pruebas, que denuncie

Como antes, el gobernador de Veracruz, declaró en discurso público que se va a investigar o se investiga a reporteros de la zona Veracruz-Boca del Río presuntamente implicados con organizaciones criminales.

Como antes, el acusador no ofreció pruebas ni dio elementos que confirmen lo que dijo. Y como antes, el funcionario se atribuyó funciones que no le corresponden, en todo caso, el Fiscal General del Estado.

Según el gobernador, "hay delincuentes que escudándose en credenciales de periodistas colaboran con la delincuencia organizada (dando información) ". Y ya. Hasta donde se sabe – porque en Veracruz no se aplica el principio de la secrecía en las investigaciones, o se aplica de manera selectiva – no hay ninguna investigación en curso, ni el funcionario ha presentado ninguna denuncia.

Pero el caso es que, como antes, hay periodistas amenazados. La cosa es seria no porque sean periodistas sino porque dos días después del anuncio del gobernador los reporteros recibieron la advertencia de que un alto mando de seguridad había ordenado que les plantaran armas y drogas para detenerlos y procesarlos como delincuentes.

Joaquín Rosas Garcés, director del portal alcalorpolitico.com, publicó una queja enérgica, porque cosas así pasaban en el sexenio anterior, cuando la pinche prensa era parte del enemigo de quienes ocupaban las instituciones, pero no tendrían por qué pasar ahora que hay otro gobierno.

La respuesta del gobernador fue cruel e impolítica: "Si tienen algún dato concreto de alguna persona o de alguna institución que sea amenazada (sic) con sembrar armas o drogas a un periodista, que vaya con la autoridad el señor de alcalorpolitico.com, Joaquín Rosas Garcés, y haga una denuncia formal como se debe presentar".

Y dijo más: "No porque lo dice una página de internet va a ser verdad. Sobre todo cuando no se da ningún elemento (...) Eso no es ni siquiera es una denuncia. No alcanza ni siquiera el nivel de denuncia pública. Se le denomina de otra manera que no quiero usar la palabra".

Por supuesto, los reporteros – que conservan un anonimato relativo – prefieren proteger la identidad de sus fuentes para no poner en riesgo sus trabajos o sus vidas. Y uno de los periodistas ya presentó una denuncia formal (que no se hizo pública aunque ya todo se hace público).

Pero no todos reaccionaron como las autoridades estatales. Por casualidad (aunque haya quien piense que en la política no hay casualidades), Ricardo Sepúlveda Iguíniz, director de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, estaba en Xalapa durante esos días, en un seminario de Derechos Humanos y Administración Pública a la Luz de los Principios Constitucionales.

Al terminar el encuentro, el doctor Sepúlveda Iguíniz declaró que algo falta en los hechos, porque "cuando existe un caso con sospecha de que un periodista está cometiendo un delito o que existe complicidad o participación directa en un crimen, se debe hacer una investigación ministerial". Eso no se ha hecho.

Y todavía no se sabe a cuánto asciende la deuda pública y privada de Veracruz.